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Los cortes de electricidad que vivió Ecuador en 2024 obligaron al Estado a buscar generación de emergencia para enfrentar una crisis que dejó a hogares y negocios durante varias horas al día sin energía. En ese escenario, la estatal Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec EP) suscribió contratos con empresas privadas para instalar nueva capacidad de generación en distintos puntos del país. Dos años después, esas contrataciones están bajo investigaciones administrativas, legislativas y penales.
Este 30 de agosto de 2026, la Asamblea Nacional informó sobre su fiscalización a esos contratos y defendió que el proceso se sustentó en documentos, comparecencias e informes técnicos de la Contraloría General del Estado. El Legislativo señaló que los expedientes serán trasladados a los organismos competentes para que continúen las investigaciones y, de corresponder, se determinen responsabilidades y la reparación al Estado.
Para entender la investigación hay que volver a 2024. Ecuador atravesaba una severa crisis de generación que derivó en extensos apagones. Frente a la necesidad de incorporar rápidamente electricidad al sistema, Celec EP recurrió a contrataciones de emergencia para instalar generación térmica.
Una de las empresas contratadas fue Progen Industries LLC. El 2 de agosto de 2024 se firmaron dos contratos para incorporar 150 megavatios: 100 MW mediante 29 unidades generadoras en El Salitral, Guayaquil, por 99,4 millones de dólares, y otros 50 MW en Quevedo, Los Ríos, por 49,7 millones. En conjunto, las contrataciones alcanzaron aproximadamente 149,1 millones de dólares.
La importancia del caso para la ciudadanía está precisamente allí: ese dinero público se destinó a una solución que debía ayudar al país a enfrentar los cortes de energía. Por eso, establecer cómo se adjudicaron los contratos, qué equipos se recibieron, qué pagos se realizaron y si la generación contratada cumplió su objetivo permite determinar qué ocurrió con recursos que debían atender una emergencia que golpeó directamente a familias, comercios e industrias.
#Boletin | La Asamblea Nacional ratifica su compromiso con una fiscalización técnica, transparente y documentada. #AsambleaEc2026 pic.twitter.com/gAiWN5DoEl
— Asamblea Nacional del Ecuador (@AsambleaEcuador) August 30, 2026
La Contraloría General del Estado realizó exámenes especiales sobre los proyectos de El Salitral y Quevedo. Según información presentada el 26 de agosto ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, se encontraron problemas desde la etapa previa a la contratación.
Entre los hallazgos constan solicitudes e informes que no habrían cumplido todos los requisitos, la invitación únicamente a Progen sin verificar la capacidad técnica indispensable y pagos efectuados sin comprobar previamente el estado de las unidades de generación contratadas. La Contraloría estableció responsabilidades administrativas y civiles e indicios de responsabilidad penal, que fueron remitidos a las autoridades competentes.
La fiscalización legislativa también abarca el contrato suscrito con Austral Technical Management (ATM) para generación térmica en Esmeraldas. El informe de la Comisión de Transparencia examinó así las contrataciones relacionadas con El Salitral, Quevedo y Esmeraldas.
El caso también llegó a la justicia penal. La Fiscalía General del Estado abrió el denominado caso Apagón por un supuesto delito de peculado relacionado con los contratos emergentes suscritos para las centrales de El Salitral y Quevedo.
La tesis fiscal apunta a un supuesto perjuicio económico al Estado superior a 104 millones de dólares. En mayo de 2026, la institución formuló cargos contra 21 personas y señaló que el expediente contenía más de 150 elementos de convicción.
Como publicó EL COMERCIO el 16 de mayo de 2026, los contratos con Progen quedaron bajo cuestionamiento después de que los equipos adquiridos para enfrentar la emergencia eléctrica no cumplieran, según la tesis de la Fiscalía, las especificaciones técnicas previstas ni entraran en funcionamiento para atender la crisis en los términos esperados.
El pronunciamiento de la Asamblea Nacional de este 30 de agosto no significa que el Legislativo determine responsabilidades penales. Su actuación corresponde al control político y la fiscalización, mientras que las posibles responsabilidades administrativas, civiles o penales deben establecerse dentro de las competencias de otras instituciones.
La Asamblea sostiene que su informe se construyó con expedientes certificados, comparecencias e información de los organismos de control y que el proceso permitió identificar actuaciones relacionadas con la calificación, adjudicación, firma y administración de los contratos.
El expediente pasa así a una nueva etapa. Mientras la Fiscalía mantiene abierta la investigación penal y la Contraloría tramita los resultados derivados de sus exámenes, la discusión ya no se limita a por qué fallaron las soluciones contratadas durante los apagones de 2024, sino también a determinar quiénes intervinieron en las decisiones, qué responsabilidades corresponden y cuánto dinero público puede recuperar el Estado.
Porque existen cuestionamientos sobre la contratación, los equipos recibidos, los pagos realizados y el cumplimiento de las soluciones de generación.
Los contratos se firmaron durante la emergencia eléctrica para incorporar rápidamente nueva generación. Dos años después, Contraloría, Asamblea Nacional y Fiscalía mantienen actuaciones dentro de sus respectivas competencias para determinar posibles responsabilidades.
Los dos contratos sumaron aproximadamente 149,1 millones de dólares para incorporar 150 MW.
El 2 de agosto de 2024 se contrataron 100 MW para El Salitral, en Guayaquil, por 99,4 millones de dólares, y otros 50 MW para Quevedo, en Los Ríos, por 49,7 millones.
Identificó problemas relacionados con requisitos previos, capacidad técnica y pagos realizados durante la ejecución contractual.
Entre los hallazgos constan la invitación únicamente a Progen sin verificar la capacidad técnica indispensable y pagos efectuados sin comprobar previamente el estado de las unidades contratadas. La Contraloría estableció responsabilidades administrativas y civiles e indicios de responsabilidad penal.
La Fiscalía investiga un supuesto perjuicio al Estado superior a 104 millones de dólares.
El denominado caso Apagón investiga un supuesto delito de peculado relacionado con los contratos de El Salitral y Quevedo. En mayo de 2026, la Fiscalía formuló cargos contra 21 personas y señaló que contaba con más de 150 elementos de convicción.
Los expedientes continuarán siendo analizados por las instituciones competentes para determinar posibles responsabilidades.
La Asamblea ejerce control político y fiscalización, pero no determina responsabilidades penales. La Fiscalía mantiene la investigación penal y la Contraloría tramita los resultados de sus exámenes, mientras también deberá establecerse qué recursos públicos podrían ser recuperados por el Estado.
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