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La madrugada del 20 de enero de 2026 la Policía levantó dos armas con una hora de diferencia. A las 00:30, en una vía pública del norte de Guayaquil, aprehendió dos pistolas semiautomáticas de fabricación industrial. El registro oficial las vincula a un delito contra la inviolabilidad de la vida.
A las 01:29, a 87 km de distancia, en una calle de Catarama, en el cantón Urdaneta de Los Ríos, encontró una escopeta artesanal de tiro a tiro. Estaba abandonada en la vía. Ese día el país registró 34 armas ilícitas. No se trató de un decomiso espectacular. Es justo el promedio diario de decomisos del 2026.
Las dos armas de esa madrugada resumen lo que muestran los datos del Estado. Ecuador no tiene un solo mercado ilegal de armas. Tiene dos, con armas distintas, geografías distintas y usuarios distintos.
Entre enero y agosto de 2026 la Policía Nacional registró 8 290 armas ilícitas, según la Dirección de Estadística y Economía de la Seguridad del Ministerio del Interior. Es la cifra más alta de toda la serie de registros, que arranca en 2017.
Son 34 armas por día. Un 13,5% más que en el mismo periodo de 2025 y un 158% más que en 2017.
La cifra merece una precisión. La base incluye 657 cartucheras, que son porta-cartuchos y no armas. Descontadas, quedan 7 633 armas propiamente dichas, que igual marcan récord.
Detrás del dato hay una consecuencia directa. En esos mismos ocho meses el país registró 5 708 homicidios intencionales y el 87,49% se cometió con un arma de fuego, según la base de la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestros, la Dinased. Entre las víctimas menores de 18 años la proporción sube a 91,2%: de los 432 niños y adolescentes asesinados, 394 murieron baleados. En la base de homicidios, 169 registros no consignan la edad de la víctima, por lo que el número de menores asesinados podría ser mayor.
Puesto de otro modo: el Estado levantó 1,45 armas ilícitas por cada persona asesinada en el país.
Durante siete años seguidos el revólver fue el arma más incautada del Ecuador. En 2024 dejó de serlo. Hoy la distancia es amplia: entre enero y agosto de 2026 la Policía levantó 2.996 pistolas frente a 1.939 revólveres.
El reemplazo no es cosmético. Un revólver dispara seis tiros y se recarga de a uno. Una pistola semiautomática dispara quince o más y se recarga cambiando el cargador. Las armas clasificadas como automáticas, además, pasaron de 53 a 589 en la misma ventana de ocho meses.
La base de homicidios confirma el giro desde el otro extremo de la cadena. De los 4.994 asesinatos cometidos con arma de fuego, 4.007 se cometieron con pistola: ocho de cada diez.
Y hay un contraste que mide el cambio de época. En los homicidios de este año el fusil alcanzó al revólver: 171 casos frente a 166. La diferencia es de cinco casos y la base aún puede variar, pero hace una década la comparación habría sido impensable. En 2017 la Policía incautó dieciséis fusiles en ocho meses.
La pistola que hoy domina las incautaciones no es casera. Salió de una fábrica, casi siempre fuera del Ecuador.
La base del Ministerio del Interior clasifica cada arma según cómo fue fabricada: artesanal o importada, esta última entendida como de manufactura industrial extranjera. El registro no dice cómo entró el arma al país: un arma de fábrica puede haber cruzado por una trocha igual que por una aduana, y el criterio técnico con que la Policía hace esa clasificación no es público.
Con esa salvedad, el cambio es nítido. Las pistolas de fabricación industrial que la Policía levantó pasaron de 392 en 2017 a 2.534 en 2026, seis veces y media más. Hoy el 85% de las pistolas incautadas son de ese tipo.
Ese es el mercado del crimen organizado. El informe ¿El paraíso perdido?, de la investigadora Carla Álvarez Velasco para la Global Initiative Against Transnational Organized Crime, lo describe así: las armas industriales modernas, de grueso calibre y alta potencia, “están en manos de los grandes actores criminales dedicados al narcotráfico o a la minería ilegal”.
¿Por dónde entran? El ministro de Defensa Nacional, Gian Carlo Loffredo, lo respondió a EL COMERCIO: “Las armas al país entran de diferentes maneras. Nosotros hemos incautado en alta mar armas que venían camino al Ecuador porque muchas veces el intercambio por droga, el pago se hace también en armamento. (…) Luego las encontramos en contenedores que ingresan al país también. Y por supuesto entran por la frontera porosa que tenemos al norte y al sur”.
El informe de GI-TOC documenta las mismas rutas: contrabando desde Colombia por Esmeraldas y Sucumbíos y por los ríos Aguarico y Napo, y desde Perú por Tumbes mediante el llamado tráfico hormiga, pequeñas cantidades transportadas por muchas personas.
La base lo confirma en un punto: en 2026 la Policía registró 49 armas incautadas en mar territorial, entre ellas cuatro fusiles, una ametralladora y una subametralladora.
Mientras el arma industrial domina la ciudad, otra crece más rápido y casi nadie la mira.
Las escopetas artesanales incautadas pasaron de 209 en 2017 a 1.243 en 2026: casi seis veces más, con un salto del 39% solo en el último año. Es el objeto que más rápido crece en toda la base. Y no son una rareza: el 52% de todo lo incautado en 2026 es de fabricación artesanal y, en escopetas, la proporción llega al 84%.
El usuario es otro. Según el informe de GI-TOC, las armas artesanales “han quedado relegadas para el uso de los asaltantes y delincuentes comunes”. Son armas baratas, difíciles de manipular y que fallan. Casi no aparecen en los homicidios: seis casos en ocho meses.
El detalle incómodo es legal. Ecuador prohibió la fabricación artesanal de armas de fuego en febrero de 2012 y suspendió todas las autorizaciones previamente otorgadas a los fabricantes, según consigna el instrumento técnico de política criminal de la Fiscalía General del Estado. El Decreto Ejecutivo 707, que en abril de 2023 liberalizó la importación y el porte, mantuvo esa prohibición. Catorce años después, la curva se multiplicó por seis.
El informe de GI-TOC explica por qué. Los talleres históricos cerraron, pero “los pequeños fabricantes han retomado sus antiguas labores gracias a la rentabilidad del negocio y a la falta de controles estatales”.
Los dos mercados ocupan mapas distintos del mismo país.
Guayas concentra 2.897 armas, casi el triple que cualquier otra provincia. Pero la provincia que se incendia es Los Ríos: subió 52,3% en un año, de 796 a 1.212 armas. En su interior, el cantón Urdaneta creció 278%, Buena Fe 97% y Ventanas 95%. Fuera de Los Ríos, Eloy Alfaro subió 159% y Yaguachi 154%.
El arma artesanal dibuja el mapa inverso. Donde más pesa no es en la costa urbana, sino en Sucumbíos, con el 82% de sus armas incautadas de fabricación artesanal, seguido de Bolívar con 78%, Orellana con 77%, Morona Santiago con 74% y Carchi con 71%. En Guayas la proporción baja al 43%.
Ese mapa coincide con la historia. El informe de GI-TOC sitúa la armería artesanal ecuatoriana en la Sierra central, “en las provincias de Bolívar y Chimborazo”, donde los talleres cerraron en 2012.
La distancia entre los dos países se mide también en los muertos. En Manabí, el 93,2% de los homicidios se comete con arma de fuego; en Los Ríos, el 92,4%; en Guayas, el 90%. En Pichincha, el 58,8%.
El salto más brusco de toda la serie está en el armamento de guerra. Los fusiles incautados pasaron de 16 en 2017 a 324 en 2026, veinte veces más. Sumando subametralladoras, ametralladoras y lanzagranadas, las armas de guerra llegan a 474 en ocho meses. Representan el 5,7% de todo lo incautado, frente al 1,9% de 2017. La base de 2026 registra además dos lanzagranadas.
Los fusiles usados para matar dibujan su propio mapa: Manabí encabeza con 41 homicidios cometidos con fusil, seguida de Guayas con 36, El Oro con 30 y Los Ríos con 21. Por cantón, Machala concentra 19.
El ministro de Defensa sostiene lo contrario. En entrevista con EL COMERCIO, Loffredo afirmó: “Ha habido una disminución en la cantidad de armamento tipo militar que encontramos cuando hacemos las incautaciones y las operaciones. Entonces, eso también nos da una métrica de que estamos afectando en su parte logística”.
Los registros del propio Estado muestran 414 armas de guerra en 2024, 431 en 2025 y 474 en 2026.
Loffredo ofrece una explicación alternativa para el alza, y vale examinarla.
Sobre las escopetas artesanales dijo a EL COMERCIO que el aumento “puede no necesariamente significar que se ha hecho más, puede significar que ha aumentado el trabajo y por eso hemos encontrado más escopetas”. Añadió que buena parte del armamento aparece “encaletado”, enterrado y a la espera, sin que se sepa cuánto tiempo lleva allí.
La objeción es razonable: una serie de incautaciones mide también esfuerzo policial, no solo cuántas armas circulan. Pero tiene dos límites.
El primero lo puso el propio ministro. Consultado por el porcentaje de armamento que encuentran encaletado, respondió que no sabría precisarlo.
El segundo está en los datos. Si el alza se explicara solo por más operativos, todas las categorías subirían parejo. No ocurre: las escopetas artesanales crecieron 39% en un año y los revólveres, 5%.
Sobre la fabricación clandestina, Loffredo fue categórico: “La verdad es que no hemos encontrado fábricas de estas armas artesanales”.
Hay una parte de esta historia que ya no se puede reconstruir, y es reciente.
Hasta 2024, la base de armas ilícitas publicaba el calibre de cada arma y el delito en cuyo marco fue incautada. En 2025 esas dos variables aparecen completas pero vacías: todos los registros dicen “no aplica”. En el archivo de 2026 las columnas ya no existen. Tampoco la de cantidad ni la de modalidad.
La pérdida no es menor. El calibre es la variable que permite rastrear el perfil técnico de un arma y compararlo con otros registros. El Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado, que funciona con apoyo de la Fundación Panamericana para el Desarrollo, construyó sobre esa variable su análisis del armamento que circula en el país. Con los datos que el Ministerio del Interior publica hoy, ese ejercicio ya no se puede repetir.
No es el único vacío. La Fiscalía advierte que en 2021 apenas el 26% de los permisos de porte estaba vigente y el 73% había caducado, y concluye que “esta falta de regulación impide conocer con precisión el destino final de las armas de aquellos usuarios cuyos permisos han vencido”.
EL COMERCIO consultó al Ministerio del Interior por la eliminación de esas variables. Hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.
El Gobierno mantiene suspendidas las nuevas importaciones de armas, una medida que recae sobre el mercado legal y que lleva meses sin fecha de término. Loffredo dijo a EL COMERCIO que están haciendo “mediciones” y que habrá una evaluación a fin de año, porque la medida “tiene impactos que pueden ser incómodos para ciertos sectores”.
Hay un tercer indicador que conviene mirar, y no apunta en línea recta. Las noticias del delito por tráfico ilícito de armas que recibió la Fiscalía entre enero y septiembre pasaron de 55 en 2015 a 250 en 2023 y se dispararon a 604 en 2024. Desde ahí bajaron: 489 en 2025 y 523 en 2026. Los casos penales por tráfico tocaron techo hace dos años mientras las incautaciones siguen subiendo. Una cosa es el arma que se levanta en la calle; otra, el caso que llega a la Fiscalía.
La excepción está en la capital. En Quito esas denuncias fueron 12 en 2024, cayeron a 5 en 2025 y subieron a 21 en 2026: el nivel más alto de la serie y casi el doble que hace dos años. En toda Pichincha pasaron de 6 a 24 en un año. La provincia con la menor proporción de homicidios con arma de fuego del país es donde más crecen los casos por tráfico.
Quedan dos preguntas abiertas que esta serie aborda en sus próximas entregas: qué tan estrictos son los controles del mercado legal de armas, que es el único circuito que el Estado puede vigilar de principio a fin, y quién fabrica las escopetas que el Estado prohibió hace catorce años y nunca encontró.
Entre enero y agosto de 2026 se registraron 8.290 armas ilícitas, el máximo de la serie que arranca en 2017. Descontadas las cartucheras, que son porta-cartuchos y no armas, quedan 7.633. El promedio es de 34 armas por día y supera en 13,5% al mismo periodo de 2025.
El 87,49% entre enero y agosto de 2026, según la base de la DINASED del Ministerio del Interior. Son 4.994 de los 5.708 homicidios intencionales del periodo. Entre las víctimas menores de 18 años la proporción sube al 91,2%: 394 de los 432 niños y adolescentes asesinados murieron baleados.
La pistola, con 2.996 unidades entre enero y agosto de 2026. Desplazó al revólver en 2024, tras siete años en que este encabezó la lista. También es el arma de los homicidios: ocho de cada diez asesinatos con arma de fuego se cometieron con pistola.
Por varias vías, según el ministro de Defensa y el informe de la Global Initiative: por mar, en intercambios de armas por droga; en contenedores que ingresan por los puertos; y por las fronteras norte y sur, desde Colombia por Esmeraldas y Sucumbíos y desde Perú por Tumbes. En 2026 se incautaron 49 armas en mar territorial.
Es un arma fabricada de forma clandestina, por lo general con tubos y conocimientos mínimos de metalurgia. Suele fallar y la usan sobre todo asaltantes y delincuentes comunes. En Ecuador su fabricación está prohibida desde febrero de 2012, pese a lo cual las escopetas artesanales incautadas se multiplicaron por casi seis desde 2017.
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