Los prefectos de la Mancomunidad del Norte lideraron una protesta el 10 de abril para exigir aprobación de una Ley. Foto: Archivo/ EL COMERCIO
Los alcaldes de Esmeraldas señalan que hace falta coordinación con la Prefectura para ejecutar obras de infraestructura y entablar mecanismos de planificación y ejecución. Esto es más evidente en el sector rural, en donde se asienta casi el 70% de la población.
De los siete municipios que existen en Esmeraldas, el movimiento oficialista Alianza País ganó las elecciones del 2014 en seis. La lista 35 desplazó como fuerza política al extinto Movimiento Popular Democrático (MPD) que tuvo el control de tres municipios en las elecciones del 2009.
El oficialismo ha captado la mayor cantidad de alcaldías en la zona de frontera. En Esmeraldas, Carchi, Imbabura y Sucumbíos ganó en 15 cantones, en el 2009. En las elecciones siguientes (2013) se alzó con la victoria en seis. Ese año cedieron espacios frente a Avanza, que ganó en 10 de los 25 municipios que integran estas cuatro provincias fronterizas.
El alcalde de San Lorenzo, Gustavo Samaniego (AP), señala directamente a la Prefectura y al Gobierno central de la falta de ejecución de obras. Uno de los factores para la desatención es que los pobladores son mirados electoralmente, señala el Burgomaestre.
La prefecta de Esmeraldas, Lucía Sosa, niega esa aseveración y enumeró la construcción de puentes y caminos por la provincia y cerca de San Lorenzo. Argumentó que la planificación para la ejecución de obras se hace con los alcaldes o sus delegados y con los integrantes de las juntas parroquiales. Pero advierte que durante el Gobierno del expresidente Rafael Correa no hubo ningún acercamiento. También resaltó que no ha existido una buena relación con los alcaldes porque “asumieron la posición de su máximo líder”.
Los problemas entre la Prefectura y el Gobierno se profundizaron en el 2012, cuando se dio paso a la consulta popular con la cual los habitantes de La Concordia decidieron pertenecer a Santo Domingo.
La falta de presupuesto también golpea la capacidad de ejecución. La Prefectura ha bajado de USD 38 millones que recibió en el 2015 a USD 30 millones. En San Lorenzo se limitó la capacidad de inversión: más del 74%, de USD 431 000 que reciben anualmente, se va en gasto corriente.
Otro de los cantones fronterizos que atraviesa problemas similares es Eloy Alfaro. El alcalde Francisco Castro (AP) atribuye la falta de gobernanza a la lejanía de su cantón con respecto a la capital de la provincia y del país.
Hay comunidades que están a 50 y 100 kilómetros de la ciudad y el acceso es limitado por las condiciones de las vías.
En el caso de Rioverde, hizo falta la concreción de los acuerdos con el Gobierno para coordinar la intervención de la zona, en donde se necesita reubicar a más de 200 familias. “La falta de acuerdos con las autoridades ha sido un factor que ha limitado el desarrollo del cantón”, explica Iván Castillo, vicealcalde del cantón.
La seguridad es un tema que preocupa a los dirigentes políticos, por ejemplo, en el 2014 fue asesinado el alcalde electo de Muisne, Walker Vera.
Además, el alcalde de Rioverde, Armando Peña, y un concejal han recibido llamadas de intimidación con amenazas de muerte, que se reportaron a la Policía. Una secretaria de ese Municipio fue secuestrada y asesinada en 2011.
Los prefectos de Esmeraldas, Carchi, Imbabura y Sucumbíos, que conforman la mancomunidad del norte, han visto en su unión una forma de presión hacia las autoridades.
Tras la protesta del pasado 10 de abril se atribuyen la aprobación de la Ley de Desarrollo Fronterizo. Y se prevé una reunión mañana miércoles 16 de mayo para saber cómo se financiará lo que fija la ley que dota de más recursos a los municipios y prefecturas.
