El 6 de abril se cerrará la instrucción que la Fiscalía General abrió por las supuestas irregularidades en la compra de 115 ambulancias en el Ministerio de Salud.
Antes de que se cumplan los 90 días que toma este proceso, el asambleísta de oposición y quien ha presentado denuncias en contra de la ministra de Salud, Caroline Chang, Leonardo Viteri, exigió que el caso sea llevado personalmente por el fiscal general del Estado, Washington Pesántez, y no por el subrogante, Alfredo Alvear.
El pronunciamiento del legislador se dio luego de que el sábado el presidente Rafael Correa respaldara a Pesántez. “Si no hay compromisos, que el Fiscal recoja las pruebas que hemos entregado y que se pronuncie en contra de los culpables por las irregularidades cometidas en las compras”.
El 6 de enero quien concurrió a la audiencia de formulación de cargos fue precisamente Alvear. Con base en el examen número DA -0026-2009 (DIRES-1159-2009) de la Contraloría, el funcionario estableció indicios de responsabilidad penal en contra de Chang y de siete personas.
En diálogo con este Diario, Alvear solo dijo que esperará a que se cumplan los 90 días para pronunciarse. Jorge Acosta, uno de los abogados de Chang, señaló ayer que remitieron a la Fiscalía documentos “que demuestran que no hubo perjuicio para el Estado” en la compra de vehículos.
“En este tiempo, peritos designados por las fiscalías provinciales realizaron inspecciones a las ambulancias”, señaló Acosta. Es decir, se verificó el estado técnico y mecánico de los automotores comprados a la empresa Euromedical en USD 3,9 millones.
Este Diario conoció que los resultados de estos peritajes se harán públicos cuando la Fiscalía lea el dictamen final, que puede ser acusatorio o abstentivo.
La Contraloría dijo en su informe remitido a la Fiscalía que el contratista cumplió con las especificaciones técnicas de los 115 vehículos, pero no con el equipamiento o ensamblaje, al cual calificó “de mala calidad”.
Hasta ayer, la ambulancia de la Maternidad Isidro Ayora operaba, por ejemplo, con una camilla y un pequeño tanque de oxígeno. Así se mantiene desde abril del 2008, cuando el presidente Rafael Correa entregó los automotores y se anunció que incluso tendrían monitores, desfibriladores, médicos y paramédicos.
El Director de la Maternidad, Humberto Navas, indicó que no han tenido problemas con los automotores y que “han sido de gran ayuda para los usuarios”.
No obstante, los asambleístas de Acuerdo por la Descentralización y la Equidad (ADE) consideran que debe iniciarse un juicio político contra Chang.
Alfredo Ortiz, portavoz de ADE, señaló que mañana en la tarde se reunirán con legisladores de Alianza País. “Vamos a escuchar qué pruebas tienen ellos contra el fiscal Washington Pesántez para el juicio político y nosotros expondremos las pruebas que tenemos contra la Ministra de Salud”, para hallar acuerdos.
Según Acosta, no se han cometido irregularidades. “Con las ambulancias se demostró que la concesionaria bajó un 10% al precio inicial de los automotores. Eso hizo que la empresa venda al Ministerio de Salud a menor precio”.
Ortiz reconoció que no han investigado este caso, sino la compra de camas para terapia intensiva. Sin dar mayores detalles aseguró que el posible juicio político se plantearía por la adquisición de “200 camas para terapia intensiva con un (supuesto) sobreprecio de hasta USD 4 000”.
Los problemas también se centran en la compra de 370 camas hospitalarias que Salud adquirió en junio del 2009, por la emergencia AH1N1. A través del contrato número 0000103, el Ministerio compró cada una en USD 820. Sin embargo, dos empresas que ofertan otras unidades con más servicios venden cada una en USD 700 o menos.
La Fiscalía solo inició una instrucción en el caso ambulancias. Acosta aseguró que de concretarse un juicio penal en contra de la Ministra de Salud se “verán las caras con quien se ponga como acusador en este proceso”. Para él, es irrelevante que el caso sea impulsado por Alvear o Pesántez. “Vaya quien vaya, no nos preocupa”.