22 de July de 2012 00:01

49 marinos demandaron al Estado

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Dicen que no tuvieron otra opción. Aseguran que su reclamo, que lleva más de cuatro años, no ha sido escuchado aún por sus superiores. A inicios de este mes, 49 infantes de Marina presentaron una demanda contra el Estado.

Los militares alegan que son víctimas de daño moral. La odisea legal que atraviesa el grupo de marinos empezó en noviembre del 2006, cuando estos fueron dados de baja de la Armada, luego de haber concluido con un contrato de prestación de servicios.

Esa promoción, la tercera y última de marineros contratados debía, según documentos de la Armada, prestar servicios ‘administrativos’ en los repartos navales.

Al terminar su contrato tenían la opción de incorporarse a la Armada con el rango de cabos, luego de aprobar un proceso de evaluación militar. Esa oferta, según los militares, no se cumplió.

“Cuando terminó nuestro contrato de tres años, simplemente nos dieron la baja, pese a que seguimos los cursos y a nuestra hoja de vida limpia”, dice el cabo segundo Silvio Gómez.

El marino, quien viste de civil, se reúne con sus compañeros en la oficina del abogado que promovió la demanda contra el Estado. Para él, los 18 meses que estuvo fuera de la Armada fueron los peores. “Tuve que vender mi carro, me endeudé. Nunca imaginé que me darían la baja”.

Junto a Gómez, y vestidos de camuflaje, están sus compañeros de armas Orlen de León y Édgar Manzano. Sobre la mesa descansan decenas de documentos, que son los que han presentado ante la Armada y las respuestas que esta institución les ha concedido.

Manzano se indigna al recordar el tiempo que permaneció alejado de su trabajo y las consecuencias que eso trajo. “Tuve que hacer de laqueador un tiempo, pero lo dejé por los gases que me afectaban y el sueldo que no me alcanzaba para nada”.

Los 51 ex marineros contratados interpusieron un recurso de amparo que fue aceptado por el extinto Tribunal Constitucional.

Según el fallo, la Dirección General de Personal de la Armada, “en forma arbitraria, elaboró una evaluación antojadiza de sus rendimientos académicos... aplicando criterios de selección que no constan en la Ley de Personal de las Fuerzas Armadas”.

Los marineros, entonces, fueron reintegrados en junio del 2008, como infantes de Marina con el rango de cabos.

El reingreso ordenado por la Justicia fue un triunfo agridulce para el grupo de marinos.

La Armada aceptó reincorporarlos, pero en una promoción inferior a la que los marinos aseguran les correspondía.

“Debían reintegrarnos en la promoción 60, pero lo hicieron en la 63. Eso nos ha perjudicado, porque recibimos un 12% menos del sueldo que perciben los de la promoción que nos corresponde”, dice De León.

Él fue quien presentó el recurso de amparo ante el ex Tribunal Constitucional, a nombre de sus compañeros.

“Esa baja en nuestra antigüedad nos crea un malestar personal, laboral y psicológico. El respeto dentro de las Fuerzas Armadas por milésimas, y ahora recibimos órdenes de quienes deberían ser nuestros subalternos”.

En medio del proceso para obtener su antigüedad, dos de los 51 infantes de Marina fallecieron.

Uno de ellos, el cabo Roberto Guillén, quien murió en enero del 2010 en un confuso incidente en la frontera norte.

La Comisión de Ascensos y Antigüedades de la Fuerza Naval argumentó, en un acta conocida por el Consejo del Personal de Tripulación en una sesión del pasado 9 de mayo, que lo resuelto por el ex Tribunal Constitucional no especifica la reincorporación en qué promoción.

En la mencionada acta, a la que tuvo acceso este Diario, la comisión expone entre sus observaciones que “durante el tiempo que estuvieron fuera de la institución sin derechos ni obligaciones militares, por haber sido dados de baja, (los ex marineros de seguridad) no tienen derecho a remuneración alguna”.

La comisión advierte que no tiene la facultad legal “para cambiar o modificar asuntos resueltos por consejos anteriores”. Y recomienda al Consejo del Personal de Tripulación esperar el pronunciamiento de los jueces del Tribunal de lo Contencioso Administrativo y de la Corte Constitucional para tomar las acciones pertinentes.

Este Diario buscó una versión del contraalmirante Sarzosa, director nacional de Recursos Humanos de la Armada a través del vocero institucional, José Toledo. Hasta ayer no hubo respuesta.

Gómez dice que habló personalmente con el presidente de la república, Rafael Correa, sobre su situación y la de sus compañeros. “El Presidente ordenó a su asesor Francisco Latorre que investigara esta situación”.

Latorre envió un oficio al entonces ministro de Defensa Javier Ponce, el pasado 15 de septiembre, solicitándole su intervención “con la debida celeridad” por ser un caso de “observancia de los Derechos Humanos”.

Joffre Campaña, abogado de los 49 militares, dice que la demanda contra el Estado responde a la negativa de la Armada de devolverles su antigüedad y no reconocerles el sueldo por los 18 meses que permanecieron con la baja.

“Todos estos perjuicios significan o constituyen un daño. La demanda es para que el daño les sea resarcido, en virtud de que hay una sentencia del ex Tribunal Constitucional”, explica.

Édgar Manzano menciona que aunque la Fuerza Naval les restituya su antigüedad y les cancele los valores por los meses que estuvieron fuera de la Armada, proseguirán con la demanda contra el Estado, por considerar injusto e ilegal el trato recibido.

“Hemos pasado por muchas dificultades, hemos sido discriminados y hemos sentido acoso laboral”, se lamenta.

Viuda  se siente discriminada

Estos dos últimos años no fueron fáciles para Candy Qurumbay. Su esposo, el cabo segundo del Ejército, Roberto Guillén, falleció el 19 de enero del 2010 en un incidente que la viuda cree pudo haberse evitado.

Guillén era parte de los 51 ex marineros de seguridad que fueron reincorporados a la Armada por orden judicial. Poco después de su reincorporación, el militar fue asignado a la frontera norte. “A mi esposo lo mandaron a trabajar sin protección en esa zona de frontera, por dos años”.

En su vivienda, en el Suburbio de Guayaquil, la viuda sostiene una bandera y un pergamino como reconocimiento a su esposo.

Tras la muerte del militar, le ofrecieron becas escolares para los dos hijos de la pareja en un plantel militar. La oferta se cumplió a medias.
“Me cumplieron solo un año, pero luego me notificaron que debía pagar la pensión, la matrícula y el transporte de mis niños”.

Guillén falleció por un golpe en la cabeza, mientras desmontaba una tarabita ilegalmente montada en un paso fronterizo con Colombia. Según el informe forense, su muerte se produjo por una hemorragia cerebral.

“Mi esposo murió en actos de servicio, y por eso mis hijos tienen derecho a las becas. Ahora no lo quieren reconocer”.

Dice que también espera que la Armada restituya la antigüedad a los compañeros de su esposo.

“Con la restitución de rango, subiría la pensión por viudez, porque a mí me pagan en base al último sueldo que recibió mi esposo”. La viuda anunció a través de su abogado que también presentará una demanda contra el Estado, aunque aún no precisa cuándo lo hará.


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