Con seguridad, todo el aparato burocrático que se creó a propósito de la Ley de Comunicación no dirá una sola palabra. Quizás la opinión pública en general ni siquiera habrá caído en cuenta.
Sin embargo, lo que acaba de ocurrir esta semana, en materia de información pública, amerita una reflexión de amplias proporciones. La Secretaría de Comunicación del Estado (Secom), por lo menos, debe una explicación a sus “mandantes” y disculpas a Teleamazonas.
El lunes por la noche se hicieron públicos los decretos ejecutivos mediante los cuales el Presidente regresó a la exembajadora Nathalie Cely a la Cartera de Producción y puso a Richard Espinosa al mando del Consejo del IESS.
Los relevos en el Seguro Social fueron el centro de la noticia que Teleamazonas difundió el pasado 19 de febrero. En su informativo del medio día señaló que Espinosa reemplazará a Víctor Hugo Villacrés en el IESS. Ese mismo día, la Secom emitió un descomedido boletín en el cual “desmentía de forma categórica” dicha información, acusando a ese canal “de presentar información falsa, alejada de la realidad y que contribuye a la desinformación ciudadana”.
Un mes después, las supuestas mentiras de Teleamazonas se cumplieron con una exactitud casi milimétrica. Espinosa reemplaza a Villacrés.
Un aparato estatal que se ha preocupado tanto de defender la honra de los políticos verdes, por encima de cualquier otro principio democrático y derecho humano, debiera explicar al país por qué le resulta tan fácil destruir el prestigio periodístico de los medios independientes.
Para muchos, el desmentido a Teleamazonas es una anécdota. Pero es una muestra palpable de cómo el aparato de propaganda gubernamental -que se financia con nuestros impuestos- ejerce su censura. Y lo hace con impunidad pues la ley de medios así lo permite.