El aporte de Rodrigo Tacla Durán, delator en el caso Odebrecht-Ecuador, ha sido un acta en la que consta un supuesto pago de un millón de dólares al exministro de Electricidad, Alecksey Mosquera (imagen). Foto: Archivo/EL COMERCIO
El operador financiero que colaboró con la trama de corrupción orquestada por la constructora brasileña Odebrecht solicitó no ser extraditado a Brasil a la justicia española.
El pasado jueves 11 de mayo se analizó en la Sección Segunda de la Sala Penal de la Audiencia Nacional los argumentos a favor o en contra del pedido de extradición de Rodrigo Tacla Durán solicitada por las autoridades brasileñas.
En los próximos días el tribunal emitirá un auto en el que decidirá si se accede o no a la extradición a Brasil, informó a EL COMERCIO la Audiencia Nacional.
Este abogado de 44 años con doble nacionalidad española-brasileña ha sido una pieza clave para desentrañar cómo se realizaba el pago de sobornos a políticos y funcionarios públicos en Ecuador y otros 11 países, entre 2001 y 2016.
Como operador financiero externo, Durán utilizaba sofisticados mecanismos de lavado de dinero, incluyendo el uso de al menos 12 cuentas bancarias a nombre de offshores abiertas el exterior. Estas empresas eran utilizadas por el área de Operaciones Estructuradas (departamento de coimas) de Odebrecht para pagar sobornos de decenas de millones de dólares, según la Procuraduría General de Brasil.
El pasado 18 de noviembre fue detenido por la Guardia Civil de España en un lujoso hotel de Madrid, tras la activación de una orden de búsqueda y captura de la Interpol.
El tribunal de Curitiba (Brasil), que lleva adelante la operación Lava Jato, ha imputado sobre él los supuestos delitos de blanqueo de capitales, cohecho y asociación criminal. En su detención se encontraron siete tarjetas de memoria con información clave.
El abogado ha permanecido en España cinco meses con libertad condicional y a la espera de que se de paso o no su extradición a Brasil. El sitio español Sinfiltros.com logró captar imágenes de Durán caminando por las calles de Madrid, específicamente, acudía al edificio de la Audiencia Nacional para certificar su libertad provisional.
El sitio español Sinfiltros.com logró captar imágenes de Durán caminando por las calles de Madrid. Foto: Captura
Las luces sobre el pago de coimas en Ecuador
El 13 de febrero pasado, Durán dio declaraciones en calidad de testigo sobre lo que conoce del caso ecuatoriano, como parte de las comisiones rogatorias que se ha enviado a Madrid. El abogado contestó ante la fiscal María Teresa Gálvez, que lleva el procedimiento, 18 preguntas.
El aporte de este delator ha sido un acta en la que consta un supuesto pago de un millón de dólares al exministro de Electricidad, Alecksey Mosquera, al que lo calificó como Persona Expuesta Políticamente (PEP).
El pago (un millón) se realizó a través de Klienfeld, una offshore utilizada por Odebrecht, para pagar coimas. Según el acta entregada por Durán, el tipo de operación que se describe es el típico que hacía la multinacional brasileña para entregar sobornos “en todos los países a través del BPA (Banca Privada d’Andorra)”.
Este banco cobraba sus comisiones por estas operaciones a través de su propia empresa BPA Services y también pagaba a los empleados del banco.
Desde la cuenta de Klienfeld se transfirió el dinero a Tokyo Traders, empresa de Marcelo Endara, empresario que está bajo arresto domiciliario. De esta cuenta se transfirió parte del dinero (USD 920 000) a la cuenta de Percy Trading, cuyo beneficiario es supuestamente el exministro Mosquera, también arrestado.
Según Tacla Durán, esta operación “podría ser del 2011”, porque en esa fecha Odebrecht operaba esa offshore. Después del 2012, añadió, utilizó la sociedad AEON, como intermediario para los pagos entre Kleinfeld y las sociedades de los PEP.
Otros dos colaboradores
El presidente Rafael Correa desestimó que el pago del millón de dólares haya sido por coimas para el proyecto Toachi Pilatón, el pasado 24 de abril. Los primeros datos sobre esa supuesta operación, sin embargo, aparecieron 20 días antes (el pasado 4 de abril). El juez y relator de la operación Lava Jato, Edson Fachin, realizó una petición para que dos exejecutivos de Odebrecht dieran su testimonio sobre supuestos hechos ilícitos en Ecuador.
En la confesión de Fabio Andreani Gandolfo y Fernando Fernandes Meias Bessa narran que estos hechos están relacionados con el proceso de licitación de la central hidroeléctrica, cuya financiación estaba a cargo del Ministerio de Energía.
Así también señalan que el presunto pago del millón de dólares fue para un representante de esta cartera de Estado y la transferencia se realizó por intermedio del área de operaciones estructuradas, que creó Odebrecht para las transferencias de soborno.
El exfiscal, Galo Chiriboga, desestimó estas revelaciones y señaló que hubo un “error de comunicación” sobre la supuesta relación entre el millón de dólares y el proyecto Toachi.
La concesión del Toachi Pilatón estuvo a cargo de Mosquera y el prefecto de Pichincha, Gustavo Baroja en 2007, pero la construcción arrancó en junio del 2011.
Gandolfo y Bessa salieron a la luz pública en 2008 cuando Correa ordenó su expulsión del país y la revocatoria de sus visas, luego de que el Gobierno considerara que no se cumplió con una reparación adecuada de la central San Francisco.
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Truenergy, otra firma nacional con nexos
La Fiscalía ha informado que el millón de dólares sirvió para comprar maquinaria en EE.UU. y China y vendida a la firma nacional Truenergy. Esta empresa se constituyó el 23 de octubre del 2009 y tenía como accionistas a Antonio M. y Santiago J. Este último fue Gerente de la Unidad de Proyectos Especiales de Vialidad de la Empresa Pública Metropólitana de Movilidad y Obras Públicas (EPMMOP), en la época del exalcalde de Quito, Augusto Barrera.
Durante su administración, a través de la EPMMOP, se manejó la contratación y ejecución del proyecto Ruta Viva, otra obra adjudicada a Odebrecht.
A partir del 10 de octubre del 2012 aparece como gerente de Truenergy: Alecksey Mosquera, pero actualmente esta firma creada para el comercio de combustibles, ya está en fase de disolución y liquidación, según registra la Súper de Compañías.
Pero durante su permanencia no registró un gran crecimiento. En el 2011 que supuestamente se realizó el pago de la coima, registra USD 616,36 de Impuesto a la Renta. Al parecer sus operaciones se extendieron hasta el 2014.
El pasado 23 de febrero, la Fiscalía de Ecuador pidió información a las autoridades del Principado de Andorra y está pendiente su respuesta al igual que el de las asistencias de Brasil y Suiza, para esclarecer este caso. Para fines de este mes, además, está previsto que se hagan públicos los documentos sobre el caso ecuatoriano, que han permanecido en secreto.
