Redacción Política
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Tres años -y no dos- sería el plazo para que las entidades públicas y privadas se integren al Sistema Nacional de Registros Públicos.
Esta es una de las ocho observaciones que el Ejecutivo hizo al proyecto de ley del Sistema Nacional de Registro de Datos, que preparó la Comisión de
Régimen Económico de la Asamblea.
El 25 de enero, los legisladores aprobaron el documento, que tiene 35 artículos. El eje de esta nueva legislación era crear un sistema público donde se recopile toda la información personal. Es decir, los datos que se encuentran en los registros civiles, de la propiedad, mercantil, societario, datos de conectividad electrónica, bancarios, de propiedad vehicular, de naves, patentes, de la propiedad, entre otros.
El proyecto fue cuestionado, porque la información sensible de las personas pudiera ser usada desde un organismo estatal.
Este nuevo ente será la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos, que es “entidad de derecho público, personería jurídica, autonomía administrativa, técnica, operativa, financiera y presupuestaria, adscrita al Ministerio de Telecomunicaciones”.
En el veto parcial, el Ejecutivo propone que sea el Ministerio de Telecomunicaciones el que defina las políticas para la organización del intercambio y la base de datos entre los organismos que poseen esa información. Para el nuevo sistema propone estándares normados con las políticas de la Cartera de Estado.
Por ejemplo, se sugiere que los registros sean dependencias públicas desconcentradas con autonomía registral y administrativa en los términos de esta Ley, y sujetas al control, auditoría y vigilancia de la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos.
Para acceder a esta información, que puede ser pública, regirá el reglamento que expedirá la entidad. Además, se propone que la dependencia dicte las normas técnicas y atribuciones para la integración del sistema.
Otra de las quejas que se presentó a la Ley es que no incluía temas técnicos. Entre ellos, de protección en la Internet para que se minimice la posibilidad de un ataque de ‘hackers’ o la colocación los servidores -donde se almacene la información- que deberían estar distribuidos en diferentes lugares del país para que no sean vulnerables.
El veto tampoco trae cambios sobre este tema. En el texto de la Presidencia se señala que el nuevo organismo deberá ejecutar “un control cruzado” que enlace al sistema de interconexión entre los registros públicos y privados.
Al tratar sobre el financiamiento de la Dirección Nacional de Datos, se planteó hacerlo con presupuesto del Estado.
Ayer, los asambleístas de la oposición insistieron en los cuestionamientos al proyecto legal. El 30 de octubre, cuando se iba a discutir la norma por primera ocasión, los integrantes de minoría en la Comisión de Desarrollo Económico entregaron un informe con sus críticas .
Patricio Quevedo, legislador de Sociedad Patriótica y miembro de esa comisión, sostuvo que la creación de esta Dirección es atentatoria contra el derecho a la privacidad de las personas.
“Se discrepó con este proyecto de Ley porque no es simplemente una base de datos. Lo que se pretende es perseguir a los ciudadanos”. Según Quevedo, hay entidades que ya hacen ese trabajo y que un nuevo ente es innecesario. “La instalación del sistema informático y de la base de datos tendrá un costo adicional”, que según Quevedo no consta en el proyecto.
Otros asambleístas que formaron parte de la Comisión, como Irina Cabezas, de Alianza País, explicaron que se revisará la documentación que les llegó ayer de la Presidencia y que en los próximos días habrá un pronunciamiento.
Los legisladores tendrán 30 días para debatir el texto. Para que los asambleístas insistan en su propuesta inicial deberán contar con 82 votos. En enero, el proyecto fue aprobado por 71 asambleístas, 30 se opusieron y el resto se abstuvo o no fue a la sesión.