28 de junio de 2019 00:00

Siete propuestas para cambiar la Constitución se analizan en la Asamblea

Héctor Muñoz (Suma) propone cambiar las funciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.

Héctor Muñoz (Suma) propone cambiar las funciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Foto: Julio Estrella / EL COMERCIO

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Roger Velez
Redactor (I)

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Por lo menos siete propuestas para modificar la Constitución están en análisis del Parlamento, en cuyo Pleno se retomó el pasado jueves 27 de junio de 2019 el debate, sin que los asambleístas llegaran a un acuerdo sobre la ruta a seguir.

Una de las iniciativas proviene del asambleísta Héctor Muñoz, de Suma, quien plantea una reforma parcial para limitar las atribuciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs).

De ese modo, las competencias para designar autoridades de los organismos de control como la Contraloría, Fiscalía General del Estado o Superintendencias regresaría al Parlamento.

Mientras, el Consejo conservaría otras como investigar denuncias sobre actos u omisiones que afecten a la participación ciudadana o generen corrupción.

Pero Wilma Andrade, de la Izquierda Democrática (ID), considera que la vía para ese propósito debe ser otra: una enmienda constitucional.

Ambos procedimientos están contemplados en los artículos 441 y 442 de la Carta Política, que fue aprobada en Montecristi, Manabí, y que está vigente desde 2008.

En el caso de una enmienda -precisa la Constitución- puede darse “por iniciativa de un número no inferior a la tercera parte de los miembros de la Asamblea Nacional”. Es decir, de 46 legisladores, bajo la condición, entre otras, que no afecte el carácter y elementos constitutivos del Estado.

“El proyecto se tramitará en dos debates; el segundo debate se realizará de modo impostergable en los 30 días siguientes al año de realizado el primero”, añade. Para su aprobación se requiere del respaldo de las dos terceras partes de los miembros de la Asamblea.

Además de Andrade, por ese camino apuestan Elizabeth Cabezas (AP), extitular de la Asamblea; Jeannine Cruz, de Creo, y los proyectos de Jorge Yunda y Esteban Bernal, quienes renunciaron a sus curules el año pasado para participar de los comicios seccionales del 24 de marzo.

Cruz plantea cambios a la distribución de recursos para los gobiernos autónomos descentralizados como las prefecturas y municipios. Yunda, en cambio, propuso reducir el número de legisladores; y Bernal, nuevos mecanismos para luchar contra la corrupción.

Para promover una reforma parcial, en cambio, la Asamblea Nacional debe arrancar por aprobar una resolución con la mayoría absoluta de sus integrantes (70 votos).

Posteriormente, el tema requiere no únicamente de dos debates en el Pleno, sino que el proyecto de reforma aprobado sea sometido a un referéndum.

Por esa vía, además de Muñoz, apuestan Mae Montaño (exCreo), en relación al financiamiento de los partidos políticos y a los requisitos que deben reunir para conservar su personería jurídica, y su excoideario Fabricio Villamar.

Ayer ante el Pleno, Villamar pidió incluir otros temas al debate como el voto obligatorio, el número de legisladores o conferir mayor autonomía al Banco Central del Ecuador.

En tanto que el presidente del Parlamento, César Litardo (AP), decidió convocar a una reunión de los proponentes y de los jefes de bancada para la próxima semana con el propósito de definir una propuesta y entregarla al Pleno.

A su criterio, se debe conformar una Comisión Ocasional de cinco integrantes para que en 30 días defina la hoja de ruta a seguir.

El asambleísta Muñoz sugirió, previamente, enviar el proyecto de enmienda o reforma constitucional a la Corte Constitucional para que indique cuál de los procedimientos previstos en la Constitución corresponde.

Al calor del debate, el legislador Héctor Yépez, de Creo, propuso impulsar también una consulta popular sobre el matrimonio igualitario que fue aprobado por la Corte Constitucional el 12 de junio pasado.

Aun así, su coideario Fernando Callejas replicó que las resoluciones del tribunal deben ser respetadas. “Tenemos que defender a la Corte”, dijo.
Desde el grupo correísta, Marcela Aguiñaga enfatizó que “no se puede por consulta popular, consultar un derecho que les corresponde a las minorías para los que decidan las mayorías”.

Al cabo de dos horas de debate, la sesión fue suspendida y Litardo advirtió que discutir los cambios constitucionales tomará varias reuniones.

Por su lado, la Comisión de Fiscalización se reunió para empezar con el trámite de la solicitud de juicio político en contra de la exministra de Salud Verónica Espinosa, a quien Mae Montaño acusa de haber incumplido con las funciones.

Espinosa renunció el lunes anterior a esta Cartera de Estado, pero la Ley le faculta a la Asamblea a continuar con el proceso de control político hasta un año después de su salida del cargo.

Se trata del primer proceso de este tipo en la administración de Litardo, quien asumió como Presidente el 14 de mayo pasado con 78 votos de una coalición compuesta entre asambleístas de Alianza País, Creo y dos facciones de legisladores independientes.

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