Hay en la vida privada como en la colectiva cuestiones que no se resuelven consultando a todos. Cambiar los límites de la división político-administrativa, como parroquias y cantones, es algo que los Estados no hacen, salvo excepción.
Podrían constituirse nuevos cantones o provincias si cumplen ciertos criterios, pero en el respeto de límites ya constituidos, no rediseñando límites que puedan cambiar los de otras circunscripciones.
Transferir una circunscripción menor a otra mayor, a la cual no pertenecía, es otra cosa. La parroquia del cantón A transferida a la del B, por ejemplo, es algo que los Estados se prohíben hacer.
El Ecuador, penosamente, experimenta estas razones con La Concordia. No solo que desatan tensiones y conflictos que pueden resultar violentos, que siembran odios y rechazos entre vecinos, cuando la convivencia y complementariedad entre los próximos es una de las condiciones para un desarrollo mínimo que garantice bienestar. La enemistad de los vecinos simplemente incrementa los obstáculos.
Si por desgracia se llega a realizar el referéndum en La Concordia, ¿con qué derecho se frenaría mañana a los habitantes de tantas zonas en conflicto a hacer lo mismo?
El precedente es negativo. Un cantón exitoso o una provincia próspera muy bien podrían atraer a las parroquias y cantones vecinos, ¿por qué negarles a ellos otro referéndum?
El Ecuador está resolviendo un problema histórico de la herencia colonial al reconocer los derechos colectivos de los pueblos indígenas.
Con sabiduría, en la Constitución hemos optado por no topar límites ni rediseñar nuevas divisiones político-administrativas, sino por transformar las existentes en estas circunscripciones multiculturales. Pero bien puede haber personas que consideren que más vale cambiar los límites de una circunscripción menor a una mayor, aludiendo cuestiones étnicas o del pasado.
¿Por qué no dejar que un referéndum lo decida? Entraríamos en conflictos que suscitarían pertenencias primarias, como la étnica, y en las que se pierde el sentido común.
Así, no todo es posible resolver con prácticas democráticas de consultar al pueblo. La responsabilidad de los mandatarios es enfrentar los problemas y saber resolverlos, aunque ello no les dé popularidad ni reconocimiento.
La sola idea de realizar el referéndum es conflictiva, peor realizarlo. El precedente será de consecuencias enmarañadas, mucho más si en ocho años ya deben existir las regiones y puede ocurrir que la mitad de una provincia quiera estar en tal región y no en otra.
¿Para qué más conflictos que nos desvían de nuestros problemas fundamentales?
Columnista invitado