9 de septiembre de 2020 13:51

La posible reestructuración de la Comisión de Fiscalización genera controversia en la Asamblea

La presidenta de la Comisión de Fiscalización, Johanna Cedeño, calificó como “improcedente e ilegal” una posible reestructuración de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea. Foto: archivo / EL COMERCIO

La presidenta de la Comisión de Fiscalización, Johanna Cedeño, calificó como “improcedente e ilegal” una posible reestructuración de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea. Foto: archivo / EL COMERCIO

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Roger Velez
Redactor
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Como “improcedente e ilegal”. Así calificó la presidenta de la Comisión de Fiscalización, Johanna Cedeño (exAP), a la posible reestructuración de esta mesa parlamentaria que se debatirá la tarde de este martes 9 de septiembre del 2020, en el Pleno de la Asamblea.

“No existe ni en la Constitución, ni en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, ni en ningún reglamento un mecanismo para reestructurar una comisión antes del tiempo para el cual determina la ley”, argumentó.

La postura coincide con la del presidente de la Asamblea, César Litardo (AP), y los coordinadores del bloque de Creo, Luis Pachala, y del Bloque de Integración Nacional (BIN), Eddy Peñafiel, quienes concuerdan en que no hay una base legal para la reestructuración.


Litardo señaló en su momento que las normas establecen que las comisiones
solo se pueden conformar al inicio y en la mitad del periodo de la Legislatura, pero se vio forzado a llevar el tema a debate en el Pleno, tras una resolución aprobada hace dos semanas con 123 votos.

Como una salida, desde el bloque de la Revolución Ciudadana, Marcela Aguiñaga, dice que el Pleno deberá analizar una “argumentación bien hecha” para que, por única vez, se ejecute este procedimiento.

“No hay base legal para llevar adelante la reestructuración, pero la voluntad política, dados los hechos vergonzosos, deplorables, de los miembros de la Comisión de Fiscalización, que están acusados, unos de delitos contra la administración pública, otros que están investigados por diezmeros, es evidente que esa comisión no tiene legitimidad para llevar adelante solicitudes de juicio político”, añadió.

Fernando Flores, asambleísta de Creo, propone que la nueva comisión sea conformada con dos asambleístas de su bloque, dos de Alianza País (AP), dos del Partido Social Cristiano (PSC), dos de la Revolución Ciudadana, uno del BIN, uno del BADI y uno en representación de asambleístas independientes.

“Los legisladores hemos perdido la confianza en los integrantes de esa Comisión”, adujo Flores, en referencia a los procesos judiciales por delincuencia organizada que enfrentan el vicepresidente de esta instancia, Eliseo Azuero (BADI), y Daniel Mendoza (excoordinador de AP-aliados), otro de sus integrantes, quienes renunciaron. Y también Karina Arteaga (AP), a quien la Corte prevé formular cargos por supuesta concusión. Otros cinco legisladores fueron aludidos por supuestos repartos.

Flores insistió en que el Pleno es la máxima autoridad para la toma de decisiones, a través de resoluciones o acuerdos, como se lo hizo hace dos años cuando fue destituido José Serrano (AP) de la Presidencia de esta Función en medio de una controversia con el exfiscal Carlos Baca.

“Las decisiones que se toman son políticas y yo creo que para poder levantar un poco la credibilidad de la Asamblea es menester que se cambie esta Comisión de Fiscalización”, manifestó.

El coordinador del bloque del Partido Social Cristiano (PSC), César Rohón, confía en que existan los 70 votos para la resolución y apuntó que para la nueva Comisión deben quedar fuera aquellos asambleístas con investigaciones pendientes en la justicia.

“Esta será una decisión de cada uno de los asambleístas que tendrán que darle cuentas al país”, expresó Rohón, tras subrayar que se trata de la Comisión más importante de la Asamblea, ya que su función es fiscalizar al resto de funciones del Estado.

Sin embargo, la asambleísta Cedeño insistió en que “la Asamblea, siendo la institución que elabora las leyes, tiene que ser la primera que cumpla la ley” y advirtió sobre posibles consecuencias.

“Cualquier decisión que se tome mañana podría estar totalmente desapegada a la ley y podrían seguirse acciones, inclusive demandas de inconstitucionalidad, y las decisiones de esta nueva comisión reestructurada, si es que finalmente se llegase a la reestructuración podrían
carecer de validez jurídica”, añadió.

Cedeño apuntó que, en algunos casos, se trata de denuncias infundadas contra los integrantes de la Comisión. “Si por último fuera que todos los asambleístas que tienen una denuncia deberían salir de cualquier comisión, entonces nos quedamos sin Asamblea, porque no deberían ser reestructuradas todas las comisiones”, anotó.

A la Comisión le corresponde sustanciar los pedidos de juicios políticos como los que ayer (8 de septiembre) fueron calificados por el CAL en contra de la ministra de Gobierno, María Paula Romo, y el presidente del Consejo de Participación, Christian Cruz, por supuesto incumplimiento de funciones.

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