Es doctor en Jurisprudencia graduado de la Universidad Católica. Tiene estudos de Criminología en la Universidad de Salamanca. Es miembro de la Comisión de Régimen Económico que debatió lel proyecto de Ley de Redistribución de la Riqueza. Foto: Eduardo Terán/ EL COMERCIO
¿Cuánto dimensiona el debate desde que usted propuso la figura de la inhibición para no seguir tratando ley a las herencias?
Hay que diferenciar lo que exige el procedimiento parlamentario respecto de un proyecto de ley retirado por el Presidente del problema político nacional, generado al presentarlo.
La primera es de praxis: presentación de la ley, retiro, la necesidad de ingresarla nuevamente. Pero en una dimensión nacional, el problema sigue vibrando en la política. Una de las consecuencias menores (el retiro temporal), tenía que encontrar una solución parlamentaria y jurídica.
¿Cuál era la parlamentaria?
El Presidente presenta el retiro temporal de este proyecto que ya había sido calificado por el Consejo de Administración Legislativa (CAL) y que había pasado por debates conceptuales e ideológicos duros en la Comisión. Solo nos quedaba revisar el texto con los que el bloque de AP iba a pedir permiso para que se pueda mover básicamente los porcentajes de la primera tabla, y la segunda la quitaron ad referéndum (para que sea aprobado por un superior).
A esa altura del trámite legislativo, ¿podía retirarlos?
Hay antecedentes en el país. El artículo 226 de la Constitución dice que las instituciones del Estado ejercerán las competencias que le son atribuidas. El Presidente tiene competencia para presentar una ley y retirarla aunque no esté escrito. Hay que aplicar los principios jurídicos del derecho. En el artículo 76 dice que las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas. Algo teníamos que decir. De lo contrario violábamos la Constitución.
¿Qué principios jurídicos?
El argumento ‘a fortiori’, que tiene dos formulaciones: quien puede lo más, puede lo menos; quien no puede lo menos, no puede lo más. En el primer caso, si puedo presentar, puedo retirar. En el segundo, si veo un letrero que dice que no se permiten perros, no puedo entrar con un oso. Aunque expresamente no esté prohibido, hay que aplicar la razón.
¿En derecho público lo que no está escrito no aplica?
Es un argumento que no define con claridad lo que es el principio de legalidad. En toda democracia, el principio de legalidad conlleva la norma más los principios universales de derecho. Bien entendidos no se aplica más que en el silencio de la ley.
Pero el artículo 140 dice que la Asamblea puede aprobar, modificar o negar…
Siempre y cuando el Presidente no retire el proyecto.
Muchos piensan que la ley sigue pululando por ahí aunque esté retirada…
No podíamos insistir en el proyecto porque fue retirado. Pero como se había retirado luego de haber debatido ¿qué íbamos a hacer, vernos la cara? ¿Ver la comunicación del Presidente como un carbón prendido? Alguna cosita hemos de decir para bien o para mal porque la Constitución nos obliga.
Sorprendió que vinieran de usted los argumentos para el oficialismo…
Si después de 10 años algún Presidente quiere retirar un proyecto y se busca lo que hizo la Comisión en el 2015, lo menos que se puede esperar es que algo haya reflexionado sobre esto. Si no, éramos una manga de idiotas mirando un carbón prendido. Yo no inventé el razonamiento; está en los libros de derecho. Cualquier abogado medianamente competente lo sabe. Yo no podía ser cómplice de un silencio que me habría reputado de idiota.
¿Y qué hizo?
Propuse la motivación que tiene lógica y sustento. Alguien tenía que hacer algo por la institucionalidad de la Asamblea. Yo soy un político que ha venido peleando durante años por la institucionalidad del país. No puedo quedarme callado bajo el argumento egoísta de complicarlos porque me caen mal.
¿Qué le motivó en la dimensión política?
Me interesa la tranquilidad del país, que los ecuatorianos entendamos que hay momentos en que el Ecuador debe estar por encima de nuestras apetencias. Si esto no encontraba solución quedaba el peligro del carbón prendido. Tomé una decisión que me significó que mi equipo no me hablara todo un día. Uno representa al país. AP nos puede caer mal. Tenemos profundos cuestionamientos, pero hay momentos en que se debe pensar más en el país que en las animadversiones que pueden generar.
Pero a pesar del retiro, se sigue promocionando la ley…
Salimos a la certeza del Derecho a las percepciones políticas. El Derecho Sucesorio es una de las materias más complejas de aprender y enseñar en la Universidad. Si no se puede explicar la complejidad de una herencia en un semestre a personas que vienen estudiando esto desde hace años, ¿cómo pretende el Gobierno explicar en una propaganda de 25 segundos y enredos matemáticos?
Solo en lo fatuo a lo que puede llegar (Fernando) Alvarado de creerse el mago de la comunicación política, así como el Presidente se cree un mago de la economía porque leyó un libro, perdieron de vista lo obvio. Es irracional que, si se retira un proyecto porque el país está incendiado, la propaganda se mantenga.
Pero la propaganda sigue
La racionalidad habría dicho que retire esa propaganda, pero si se comprometió esa propaganda y pautó y de lo que se trata es de mantener la pauta, se maneja la información de manera corrupta, que no es solo robar plata, sino negarse a aceptar la racionalidad de las cosas porque hay un interés de por medio.
