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Este lunes 23 de febrero de 2026, un Concejal de Quito presentó una nueva demanda de inconstitucionalidad contra el cobro de la tasa de recolección de basura en la planilla de agua potable. Con esta acción, ya suman tres recursos ante la Corte Constitucional por este tema.
El concejal Wilson Merino informó que solicitó a la Corte Constitucional que trate el caso con prioridad. Argumentó que su acción se sustenta en el sentido de retroactividad, amparado en los artículos 95 y 96 del Código de Garantías Jurisdiccionales.
“Nadie está en contra de la tasa. Estamos en contra del método de cálculo que tiene serios vicios de inconstitucionalidad e ilegalidad”, afirmó.
Merino señaló que existió un error al incorporar costos variables asociados al consumo de agua dentro de la fórmula. Sostuvo que una tasa debe responder a costos fijos, como el barrido electrónico y la disposición final de residuos. “Uno paga en función de un servicio que tiene que ser medible y cuantificable”, dijo.
También cuestionó el monto que se intenta recaudar. Indicó que, según información preliminar dentro de un proceso de fiscalización, se intentaría obtener cerca de dos millones de dólares adicionales a los seis millones mensuales que, según expresó, se requerían para cubrir el servicio.
El concejal pidió que comparezca el gerente de la empresa encargada del servicio ante el Concejo Metropolitano. Además, aseguró que el Alcalde bloqueó la posibilidad de fiscalización dentro del pleno.
La tasa de recolección de basura se cobra en la planilla de agua desde febrero de 2026. Antes constaba en la factura eléctrica. Tras el primer cobro, varios ciudadanos reportaron valores más altos e incluso duplicados.
Carlita Rocío Chanalata, vecina del barrio El Trigal, participó en un plantón el 18 de febrero junto a otros moradores. “El mes pasado ya pagué 10 dólares más y esta vez es 15 dólares más que tengo que cancelar”, relató. Señaló que antes cancelaba alrededor de cuatro dólares cuando el rubro estaba en la planilla de luz y ahora el valor se duplicó.
El 22 de febrero de 2026, el concejal Michael Aulestia también anunció una demanda de inconstitucionalidad contra la ordenanza. Indicó que el 9 de febrero solicitó la suspensión inmediata del cobro hasta revisar el cálculo aplicado.
Según Aulestia, el alcalde Pabel Muñoz respondió que no suspenderá el cobro. Frente a ello, presentó una acción constitucional.
Antes, el 13 de febrero de 2026, Byron Valdiviezo interpuso otra acción pública de inconstitucionalidad y solicitó el acompañamiento de la Defensoría del Pueblo como amicus curiae.
El cambio en el sistema de recaudación trasladó el cobro desde la planilla eléctrica a la de la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento.
La nueva metodología fija una tarifa progresiva basada en el consumo de agua potable. Según el Municipio, existe una correlación técnica entre mayor consumo de agua y mayor generación de residuos sólidos.
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