No solo quienes se movilizan en vehículos tienen derecho en Quito. También lo tienen los peatones y los ciclistas. Esto, que parece obvio, es lo que tuvo que establecer una sentencia de primera instancia respecto de una acción de protección impulsada por dos ciudadanos, en la capital ecuatoriana.
La medida responde a lo que Wilmer Veintimillla y Cecilia Herrera consideran una vulneración de lo que se establece en el artículo 31 de la Constitución. Allí se establece que las personas tienen derecho al disfrute pleno de la ciudad y de sus espacios públicos, bajo los principios de sustentabilidad, justicia social, respeto a las diferentes culturas urbanas y equilibrio entre lo urbano y lo rural.
El mismo artículo señala que el ejercicio de ese derecho se basa “en la gestión democrática de ésta, en la función social y ambiental de la propiedad y de la ciudad, y en el ejercicio pleno de la ciudadanía”.
¿Por qué ha sido vulnerado? Herrera, en su intervención en la audiencia, dice que los ciclistas son parte de un espacio no vial alternativo en una ciudad que está construida para los autos. Eso implica que constantemente tengan que disputarse el espacio con otros actores como los mismos peatones, además de los vehículos privados.
El exjuez constitucional Ramiro Ávila también actuó en esa audiencia. Planteó que el derecho a la ciudad fue vulnerado. Ese derecho- dice- implica una distribución espacial justa y requiere de los recursos necesarios para la vida.
Eso no se cumple cuando no hay vías exclusivas para ciclistas. Y, en el caso de las que existen, no cuentan con la suficiente seguridad. En ese sentido, Ávila planteó que también se vulnera el derecho a transitar por vía seguras. Añadió que la misma Constitución establece que los Municipios deben construir ciclovías.
La secretaria de Movilidad, Gisel Paredes, dice que en Quito hay 132 kilómetros de ciclovías. Sin embargo, dentro de ese número se incluyen aquellas que son recreativas y se ubican, por ejemplo, al interior de los parques.
Además, no todo ese circuito está conectado. Señala que, aunque hay ciclovías que están interconectadas, existen otros tramos que están aislados.
La decisión sobre derechos de peatones y ciclistas
La sentencia no solo tiene que ver con entidades del Municipio de Quito. También se incluyen a la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) y a la misma Presidencia. En la decisión de primera instancia se marca un `precedente: el derecho a la ciudad fue vulnerado por esas entidades.
En el documento se lee, entre otras cosas, que los ciudadanos y entre ellos los ciclistas, tienen derecho a una vía separada de los medios de transporte motorizado. “No existe planificación urbana”, señala la decisión en el apartado sobre si hubo o no omisiones por parte de las autoridades.
En el caso del Municipio, según la Secretaría de Movilidad, hay seis meses para cumplir con la sentencia. El Cabildo está obligado a construir las ciclovías ya planificadas, emprender un censo y registro de ciclistas y bicicletas, además de la publicación sobre el presupuesto para movilidad, la infraestructura, la gestión y los siniestros de tránsito.
El mandato también incluye el que se ejecute el Plan Integral de Movilidad en bicicleta y caminata; así como también establecer incentivos para el uso de la bicicleta y caminata.
El Municipio empezará por la habilitación de ciclovías. En el 2023 se construirán 23 kilómetros más en diferentes puntos de la ciudad. Paredes menciona que es posible que se sumen 30 kilómetros más hasta finalizar el próximo año.
Sin embargo, hay que tomar en cuenta que la actual administración municipal, con Santiago Guarderas a la cabeza, termina su periodo en mayo del 2023. Según Paredes, los circuitos de las rutas estarán conectados con las nuevas paradas del Metro de Quito.
La Epmmop se pronunció por la sentencia
En 2020, el Municipio se propuso construir 67,5 kilómetros de ciclovías. La Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (Epmmop) insiste en que en Quito hay 133,58 kilómetros de rutas exclusivas para ciclistas, incluidas las recreativas. Y, desde el 2020, se han habilitado, tan solo, 16 kilómetros.
La entidad señala que, entre las acciones que ha tomado para la movilidad en bicicleta están el mantenimiento de las rutas, señalización y la reposición de 241 señales verticales, 700 bolardos abatibles y la limpieza de 315 placas de señales verticales.
La Epmmop dijo a EL COMERCIO que, sí cuenta con los recursos para la implementación de nuevos tramos de ciclovía, “mismos que deben ser diseñados y enviados por la Secretaría de Movilidad, al ser el ente rector y planificador en la ciudad”.
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