
Este lunes 15 de junio de 2026, la Agencia Metropolitana de Control (AMC) llevó a cabo una intervención en una vivienda del sector La Tola, en la parroquia Calderón, donde operaba una faenadora sin los permisos sanitarios necesarios.
Este operativo interinstitucional, liderado por la AMC, desarticuló un centro de faenamiento clandestino en Quito que funcionaba de manera oculta en una propiedad residencial.
La acción recibió el respaldo de la Policía Nacional, la Unidad de Bienestar Animal (UBA) y la Empresa Pública Metropolitana de Rastro, lo que garantizó la correcta ejecución de las diligencias.
Para detectar esta actividad ilícita, el personal municipal realizó un levantamiento de información previo en el sector. Además, complementaron su trabajo con tecnología aérea mediante drones en control de faenamiento.
Esta herramienta confirmó la actividad irregular dentro del predio, que aparentaba ser una vivienda común. Durante la inspección técnica, las autoridades municipales encontraron condiciones críticas de insalubridad. En el lugar se hallaron cerca de 400 aves vivas y aproximadamente 120 libras de pollo faenado.
Dado que el establecimiento carecía de infraestructura adecuada y no contaba con los permisos de funcionamiento ni los estándares de higiene exigidos por la normativa vigente, se retuvo la totalidad del producto para su posterior destrucción.
Esta acción evitó su distribución para el consumo humano.
Gustavo Chiriboga, supervisor metropolitano de la AMC, indicó que esta actividad generaba constantes molestias a los residentes del sector debido a los fuertes olores.
Según lo estipulado en el Código Municipal, los responsables de esta actividad irregular podrían enfrentar sanciones acumuladas que superarían los 12 mil dólares.
Estas multas derivan tanto del faenamiento en instalaciones no autorizadas como de la falta de permisos legales para ejercer esta actividad económica.
El balance de las autoridades muestra una tendencia creciente en estas operaciones ilícitas dentro del Distrito Metropolitano. Mientras que en 2024 se registraron nueve clausuras de camales clandestinos, la cifra ascendió a 15 durante 2025, lo que representa un incremento del 67 %.
En lo que va de 2026, la AMC ya ha ejecutado cuatro cierres definitivos por incumplimientos relacionados con salubridad y permisos. La institución recuerda a la ciudadanía que el procesamiento de productos cárnicos debe efectuarse exclusivamente en espacios autorizados que aseguren el bienestar animal y la salud pública.