En Guamaní y Carapungo disminuyó el número de usuarios. Se pasó de chequear 600 automotores por día a 250. Foto: Galo Paguay/ EL COMERCIO
El cambio en el esquema de la revisión técnica de los buses, taxis, furgonetas escolares y camiones se encuentra vigente en Quito. Desde este año, los propietarios de estos automotores cumplen con este procedimiento solo una vez al año y no semestralmente, como se hacía hasta el 2015.
La disposición emitida vía Decreto Ejecutivo de abril pasado, que modificó el trámite para estos automotores, fue aceptada ya por el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito. La medida está vigente desde el segundo semestre de este año, pese a las observaciones realizadas en el interior del Concejo Metropolitano.
“Tras el Decreto, nuestra obligación era cumplir con las regulaciones de la entidad nacional”, mencionó Mariela Veloz, directora de Registro y Administración Vehicular de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT).
Esta nueva modalidad ha incidido en la afluencia de este tipo de autos a los centros de revisión vehicular. Como en este último período -de julio a noviembre- la presencia de estas unidades ya no es obligatoria, la demanda se ha reducido tanto en Guamaní, en el sur, como en Carapungo, en el norte, sitios donde se chequean estos automotores.
Por ejemplo, la mayoría de propietarios de buses urbanos cumplió con el procedimiento durante los primeros meses. Según datos de la AMT hasta la fecha ha aprobado el 96%, es decir 2 282, de 2 385 que conforman la flota. Tomando en cuenta a los buses interprovinciales, de turismo, interparroquiales e intercantonales, la cifra de aprobados asciende a 4 735.
Aquellos que aún tengan pendiente la revisión se podrán presentar en lo que resta del año. Y desde el 2017, los dueños de buses, taxis, camiones, furgonetas escolares asistirán en el mismo esquema que rige para los vehículos particulares. Acudirán en función del último dígito de la placa, uno por mes desde febrero hasta noviembre.
Para el gremio de transporte de buses y taxis, esta resolución tomada por el Cabildo es bienvenida. En su criterio, esto contribuirá a reducir costos y a evitar que se suspenda el servicio temporalmente para cumplir con este trámite.
Cada asistencia a un centro de revisión técnica vehicular representa para los transportistas de buses, en promedio, una “pérdida” de USD 685, incluido el costo del trámite, por arreglos mecánicos y los días sin prestar el servicio, refirió Jorge Yánez, presidente de la Corporación de Movilidad de Transporte Urbano de Quito.
La posible reducción en la seguridad de los usuarios y la contaminación ambiental extra que podría causar esta reforma no genera una mayor preocupación en el sector. Cada compañía cumple con cronogramas de mantenimiento preventivo y existen otros controles.
Aparte de la revisión técnica vehicular, en la urbe se realiza una serie de operativos extras. Los chequeos que se hacen en las vías y en las operadoras están a cargo de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), de la AMT, de la Secretaría de Movilidad y de la Secretaría de Ambiente.
“En la urbe está totalmente controlado el transporte público”, expresó José Santamaría, presidente de la Cámara de Transporte del Distrito Metropolitano de Quito.
A la vez agregó que la flota del transporte urbano es relativamente nueva. Las unidades tienen una media de seis años en funcionamiento.
Estos argumentos no resultan suficientes para quienes han observado la modificación a la revisión técnica para estos sectores. Por esto, se plantean propuestas para garantizar que las unidades que circulan en Distrito sean seguras y no contribuyan a la contaminación ambiental.
Solo en el transporte masivo se realizan alrededor de 2,2 millones de viajes por día. En total son 4,7 millones, tomando en cuenta a otros medios de transporte, según la Encuesta de Movilidad.
A la vez, el tráfico vehicular representa una de las principales causas de la contaminación del aire en la urbe. Este genera el 95% de las emisiones de gases, de acuerdo con el Atlas Ambiental del 2016.
Ante esta realidad, Daniela Chacón, concejala independiente, quien ha expresado que pasar de dos revisiones a una representa un “retroceso”, informó que está trabajando en una propuesta normativa para establecer acciones que permitan garantizar seguridad para los pasajeros y mejorar la calidad del aire.
Por su parte, Guillermo Abad, presidente de Justicia Vial, explicó que para garantizar la seguridad en estas unidades los controles deberían ser más rigurosos. Esto implica aumentar los parámetros de control establecidos.
