La audiencia más importante para resolver el conflicto legal que envuelve a la AlcaldÃa de Quito tomó tres horas y media.
Este lunes, 13 de septiembre del 2021, la jueza de la Corte Constitucional (CC) Karla Andrade escuchó a las partes dentro del tratamiento de la acción extraordinaria de protección solicitada por Santiago Guarderas.Â
En la diligencia actuaron las defensas de Guarderas, Jorge Yunda, los jueces que en primera y segunda instancia aceptaron la acción de protección, la ProcuradurÃa General del Estado y la ProcuradurÃa Metropolitana.
Los abogados de Guarderas centraron su exposición en que existe una superposición de vÃas para resolver el conflicto. Esto en referencia a que la acción de protección concedida por la jueza MarÃa Belén DomÃnguez y ratificada por la Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Provincial volvió ineficaz e inejecutable la decisión del Tribunal Contencioso Electoral (TCE).
Emilio Suárez y Juan Francisco Guerrero, abogados de Guarderas, plantearon que Yunda presentó la acción de protección mientras la causa ya era conocida por el TCE, como lo establece el Código Orgánico de Organización Territorial (Cootad).
Desde esa perspectiva, la acción de protección no era procedente ya que, según la defensa de Guarderas, existÃa una vÃa adecuada y eficaz para pronunciarse sobre el proceso de remoción. Guerrero apuntó que ese órgano de justicia electoral tiene como facultad el revisar el cumplimiento del debido proceso en esos casos.
Del lado de Yunda estuvo el abogado Jorge Zavala Egas. Su argumentación se centró en que la remoción no observó la garantÃa del debido proceso en cuanto a la imparcialidad del juez. Dijo que la Comisión de Mesa asà como el Concejo Metropolitano, no motivaron la decisión con la cual rechazaron el pedido de recusación que hizo en contra de Guarderas.
La estrategia de Zavala fue poner en debate el que en un juicio o control polÃtico también debe tomarse en cuenta el derecho a un juez imparcial ya que es la garantÃa que se exige desde la misma Constitución y en las convenciones internacionales.
También criticó el papel de la Comisión de Mesa. Comentó que sus integrantes fueron partÃcipes en la elaboración del informe que sugerÃa que Yunda habÃa incurrido en causales de remoción y, además, votaron por la salida en la sesión del Concejo Metropolitano del pasado 2 y 3 de junio.
En la audiencia, tanto MarÃa Belén DomÃnguez, jueza que concedió en primera instancia la acción de protección como la abogada de los jueces de la Corte Provincial, defendieron sus decisiones y también criticaron la falta de imparcialidad en el proceso.Â
La jueza Andrade comentó al final de la diligencia que tendrá que elaborar un proyecto de sentencia que lo conocerá el Pleno de la Corte Constitucional. En esa instancia, la decisión se aprueba con cinco de los nueve votos posibles.
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