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El retiro de la tasa de recolección de basura de las planillas eléctricas puso a Quito en una encrucijada financiera. La medida del Gobierno, aplicada desde octubre de 2025, eliminó una fuente de ingresos que aportaba seis millones de dólares al mes, dinero que el Municipio destinaba a la recolección, transporte y disposición final de los desechos.
La ministra de Energía, Inés Manzano, anunció la decisión y, pocos días después, anticipó que no respetaría el convenio firmado con el Municipio de Quito para mantener ese sistema de cobro.
“No, porque es ilegal. Cuando se hizo ese convenio no se revisaron tres puntos que ahora corrijo. De 222 municipios, tengo 41 que no hacen las cosas correctamente. Y lo más grave es que ciudades como Quito, Cuenca o Santo Domingo sabían que esto debía cambiar”, dijo.
Manzano explicó que la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica (LOSEPEE) prohíbe incluir cobros municipales en las planillas de luz.
“Las empresas eléctricas no deben servir como mecanismo de cobro. Los municipios necesitan su propio listado de usuarios, no montarse sobre nuestra plataforma”, afirmó.
La ministra señaló que el objetivo del Gobierno es garantizar transparencia y que los usuarios paguen solo por el consumo real de electricidad.
La eliminación del cobro dejó al Municipio sin una fuente clave de financiamiento.
El alcalde Pabel Muñoz reconoció que la medida representa un golpe a las finanzas de la ciudad.
“Tendremos que cubrir la totalidad del servicio con recursos municipales, y eso implica retirar recursos de obras o una parte de corriente para cubrir el déficit”, dijo.
El Cabildo calcula que Quito pierde seis millones de dólares cada mes, es decir, 72 millones de dólares al año, por la eliminación de la tasa.
Para evitar interrupciones en la limpieza, el Municipio cubrirá temporalmente los costos con fondos propios hasta que el Concejo Metropolitano apruebe un nuevo esquema.
El proyecto de ordenanza que prepara el Municipio propone trasladar la tasa de basura a la planilla de agua potable, a través de la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento (Epmaps).
“El esquema busca mantener o reducir el valor que pagan los sectores más vulnerables. Hemos procurado que nadie pague más”, explicó Muñoz.
El concejal Fidel Chamba, presidente de la Comisión de Presupuesto y Finanzas, señaló que la notificación del Gobierno llegó hace dos semanas, lo que dejó poco margen de reacción.
“La fórmula actual se basa en el consumo eléctrico. Ahora debemos establecer la relación entre consumo de agua y generación de basura. No se puede cobrar más solo por ser empresa o industria”, indicó.
Chamba mencionó que la ordenanza y los ajustes tecnológicos tomarán entre cuatro y cinco meses.
“Mientras tanto, una alternativa es mover fondos de otras áreas, como movilidad, que no ejecutaron todo su presupuesto. Esa podría ser una vía para sostener el servicio sin afectar su continuidad”, afirmó.
María Elena Rodríguez, del Cabildo Cívico de Quito, señaló que el conflicto no tomó por sorpresa al Municipio, ya que la ley lo advertía desde hace varios años.
“La Lospee, aprobada en 2015, y sus resoluciones de 2019, 2020 y 2021 ya establecían que las empresas eléctricas no podían recaudar tasas municipales ajenas al servicio eléctrico. En ese sentido, el Gobierno no actúa fuera de la ley”, explicó.
Rodríguez afirmó que el problema de fondo no es jurídico, sino estructural.
“Quito se acostumbró a depender de un mecanismo de cobro fácil, en lugar de construir su propio catastro y una política de gestión de residuos moderna. El debate no debería centrarse en desde dónde se cobra, sino en cómo hacerlo justo y equitativo”, dijo.
También señaló que el Municipio debe aprovechar la coyuntura para reformar su modelo de limpieza.
“Esta es la oportunidad para establecer un sistema donde quien más contamina pague más, con educación ambiental, separación de residuos y compostaje. Quito necesita un modelo sostenible, no solo un cambio de planilla”, sostuvo.
La eliminación de la tasa de basura de la planilla de luz deja al Municipio frente a tres caminos:
Por ahora, Quito intenta mantener el servicio sin interrupciones y evitar que el retiro de la tasa se convierta en una crisis operativa y financiera para la ciudad.
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