
El secretario de Movilidad de Quito, Alex Pérez, aclaró este 2 de junio de 2026 que la propuesta de ordenanza para modificar la tarifa del transporte público no implica que todos los usuarios pasen a pagar 45 centavos. Ese valor corresponde únicamente a rutas que operen exclusivamente con buses eléctricos.
El Municipio trabaja en una ordenanza que prevé elevar la tarifa base de 0,35 a 0,40 dólares desde el 1 de enero de 2027. Según Pérez, la iniciativa busca garantizar la sostenibilidad financiera del sistema de transporte y mantener una tarifa socialmente justa para los usuarios.
Pérez explicó que los 45 centavos no corresponden a una nueva tarifa general para el transporte urbano. Aseguró que esa disposición ya consta en la normativa vigente para sistemas que operan con buses eléctricos.
Además, precisó que el proyecto de ordenanza únicamente modifica la tarifa base de 0,35 a 0,40 dólares. El cambio también alcanza a las rutas rurales, donde existe una tarifa base acompañada por un valor adicional por kilómetro recorrido.
El funcionario insistió en que la propuesta no incorpora nuevas condiciones para los 45 centavos y recordó que esa posibilidad ya forma parte de la normativa actual.
Durante la explicación, el secretario utilizó al sistema Trolebús como ejemplo para aclarar por qué una ruta no puede aplicar automáticamente una tarifa de 45 centavos.
El Municipio incorporó 60 nuevos trolebuses eléctricos, pero todavía circulan unidades antiguas dentro del corredor. Por ese motivo, el sistema no cuenta con una flota completamente eléctrica.
Pérez recordó que varios de esos vehículos permanecieron en operación durante más de 30 años. A su criterio, no corresponde aplicar una tarifa diferenciada mientras una misma línea combine distintas tecnologías.
El funcionario señaló que la misma situación podría presentarse en cualquier otra ruta que incorpore buses eléctricos sin completar la renovación de toda su flota.
Pérez enfatizó que una ruta deberá operar únicamente con buses eléctricos o sostenibles para acceder a la tarifa de 45 centavos.
También aclaró que la condición se aplica a cada ruta y no necesariamente a toda una operadora. Una empresa puede administrar varios recorridos, pero cada uno deberá cumplir de forma independiente con el requisito de electrificación total.
“No tiene sentido subirme a un bus en uno pagar 45 (centavos) y en otro 35”, manifestó el funcionario.
Según explicó, la medida busca evitar diferencias tarifarias dentro de un mismo recorrido y garantizar que todos los usuarios cancelen el mismo valor en una ruta determinada.
La propuesta no solo aborda el incremento tarifario. También incorpora obligaciones para los operadores de transporte público.
Entre ellas constan la conexión al Sistema Integrado de Recaudo, la incorporación del Sistema de Información al Usuario y del Sistema de Ayuda a la Explotación.
La ordenanza fija un plazo de ocho meses desde su aprobación para que el transporte convencional se conecte al Sistema Integrado de Recaudo.
Además, desde el 1 de enero de 2027, los operadores deberán incorporar herramientas que permitan monitorear rutas, frecuencias y operación del servicio.
La propuesta también establece una inspección obligatoria y permanente de elementos de seguridad. El control incluirá mantenimiento, estado de las llantas, frenos y otros componentes de las unidades.
Pérez afirmó que la calidad del servicio no constituye un aspecto negociable. También señaló que la ordenanza contempla sanciones para los operadores que incumplan las obligaciones establecidas. Estas medidas pueden llegar desde suspensiones administrativas hasta la terminación de contratos.
El secretario también explicó el mecanismo de compensación económica previsto para los operadores.
Según indicó, el Municipio identificó un desequilibrio financiero en el sistema de transporte debido al incremento de costos operativos, entre ellos el combustible.
Pérez señaló que la normativa nacional obliga a los municipios a garantizar un sistema sostenible y una tarifa socialmente justa.
Sobre el origen de los recursos, explicó que el Municipio primero revisará la disponibilidad presupuestaria dentro del sector de movilidad y transporte. Si esos fondos resultan suficientes, no será necesaria una reforma presupuestaria.
En caso contrario, el Cabildo podrá incorporar esos recursos en una reforma posterior.
El funcionario también respondió a las dudas sobre la disponibilidad de recursos municipales. Sostuvo que las limitaciones registradas en otros ámbitos responden a las reglas que estableció la reforma al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad) sobre las inversiones prioritarias.
Además, señaló que la propuesta apunta a un modelo que considere variables como disponibilidad del servicio, kilómetros recorridos y cantidad de pasajeros transportados. Para ello, el Sistema Integrado de Recaudo aportará información sobre la operación de cada unidad.
La propuesta continúa su trámite dentro del Concejo Metropolitano de Quito antes de pasar al debate del pleno.
No, los 45 centavos aplicarían únicamente a rutas operadas exclusivamente con buses eléctricos. El secretario de Movilidad, Álex Pérez, aclaró que la propuesta de ordenanza no establece una tarifa general de 45 centavos y que esa posibilidad ya existe en la normativa vigente para sistemas completamente electrificados.
Elevar la tarifa de 0,35 a 0,40 dólares. La propuesta plantea que el incremento entre en vigencia el 1 de enero de 2027 como parte de una estrategia para garantizar la sostenibilidad financiera del sistema de transporte y mantener una tarifa socialmente justa.
Operar únicamente con buses eléctricos o tecnologías sostenibles. La exigencia se aplica a cada ruta de manera independiente. Si una línea combina buses eléctricos y convencionales, no podrá aplicar la tarifa diferenciada de 45 centavos.
Deberán integrarse a sistemas tecnológicos de recaudo, monitoreo y control. La ordenanza exige conexión al Sistema Integrado de Recaudo, incorporación de herramientas de información al usuario, monitoreo de rutas y controles permanentes sobre seguridad, mantenimiento, frenos y llantas.
Se basará en criterios técnicos como servicio prestado, kilómetros recorridos y pasajeros transportados. El Municipio busca corregir desequilibrios financieros generados por el aumento de costos operativos. Para ello utilizará información del Sistema Integrado de Recaudo y evaluará la disponibilidad presupuestaria antes de asignar recursos.