Este año, el Municipio capitalino destinó un presupuesto de USD 11,5 millones para las 33 parroquias rurales de Quito.
Los recursos se dividieron en partes iguales y fueron repartidos de esa manera. Así fue a diferencia de lo ocurrido en años anteriores, cuando la asignación se hacía por el número de habitantes.
Desde hace una década aproximadamente, la distribución del dinero destinado a zonas rurales del Distrito Metropolitano se realiza mediante reuniones entre funcionarios municipales y los habitantes de las parroquias. Estos plantean el destino que quieren para los recursos que les corresponden en el siguiente año fiscal.
La presidenta del gobierno parroquial de Cumbayá, Sonia Chuquimarca, explica que en el momento se están ejecutando dos obras con presupuesto participativo de 2022. Con más de USD 200 000 se construye la nueva sede de la liga parroquial. La entrega está prevista para finales de noviembre y es calificada como “la obra emblemática” de ese sector.
El espacio fue pensado porque desde ese gobierno autónomo descentralizado (GAD) se promueve la participación comunitaria en ferias de emprendimientos. Para Lucila Ponce, de 46 años, es una oportunidad para dar a conocer su negocio de manualidades.
“En muchos espacios primero te cobran por entrar y, si no vendes, pierdes ese dinero”, lamenta la emprendedora. Pero en Cumbayá, el gobierno parroquial les proporciona el espacio sin ningún costo.
Apuesta por la autogestión
En las parroquias rurales es común la participación comunitaria en la ejecución de obras. Para Gabriel Noroña, presidente del GAD de Píntag, es una manera de optimizar recursos. “Nosotros hacemos el doble de obras porque la gente pone la mano de obra”, destaca la autoridad.
Esa parroquia, ubicada al sureste de la capital, tiene por ejemplo, una flota de vehículos pesados que trabaja en la pavimentación de las calles. Estos fueron recuperados de los patios de la Prefectura de Pichincha y del Municipio de Quito. Con sus propios recursos los repararon y pusieron en marcha.
Paralelamente, para financiar sus trabajos, en esa parroquia existe un control de la explotación del material pétreo. Esto permite el ingreso de alrededor de USD 400 diarios, para ejecutar trabajos de reparación.
Con los vehículos y el dinero, se ha facilitado que los moradores de la localidad se unan a las mingas de mejoramiento vial. Así lo explica Lucio Chasipanta, dirigente del barrio Valencia. “Existe una desatención por parte del Municipio, pero nosotros no podemos quedarnos cruzados de brazos, esperando a que las autoridades nos den todo”, añade.
Gracias a este modelo participativo, la comunidad pavimentó cerca de cinco kilómetros a finales de julio pasado.
Un detalle importante es que para ejecutar proyectos locales, uno de los requisitos establecidos en esa comunidad es que los proveedores de materiales sean de Píntag. De esta manera, se dinamiza la economía de la zona y mejora la vida de sus habitantes, según el presidente de la parroquia.
Problemas por recursos
El Cabildo les entregó USD 350 000 de presupuesto este año. Esto, más los USD 200 000 del GAD parroquial, permitirá que la comunidad tenga el doble de beneficios mediante este sistema de autogestión, afirmó Noroña,
Entre otras cosas, tienen previsto iniciar en septiembre el asfaltado de cuatro calles y construir un espacio deportivo techado. Insisten en que con el presupuesto asignado por el Municipio, los fondos del gobierno parroquial y el trabajo de la comunidad, logran optimizar los recursos.
En ese sector, la gente es muy unida y solidaria. Y esto lo demuestran en temas como el agua potable, que es distribuida a quienes no cuentan con el servicio básico a través de la ayuda de los vecinos más cercanos.
Noroña reclama que por temas como la falta de legalización de terrenos y baja tasa de población, haya retraso en la expansión de servicios básicos. “Ser rurales no nos quita derechos”, enfatiza.
Pero Irina Moncayo, subgerenta de Preinversiones de la Empresa Pública Metropolitana de Alcantarillado, Agua Potable y Saneamiento (Epmaaps), explica que al estar fuera de las cotas de abastecimiento, no cumplen con los requerimientos para la regularización de barrios. Por ello es imposible dotarles del servicio.
“A veces se ubican en zonas muy alejadas y dispersas y no justifican la inversión por el número de habitantes”, dice la funcionaria.
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