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El alcalde de Quito, Pabel Muñoz, intervino este martes 7 de octubre de 2025 en una rueda de prensa en el Centro de Arte Contemporáneo. En medio del paro nacional, que completa 16 días, el burgomaestre habló sobre las consecuencias de la eliminación del subsidio al diésel y sobre el cierre del proceso de revocatoria que buscaba destituirlo.
Muñoz fue enfático al señalar que respalda la derogación del Decreto 126, con el que el Gobierno eliminó el subsidio al diésel.
Explicó que desde la entrada en vigencia de la medida, la población enfrenta un aumento en los precios de productos de consumo básico en mercados y centros comerciales.
El alcalde recalcó que la principal preocupación se concentra en el transporte urbano e intracantonal.
“Se entregó al sector del transporte el pretexto perfecto para solicitar un incremento de tarifas”, afirmó.
Según los cálculos municipales, el sistema de Ecovía y Trolebús registra pérdidas que superan los dos millones de dólares desde la eliminación del subsidio.
También advirtió que las obras en ejecución en la ciudad ya reflejan un encarecimiento.
De acuerdo con contratistas, si esos proyectos se hubieran contratado bajo las nuevas condiciones del combustible, el costo sería 15% más alto.
Afirmó que el diálogo con los transportistas continúa, aunque los gremios insisten en que la tarifa de pasajes se ubique entre 0,68 y 0,70 dólares, en respuesta a la volatilidad del combustible.
El otro tema que trató Muñoz fue la revocatoria de su mandato. Agradeció a la ciudadanía por no respaldar el proceso y calificó el desenlace como una muestra de estabilidad en medio de intentos de desestabilización.
Informó que los promotores de la iniciativa entregaron solo 4 500 firmas y luego pidieron retirar la documentación.
Sin embargo, insistió en que el Consejo Nacional Electoral debe calificar esas rúbricas para dar transparencia.
“La ciudadanía se siente burlada. Se debe dar una foto final de lo que fue el proceso para saber si esas firmas son auténticas o no”, señaló.
Muñoz añadió que quien impulsa un mecanismo democrático y no lo concluye debería, al menos, reconocer la pérdida de tiempo y recursos que las instituciones invirtieron en el trámite.
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