Pabel Muñoz entregó demanda de inconstitucionaidad contra ley de los GAD
El alcalde de Quito, Pabel Muñoz, marcho a la Corte Constitucional con los usuarios de los servicio del Municipio para demandar la inconstitucionalidad de la ley de los GAD.
El alcalde de Quito, Pabel Muñoz, protagonizó una marcha junto a los usuarios de los servicios sociales y educativos del Municipio desde el Parque de El Arbolito hasta la Corte Constitucional para entregar una demanda de inconstitucionalidad más contra la ley de los GAD, que regula el gasto en municipios y prefecturas y es de iniciativa del presidente Daniel Noboa.
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La marcha de Pabel Muñoz para entregar una demanda de inconstitucionalidad contra la ley de los GAD que reforma el Cootad
Habitantes de parroquias rurales, miembros de los Quito Wawas, representantes de mercados y de unidades educativas municipales y otros usuarios de los servicios del Municipio marcharon la tarde de este miércoles con Pabel Muñoz.
Alcalde cuestiona falta de diálogo y alerta por servicios sociales
Durante su intervención, Muñoz señaló que la Asamblea Nacional del Ecuador no recibió a alcaldes y prefectos para conocer su valoración de las reformas.
“Los servicios sociales, que son también inversión, están hoy en riesgo. El 100% del dinero que recibimos ya se destina a obras e inversión pública. El Quito milenario, histórico vive hoy con más fuerza”, afirmó.
La demanda solicita a la Corte que las reformas se dejen sin efecto hasta que el organismo resuelva el pedido.
El pasado 24 de febrero, el Concejo Metropolitano de Quito aprobó una resolución para respaldar las medidas legales necesarias y advirtió sobre las consecuencias que estos cambios tendrían para la seguridad jurídica, financiera y la autonomía de la capital.
Concejales defienden la inversión social y la autonomía local
El concejal Héctor Cueva manifestó que la infraestructura es importante, pero la inversión social lo es aún más.
El concejal Adrián Ibarra señaló: “Aquí estamos defendiendo al eje social. A Quito lo defendemos todas y todos, y esperamos que la Corte reaccione favorablemente a esta acción de protección”, señaló.
Ruralidad exige mantener programas y recursos
Rodrigo Pilatuña, presidente del gobierno autónomo descentralizado de la parroquia rural de Llano Chico, advirtió que no se puede perder la inversión y los programas sociales, pues se vulneran derechos y la protección de grupos prioritarios.
“Nosotros necesitamos recursos, necesitamos inversión, necesitamos que los servicios sociales se mantengan. Como ruralidad alzamos nuestra voz para que esta ley no coarte los derechos de niños, jóvenes, adultos mayores y personas con capacidades especiales. A Quito urbano y rural lo protegemos todos”, expresó.
Municipio detalla alcance de sus competencias
Muñoz explicó que deben considerarse las diferencias entre los 222 cantones del país, ya que Quito tiene competencias particulares como la educación.
El Municipio administra 20 Unidades Educativas Municipales con más de 27 000 alumnos, 1 000 docentes y servicios de salud escolar —médicos, nutricionistas, odontólogos y psicólogos—.
A ello se suman tres centros de salud, casi 100 Quito Wawas que atienden a cerca de 5.000 niños y 14 Centros Municipales de Educación Inicial (CEMEI).
La reforma al COOTAD, aprobada por la Asamblea el pasado 20 de febrero, enfrenta siete demandas de inconstitucionalidad presentadas por distintas instituciones y organizaciones sociales, entre ellas la Prefectura de Pichincha.
Información extra: Pabel Muñoz
