
El asambleísta Xavier Ordóñez, del partido Acción Democrática Nacional (ADN), compareció en la Fiscalía este viernes 10 de julio de 2026. Durante su declaración, ratificó los hallazgos de la Comisión de Relaciones Internacionales sobre la adquisición de 60 unidades eléctricas para el transporte municipal de Quito.
La comparecencia de Ordóñez se realizó en el contexto de una investigación abierta tras las observaciones realizadas por la Contraloría General del Estado.
El legislador rindió su versión libre y voluntaria sobre el proceso de contratación de los trolebuses eléctricos, destinados al sistema de transporte público de la capital ecuatoriana.
Ordóñez formalizó ante el Ministerio Público los elementos recopilados durante el proceso de fiscalización parlamentaria. Su declaración busca ratificar un informe aprobado por el Pleno de la Asamblea Nacional.
Este documento analiza el convenio firmado entre el Municipio de Quito y la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops).
“La Fiscalía ha acogido en su gran mayoría este pedido y se ha sumado al proceso que ya tenían abierto con Contraloría”, afirmó Ordóñez ante los medios, antes de rendir su versión.
Según él, la estructura operativa adoptada para este proyecto permitió trasladar a un tercero funciones sustantivas en la adquisición, lo que afectó los principios de transparencia y concurrencia del Sistema Nacional de Contratación Pública.
Uno de los puntos críticos expuestos por Ordóñez se refiere a las garantías de la operación. El legislador cuestionó la entrega de fondos públicos sin exigir las garantías correspondientes y destacó una falta de claridad respecto al destino de los rendimientos financieros generados por dichos recursos.
“No se sabe hasta ahora qué intereses produjeron, y no se sabe quién se quedó con esos intereses”, enfatizó.
Además, hizo referencia a la exclusión de fabricantes con representación en Ecuador que, según su opinión, habrían tenido la capacidad para participar en el procedimiento.
Estas observaciones se incorporaron al expediente fiscal para que el ente investigador determine si existen responsabilidades penales derivadas del manejo contractual del proyecto.
Tras su diligencia, Ordóñez anunció el fin de su etapa de fiscalización directa en el Parlamento respecto a este caso específico. “Ya nuestra competencia no es más allá, Fiscalía tendrá que saber y tomar las decisiones necesarias”, concluyó.
La defensa de la Empresa de Pasajeros de Quito también estuvo presente para seguir el desarrollo del caso, mientras que el Municipio capitalino reiteró que las unidades adquiridas operan con normalidad en el sistema de transporte.
¿Qué motivó la comparecencia de Xavier Ordóñez ante la Fiscalía?
El asambleísta compareció para ratificar los hallazgos de un informe legislativo sobre presuntas irregularidades en la contratación de 60 trolebuses eléctricos para Quito a través de UNOPS.
¿Cuáles son los principales cuestionamientos del legislador?
Se destacan la entrega de fondos sin garantías, la falta de claridad sobre el destino de rendimientos financieros y el posible desplazamiento del régimen de contratación pública.
¿Qué determinó el informe de la Asamblea Nacional?
La Comisión de Relaciones Internacionales concluyó que el convenio operó como una estructura de ejecución con obligaciones definidas que limitó el control sobre el uso de recursos públicos.
¿Qué postura ha mantenido el Municipio de Quito?
La administración municipal ha defendido el proceso de contratación y sostiene que los trolebuses adquiridos prestan el servicio de transporte público según lo planificado.