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Pelea de funerarias: Divulgar información reservada se sanciona con prisión

Imagen referencial. En el ECU-911 hay preocupación luego de la denuncia de presunto cobro de dinero a empresas de servicios exequiales, en Quito. Foto: Archivo EL COMERCIO

En el ECU-911 hay preocupación luego de la denuncia de presunto cobro de dinero a empresas de servicios exequiales, en Quito, por parte de funcionarios de esa entidad. La divulgación de información reservada, como la ocurrencia del levantamiento de un cadáver, puede ser sancionado con prisión. 

Juan Zapata, director del COE Nacional, presentó una denuncia en la Fiscalía y aseguró: “no nos va a temblar la mano” para sacar a quienes proporcionen información reservada sobre los decesos que se registran en el Distrito Metropolitano. 

Este caso se hizo público a finales de noviembre cuando se produjo un enfrentamiento mientras las autoridades policiales hacían el levantamiento de un cadáver, en el sur de la urbe. 

Empleados de dos funerarias se golpearon; cada uno buscaba ser el elegido por los familiares para prestar los servicios fúnebres. 

¿Cómo sabían las dos funerarias que tal levantamiento estaba ocurriendo en aquel lugar? Se sospecha un posible negociado entre funcionarios del ECU 911 y los servicios exequiales para que estos tengan esa información. 
 
La trabajadora de una funeraria, que guardó la reserva de su identidad, aseguró que servidores del ECU 911 supuestamente dan el aviso de fallecimientos en viviendas de la capital a estas empresas a cambio de una “comisión”. Las declaraciones las dio al canal Ecuavisa el 25 de noviembre. 
 
Esa “comisión” -explicó la mujer- depende del estatus social del difunto. El valor que supuestamente reciben los servidores del ECU 911 varía entre los USD 100 y 150. 
 
Tras presentar la denuncia, Zapata indicó que hubo un acercamiento con las firmas de servicios exequiales para dialogar sobre el tema. De momento, no tiene los nombres de quienes se beneficiarían de esas “comisiones”.  

Si las funerarias generan esta información sobre la base de pagos, pues debemos ver cuáles son y qué funcionarios son”, dijo el director del COE, entidad a cargo del 911. 
 
El objetivo es sacar a quienes se dedicasen a esa actividad ilícita y que la Fiscalía los investigue. Aclaró que hay varias entidades que manejan la información sobre las muertes en la ciudad, no solo los evaluadores del ECU 911. Ante eso, la clave es averiguar de cuál institución se proporciona la información confidencial. 
 
“Tenemos que entender que nuestro modelo de gestión es uno. Nosotros recibimos la emergencia, toman los datos y se envía a la institución que corresponde; por lo tanto es otra entidad la que envía los recursos. Eso debemos identificar”, manifestó Zapata. 
 
Hizo un llamado a la ciudadanía a que no estigmatice a los 1 500 trabajadores del ECU 911 y los 3 000 que laboran de forma complementaria atendiendo las alertas.  

Considera que ellos estuvieron de pie atendiendo la emergencia sanitaria y exponiendo su salud. “No es justo que los juzguen por dos o tres malos funcionarios”. 
 
Para Zapata, las dos funerarias cuyos empleados se enfrentaron deben conocer a quienes les proporcionan la información. 
 
Recordó que los empleados del ECU 911 y las entidades articuladas como Policía Nacional, Bomberos, Cruz Roja, entre otras, firman un acuerdo de confidencialidad.  

Eso implica que no pueden proporcionar información de las emergencias a personas externas del sistema de alertas.  

Quien rompa esa confidencialidad incurre en el delito de difusión de información restringida (art. 180 del Código Penal), cuya sanción es de uno a tres años de reclusión. 
 
Acotó que todas las llamadas de emergencia que ingresan al sistema ECU 911 quedan grabadas y georeferenciadas. “Estos posibles actos ilícitos se hicieron públicos y por eso pedimos la investigación en Fiscalía”, explicó Zapata. 

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