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Dos exagentes metropolitanos de tránsito recibieron una sentencia de tres años de prisión por el delito de concusión en el caso Pico y Placa, relacionado con el cobro de un soborno durante un operativo vehicular en Quito. El Tribunal de Garantías Penales de Pichincha también impuso a cada condenado una multa equivalente a 10 salarios básicos unificados.
La sentencia se emitió el 15 de octubre de 2026, tras una investigación de Quito Honesto en coordinación con la Fiscalía General del Estado. El fallo incluye medidas de reparación integral a favor de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) y del ciudadano afectado por el hecho.
El Tribunal de Garantías Penales de Pichincha, especializado en el juzgamiento de delitos relacionados con la corrupción y el crimen organizado, estableció una pena de tres años de prisión para cada uno de los exagentes.
Además de la multa económica, los jueces dispusieron que los sentenciados ofrezcan disculpas públicas a la AMT. También ordenaron la devolución de USD 65 al ciudadano afectado, monto que corresponde al soborno recibido durante el procedimiento de tránsito.
Las medidas forman parte de la reparación integral establecida en la resolución judicial, que determina consecuencias penales y económicas para los responsables.
El caso Pico y Placa comenzó con una denuncia que un ciudadano presentó ante Quito Honesto el 22 de septiembre de 2023. Los hechos ocurrieron durante un operativo de control vehicular en las avenidas Simón Bolívar y Granados, al norte de Quito.
Según la información del caso, los agentes habrían exigido un pago ilícito a cambio de evitar la retención de un vehículo por una presunta infracción relacionada con el horario de restricción vehicular conocido como pico y placa.
La denuncia permitió activar una investigación dentro de las competencias de Quito Honesto, que coordinó las acciones con la Unidad de Delincuencia Organizada Transnacional e Internacional (Fedoti) de la Fiscalía General del Estado.
Durante la investigación, las entidades desarrollaron acciones para rastrear el dinero relacionado con el presunto soborno y ejecutaron allanamientos a los investigados. La evidencia recopilada sustentó el proceso judicial que concluyó con la sentencia contra los dos exagentes.
La coordinación institucional permitió llevar el caso ante la justicia y establecer responsabilidades penales por concusión, un delito vinculado al abuso de funciones públicas para exigir o recibir beneficios económicos indebidos.
La resolución judicial contempla tanto la sanción penal como medidas destinadas a reparar los efectos del delito. Entre ellas constan la restitución de los USD 65 y las disculpas públicas a la Agencia Metropolitana de Tránsito.
Quito Honesto destacó la importancia de la denuncia ciudadana y de la coordinación con la Fiscalía para investigar presuntos actos de corrupción en el servicio público. El caso concluyó con una sentencia que establece penas de prisión, multas y obligaciones de reparación para los dos exagentes.
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