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Un exagente metropolitano de Tránsito de Quito fue sentenciado por el delito de concusión este viernes 12 de junio de 2026; la Fiscalía detalló cómo cometió el delito.
La Fiscalía General del Estado logró una sentencia condenatoria de tres años de pena privativa de libertad contra Cristian Fernando C., un exagente metropolitano de tránsito, por su implicación en el delito de concusión en Ecuador.
Esta decisión judicial se tomó después de comprobar que exigió dinero a un ciudadano a cambio de no aplicar una sanción de tránsito.
Los hechos ocurrieron el 28 de septiembre de 2022 en las calles Ambato e Imbabura, en el centro de Quito.
Según la Fiscalía, el funcionario solicitó a la víctima el pago de 150 dólares, advirtiéndole que su vehículo sería retenido y que podría ser detenido debido al supuesto mal estado de las llantas.
La institución indicó que el dinero fue transferido a la cuenta bancaria de un familiar del procesado, lo que constituyó un beneficio económico indebido obtenido en el ejercicio de sus funciones públicas.
La denuncia fue presentada ante la Comisión Metropolitana de Lucha contra la Corrupción “Quito Honesto”, lo que dio inicio a las investigaciones.
Durante el proceso, la Fiscalía recopiló diversos elementos de convicción, incluyendo:
Tras valorar las pruebas expuestas, el Tribunal determinó la responsabilidad penal del acusado y emitió una sentencia condenatoria.
Además de la pena privativa de libertad, se impuso una multa equivalente a 10 salarios básicos unificados al exfuncionario de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT).
Como parte de las medidas de reparación integral, el sentenciado deberá ofrecer disculpas públicas a la Agencia Metropolitana de Tránsito y al cuerpo de Agentes Civiles de Tránsito mediante un acto público.
También se ordenó colocar una placa conmemorativa en un lugar visible dentro de la institución, con un mensaje relacionado con los efectos de la corrupción en la administración pública.
Asimismo, se dispuso el pago de 150 dólares a favor de Lourdes Lozano, quien realizó la transferencia exigida.
Además, se notificará al Ministerio del Trabajo para registrar la inhabilidad del condenado para ejercer cargos públicos conforme a la normativa vigente.
El delito de concusión está tipificado en el artículo 281 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que sanciona a los servidores públicos que, abusando de su cargo, exigen u ordenan pagos o beneficios económicos indebidos.
Este caso resalta la importancia de denunciar actos corruptos y cómo hacerlo efectivamente.
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