Fecha de publicación:
Fecha de modificación:
Las acciones para limpiar los ríos de Quito se concentran, principalmente, en los estudios de diez de las 22 Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) previstas para un horizonte de 17 años.
De forma paralela se desarrollan tres consultorías para hacer los planes estratégicos de ríos y quebradas; de manejo de microcuencas hidrográficas y de la infraestructura verde azul.
Esto es parte de la estrategia de descontaminación de los ríos de Quito, que aprobó el directorio de la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento (Epmaps). Pero también es parte de las sentencias en las que se ordena la remediación de los ríos Machángara y Monjas. Además se busca cumplir con la ordenanza Verde Azul, que se aprobó en julio del 2023.
La ciudadanía tendrá que esperar entre tres a cinco años para que se concrete, entre otros trámites, el diseño y construcción de una PTAR. Y una vez que entre en operación se verá cómo las aguas, sobre todo, de los ríos Machángara, San Pedro, Monjas y Guayllabamba son descontaminadas.
De las 22 plantas aprobadas para Quito, los esfuerzos del Municipio se enfocan en los estudios y la construcción de la PTAR Quito y la PTAR Calderón. Ambas se realizan en un solo proceso. La primera y la más grande tratará el 49,49% de las aguas residuales (Ver en el mapa más detalles de cada una).
De clic en cada ubicación para conocer su capacidad y la población beneficiada. Fuente: Epmaps
En ambos casos se iniciará con estudios básicos, según Verónica Sánchez, gerente de Epmaps. Para esto se cuenta con el financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y de la Cooperación Española, a través del Programa Agua Potable y Alcantarillado para Quito.
En una primera etapa se realizarán los estudios de prefactibilidad y factibilidad y en un segundo tiempo, los estudios definitivos y la construcción. Estos estudios duran cerca de año y medio en ambas plantas.
Para la PTAR Quito, que demanda 300 millones de dólares, hay que definir cuál será el modelo de gestión y cómo se financiará. Hay tres opciones: aporte privado, multilaterales o recursos de la misma Epmaps.
En este caso está avanzada la colocación del 85% de interceptores sanitarios. Estos son túneles que captan las aguas residuales para evitar que lleguen a los ríos y se dirijan a las plantas de tratamiento.
Se espera que la PTAR Quito llegue a feliz término y no sea descartada como ocurrió con la de Vindobona. Pese a que se contaba con los estudios, no se consiguieron 1 000 millones de dólares para su construcción.
Para la PTAR Calderón se requieren 90 millones de dólares, que se cubrirán con fondos de la Epmaps. Una vez listos los estudios se procederá a sacar la licencia ambiental y se iniciará con los interceptores.
La construcción de ambas plantas tomará cinco años. Sánchez enfatiza que si se concretan los estudios y el financiamiento en los tiempos previstos, en 10 años Quito contará con 80% de las aguas residuales tratadas. Es decir, en 2034.
Actualmente, Quito solo se cuenta con la PTAR Quitumbe que beneficia a 75 000 habitantes y tiene una cobertura de apenas el 3%.
Tras estas dos grandes plantas está la PTAR Monjas, que busca tratar las aguas residuales que van al río del mismo nombre. Hay que recordar, que vía judicial también se ordenó la remediación de este río. Adicionalmente, se preven otras 19 plantas, que se ubicarán en las parroquias rurales de Quito.
Toda esta estrategia tendría un horizonte de 17 años. En otras palabras dependerá de la actual gestión municipal y de otras cuatro administraciones.
Una de las PTAR más grandes en los sectores rurales es la planta Cumbayá – Tumbaco, que permitirá la descontaminación del río San Pedro. Esta sería cuatro veces más grande que la de Quitumbe. Su capacidad será de 500 litros por segundo, mientras que la de Quitumbe es de 100 litros por segundo.
Actualmente se encuentran ejecutándose los estudios definitivos y se prevé que para fines de este julio del 2024 o para agosto estén listos y entregados.
Con esto se prevé tramitar la licencia ambiental e iniciar la construcción de interceptores, para que capten las aguas de los alcantarillados. Según la Epmaps, esta planta estaría acabada en cuatro años.
Para la PTAR La Merced y Checa ya se están realizando estudios, mientras que en el Chocó Andino están previstas estas cinco plantas: Calacalí, Nanegalito, Nanegal, Pacto y Gualea.
Según la gerente de la Epmaps, los estudios de cuatro de las cinco están en fase inicial.
Las otras PTAR son: Guayllabamba, Uravía, Lalagachi, Yaruquí, Tababela, Pintag, Pifo y Puembo, Itulcachi. También está Oyacoto, Perucho, Atahualpa, San José de Minas.
De forma paralela a las acciones de la Epmaps, la Secretaría del Ambiente se ha enfocado en definir tres instrumentos, que exige la ordenanza Verde Azul.
El primero se trata del Plan Estratégico Integral en los ríos y quebradas de Quito. En este se debe identificar y caracterizar las quebradas, incluidos los factores de afectación y establecer las acciones necesarias para la recuperación de sus servicios ecosistémicos.
En la ordenanza Verde Azul no se menciona específicamente la realización de consultorías para la elaboración de planes, por parte de la autoridad ambiental.
Para cumplir con este mandato, la Secretaría, a través de su recién creada Unidad de Microcuencas, ha optado por la contratación de consultores externos para realizar este plan. Pablo Zapata, coordinador, señala que se prevé la entrega de este plan para fines de noviembre de 2024.
La ordenanza también señala la participación de actores como la academia, sociedad civil, gremios interesados y la ciudadanía en el proceso de formulación del plan.
Asimismo se prevé que en noviembre finalice la consultoría a cargo del segundo instrumento: el plan de manejo de las cuencas hidrográficas del Distrito Metropolitano. La Secretaría registra 98 ríos y 819 quebradas y quebradillas en la urbe.
Ambas consultorías cuestan 346 000 dólares. Esto representa el 41% del presupuesto total asignado de 845 000 dólares a la Unidad de Microcuencas para este 2024.
La tercera consultoría y que aún no se contrata es para efectuar el Plan de Gestión y Manejo de la Infraestructura Verde Azul.
Este último instrumento de política pública abarca desde la identificación de espacios naturales hasta la definición de acciones concretas, roles de las entidades involucradas y fuentes de financiamiento. De esta manera se busca garantizar la conservación y uso sostenible de la infraestructura verde azul en el Distrito Metropolitano de Quito.
La concejal de Quito y miembro de la comision de Ambiente, Cristina López, cuestiona que ya es un año de la aprobación de la ordenanza Verde Azul y no conocen en qué fase se encuentran todas las consultorías, creación de departamentos especializados y presupuestos. “Es preocupante la falta de información no solo para los concejales sino para la ciudadania en general”.
