Jorge Yánez Venegas y José Santamaría son las dos cabezas que dirigen el transporte urbano de Quito. De ellos depende la continuidad o la paralización del servicio que dan los 2 034 buses, distribuidos en 41 operadoras. En manos de sus gremios está la movilización de 1 891 620 personas que viajan al día en este tipo de transporte.
Yánez es miembro del Comité Ejecutivo Nacional de los Transportadores Urbanos del Ecuador, dirigente del Consorcio de Movilidad del Corredor Sur Oriental y presidente de la operadora Translatinos. Mientras que Santamaría preside la Cámara de Transporte Urbano de Quito; en el 2010 también estuvo al frente de la Federación Nacional de Transporte Urbano (Fenatu).
Cada uno, con su estrategia y por su lado, ha conseguido beneficios del Gobierno. Yánez prefiere mantener una buena relación con el oficialismo. Con sus acercamientos ha conseguido la compensación por medio del pasaje. Él integró la comisión que fijó la tarifa en USD 0,38.
El Régimen no la respetó y decidió entregar un bono de USD 350 mensuales a los transportistas urbanos por los pasajes de los estudiantes, personas con discapacidad y de la tercera edad.
Su estrategia para conseguir atención del Gobierno ha sido presentar alternativas y proyectos. Desde el 2003 no ha participado en las protestas de los transportistas. “Prefiero presentar proyectos”. Se destaca el de la caja común. Translatinos es la primera empresa de transporte en la capital que aplica este sistema desde marzo pasado. Logró formar un consorcio con 11 cooperativas y ser parte de la operación del Corredor Sur Oriental.
Santamaría, en cambio, recurre a las movilizaciones como medidas de presión. La última fue el 7 de junio pasado. Encabezó la suspensión del servicio en el Centro Histórico para sentar a las autoridades en una mesa de diálogo y exigir que se abran los cursos para la recuperación de los puntos perdidos en las licencias. Luego de que los choferes se enfrentaron con la Policía cerca de la Plaza Grande, consiguió que en 15 días se habiliten las escuelas para que dictaran los talleres. También logró abrir una negociación para que los choferes tengan facilidades para pagar las multas por contravenciones. Otra gran marcha que lideró Santamaría fue en agosto del 2008. Allí pedía el incremento de USD 0,10 en el pasaje. En aquella ocasión consiguió que 2 000 buses se paralizaran. Su petición no fue aceptada.
Estas posiciones de los dirigentes han dividido al sector. En la última movilización participó la quinta parte de los 2 034 transportistas urbanos de la ciudad.
Explica que dos días antes del paro se reunieron con María de los Ángeles Duarte, ministra de Transporte y Obras Públicas, para tratar el tema de la recuperación de puntos. A la cita también acudió como invitado José Santamaría. “No esperó 15 minutos hasta que la Ministra nos atendiera y se retiró, se fue a organizar la paralización en el Centro”.
Luis Maygua, dirigente de Cooperativa Metrópoli y cercano de Santamaría, reconoce que la paralización es la única forma de que el Gobierno los escuche. Él no cree que los transportistas sean privilegiados. “Desde el 2002 pedimos incremento de tarifas y hasta la fecha no nos atienden”.
Aníbal Iza, dirigente de la Cooperativa Ecuatoriana, quien participó de la marcha, dijo que la paralización no fue una decisión dirigencial. “Fuimos las bases las que decidimos la medida, porque somos los directos afectados”.
Según Iza, la Cámara del Transporte y sus agremiados no están en contra del Gobierno. Al contrario, reconoce que es el único que les ha otorgado subsidios y compensaciones, pero insiste en que con medidas de presión consiguen su atención. Al siguiente día de la marcha, la ministra Duarte desmintió algún acuerdo con Santamaría. Dijo que la apertura de las escuelas era parte de la planificación. Reconoció que los escuchó para evitar actos vandálicos. Este Diario solicitó una entrevista con Duarte el martes pasado y no recibió respuesta.
El sector de los transportistas ha conseguido del Gobierno varios beneficios entre subsidios y compensaciones. Entre ellos, la exoneración de aranceles en lubricantes y llantas, el Plan Renova y de chatarrización y la compensación del medio pasaje (ver infografía), principalmente.
Con estos aportes oficiales se cubre una parte del déficit del pasaje. La tarifa, de acuerdo con el estudio entregado en diciembre, debe ser de USD 0,38, con lo que hay una diferencia de 13 centavos por pasajero.
Con los subsidios y compensaciones se cubren 10 centavos por pasajero, pero quedan en deuda 3 centavos. Los transportistas afirmaron que el costo para adquirir y mantener una unidad es alto.
En el mercado los buses subieron de costo de USD 70 000 a USD 120 000.
Cada tres meses los dueños de los buses deben cambiar llantas. En el mercado el costo oscila entre USD 300 y 500 cada una. El Estado ayuda a que no paguen el IVA cuando importan. “No todos accedemos a ese beneficio, no todos importamos”. Además, al mes deben realizar dos cambios de aceite, a un costo de USD 130.
Para Guillermo Abad, de Justicia Vial, los egresos de los transportistas se deben a la inoperancia de las cooperativas. Por ejemplo, en las calles hay una sobreoferta de rutas, fuera de horas pico se observan buses que circulan vacíos. “Los ecuatorianos no podemos pagar por la ineficiencia”. ¿En qué se sustenta el poder de los transportistas?
Los Gobiernos son los responsables del poder que acumulan los dirigentes, destaca Abad. Por ejemplo, el Estado da la potestad a las federaciones para que administren beneficios gubernamentales como la exoneración de llantas. Los agremiados deben acudir a sus dirigentes para obtener hasta los formularios.
Una estrategia de los dirigentes es apoyar a los gobiernos de turno. “Ese poder conspira contra el mismo Régimen”.
Víctor Jiménez, de Covial, añade que el poder de los transportistas radica en que son sectores que significan votos para los políticos.
En el país hay 7 000 000 choferes profesionales. El 30% está en Quito. “Otra arma es que ellos se comprometen con los candidatos a facilitar la movilización para los mítines. La amenaza de paros es un tercer factor que les da poder, porque cuando se suspende el servicio de transporte se para la producción del país”.
Roque Sevilla, ex alcalde y ex concejal, recuerda que afrontó dos problemas fuertes con los transportistas. El primero, la conocida ‘marea amarilla’, cuando los taxistas paralizaron Quito y la segunda, cuando se oponían al trolebús y a las medidas para reducir las emisiones contaminantes. “Fue un enfrentamiento brutal”. La estrategia fue tener firmeza y hacer alianzas con la ciudadanía. Hicieron una campaña en busca de apoyo. “Nos dio resultados e introdujimos cambios que beneficiaron a la ciudad, como los buses tipo y el trolebús”.
Para el ex alcalde Paco Moncayo, los transportistas juegan con el poder que tienen, “saben que pueden paralizar la economía”. Reconoce que por muchos años no hubo autoridad municipal en el tema, porque los municipios no tenían esa competencia. “Ahora, es diferente”. Así, los dos dirigentes del transporte tienen una poderosa arma en sus manos.
Los dirigentes de Transporte Nacional
Jorge Yánez V.
Es transportista urbano desde 1973. Es fundador ypresidente de la operadora Translatinos.
José Santamaría
Es presidente de la Cámara de Transporte Urbano. También dirigió la Federación Nacional de Transporte Urbano.
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