El contrato para la revisión técnica vehicular fue prorrogado
Una agente de tránsito revisa los documentos de un conductor que acudió ayer al centro de revisión de Guajaló.
Desde hace año y medio, la revisión técnica vehicular se realiza con un contrato prorrogado. Este genera un vacío legal que debe ser zanjado por el Concejo Metropolitano para garantizar y mejorar este servicio especializado.
Por ahora, los desembolsos se están cumpliendo bajo convenios de pago, según el secretario de Movilidad, Guillermo Abad, mientras se define cómo se corregirá el problema.
Ahora, la entidad trabaja en un informe sobre el estado de la revisión vehicular y una propuesta para su futuro. Abad señaló que le entregarán el documento al alcalde Jorge Yunda en esta semana.
Los contratos con la empresa Danton SA y con el Consorcio ITLS vencieron el 31 de diciembre del 2017 y la Secretaría de Movilidad decidió extender una prórroga, aunque la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) es la administradora del contrato.
Esto se hizo pese a que ese documento no podía ser renovado de forma automática. El único paso dado hasta el momento para resolver este asunto fue proponer una reforma a la ordenanza que regula la revisión vehicular. Esta fue tratada en primer debate el 13 de diciembre del 2018 y la Comisión de Movilidad emitió su informe favorable para segundo debate en abril de este año.
Ahora, Yunda deberá decidir cuándo se tratará el tema. Además, la Secretaría de Movilidad buscará una solución en conjunto con la Procuraduría Metropolitana.
Según Abad, se debe fijar un cronograma de liquidación del contrato, que incluya un plan para solventar el servicio mientras eso ocurre. Y se deberá llamar a una licitación en la que podrían participar empresas externas o los operadores actuales. También se evalúa la posibilidad de que sea el mismo Municipio el que se encargue del servicio. Esto último no estaba considerado en el proyecto de reforma, pues el documento estaba orientado a autorizar que la prestación siga en manos privadas.
Para el exconcejal y exsecretario de Movilidad, Carlos Páez, la reforma a la ordenanza no es necesaria, porque con la que está vigente se puede trabajar en un nuevo proceso de contratación. Lo que sí recomienda a la actual administración es pedir a la Contraloría un examen especial sobre la extensión del contrato.
Para Páez, la Secretaría de Movilidad se habría arrogado funciones al aplicar la prórroga, pues el contrato es administrado por la AMT.
“A finales del 2017 no se licitó, esperaron un año y tampoco y se acabó la prórroga ilegal y como no se podía dejar a la ciudad sin la oferta, seguimos en una situación anormal. En el nuevo proceso se podían negociar mejoras en la calidad del servicio”, afirma.
El consultor en temas de movilidad Roberto Custode dice que esta coyuntura debería aprovecharse para actualizar el sistema e incluso el marco legal. La revisión técnica se realiza en Quito con el modelo vigente desde hace 17 años y cuando se inició, el Municipio no tenía las competencias del tránsito, por lo que las condiciones jurídicas han cambiado.
Custode cree que se puede tomar el ejemplo de Guayaquil, que tiene una plataforma informática de matriculación independiente de la nacional “por lo que el estándar de servicio es mejor”. Eso ha permitido que, por ejemplo, si alguien compra un vehículo en la mañana, por la tarde ya esté matriculado y pueda llevárselo. Con el sistema que se aplica ahora en Quito, ese proceso puede tomar una semana y en ciertos casos hasta supera el mes.
Si se unifican los sistemas, también se le ahorraría tiempo al usuario que acude a cumplir con sus obligaciones. Ahora, la revisión toma en promedio 10 minutos y el usuario debe salir del centro de revisión, estacionar su auto en la calle y luego hacer otra fila en una ventanilla de matriculación, lo que puede tomar entre 45 minutos y una hora. “En Guayaquil se sale con el auto matriculado al aprobar la revisión. Próximamente se podrá descargar el documento si se lo necesita, pero ya no va a ser necesario que entreguen nada al irse”.
Abad indica que ahora que se promueve la compra de vehículos eléctricos tanto para el transporte público privado y municipal como para los autos particulares, es importante contar con equipos que puedan medir la eficiencia de los vehículos eléctricos.
Agrega que deben diseñarse centros con más capacidad para estacionamientos y espacios cómodos que eviten que las vías cercanas se saturen por las filas para ingresar a la revisión y a la matriculación.
Estos cambios requerirían no solo de actualizaciones de software en los equipos, que le pertenecen al Municipio, sino una renovación de los mismos, además de remodelaciones o reubicación de los centros de revisión vehicular (ver mapa).
Ahora está en construcción uno en La Cristianía (norte), con 120 parqueaderos. Páez sugiere que se aplique una contratación que incluya a dos empresas, para que con la competencia mejoren su atención y que el nuevo centro se quede en manos de la AMT, en convenio con alguna universidad.
Los equipos de la revisión siguen funcionando, por lo que Custode plantea armarlos en las terminales terrestres de Carcelén y Quitumbe, para hacer chequeos aleatorios a los buses que salen desde allí.
