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Concurso para rutas divide a los transportistas en Quito

El servicio de transporte público se restableció en la capital desde ayer en la mañana. Foto: Patricio Terán / EL COMERCIO

Luego de haber paralizado el servicio por dos días, los transportistas de Quito salieron a trabajar ayer (12 de mayo del 2021), tras llegar a un acuerdo con el Municipio que contempla la realización de mesas de diálogo.

El alcalde Jorge Yunda dijo que se llegó al consenso sin dejar de lado el cumplimiento de los 28 indicadores de los parámetros de calidad que los buses deben cumplir para poder subir el pasaje a USD 0,35, y sin suspender el concurso de rutas y frecuencias; dos de las medidas que la Cámara de Transporte (gremio que lideró el paro) rechazó.

Tanto los parámetros como el concurso están normados en la Ordenanza del Sistema Integrado de Transporte vigente desde el 3 de diciembre del 2020. Cinco meses después, esos reparos llegaron a la Comisión de Movilidad.

Ayer 12 de mayo del 2021, la mesa recibió a Jorge Yánez, dirigente de la Unión de Operadoras de Transporte Urbano de Quito, que aglutina a 18 operadoras, y a José Santamaría, presidente de la Cámara, que representa a 56 empresas. Hay división entre ellos.

Yánez, quien representa a los transportistas que no plegaron al paro, está de acuerdo con el concurso, pero plantea que hay que hacer ajustes a los términos del proceso.

Santamaría, en cambio, sostiene que un concurso para entregar las rutas contraviene sus derechos y la Ley de Transporte Terrestre. El argumento de la Cámara es que la normativa no contempla a los concursos públicos como un mecanismo para asignar las rutas y frecuencias.

En la sesión, la edil Mónica Sandoval explicó que el concurso tiene base en el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial (Cootad). Esa normativa dice en su artículo 283 que se podrá delegar un servicio público y la selección se hará con un concurso público.

Los integrantes de la Comisión apelaron a un mejor diseño del proceso y apoyaron la realización del concurso. Omar Cevallos recordó que la elaboración de la Ordenanza tomó un año y medio y se escuchó a todos los sectores, incluido el transporte.

En ese escenario, el secretario de Movilidad, Guillermo Abad, reiteró que lo único que el Municipio puede hacer es cumplir con la normativa aprobada. Eso aplica tanto para el incremento de las tarifas como la realización del concurso. Dijo que de todas formas se escuchará los planteamientos de los transportistas.

El tiempo no está a favor del gremio ni del Municipio. La misma Ordenanza establece que el concurso debe concluir el 30 de junio. Es decir, resta un mes y medio para esa tarea.

¿Por qué es importante la reestructuración de rutas? El eje central del Sistema Integrado será el Metro. La reingeniería está pensada para alimentar de pasajeros a ese sistema que operará de forma comercial desde febrero del 2022.

La Ordenanza también establece cambios para la gestión de las operadoras. Por ejemplo, los dueños de los buses deben delegar su operación a la empresa. Así, según Abad, la gestión no dependerá de la voluntad de una persona. Ese paso, dijo, es uno de los que más les cuesta a los transportistas.

La normativa también concibe el sistema integrado de recaudo que implica la gestión y distribución de los ingresos, lo que se conoce como caja común. Además, contempla mecanismos electrónicos para el pago del pasaje.

El Alcalde dijo que en las mesas de trabajo se analizarán temas como los plazos para el cumplimiento de los indicadores de calidad. Sin embargo, ese plazo ya venció en marzo pasado y se optó por permitir el alza de pasajes a cada operadora según el cumplimiento.

Santiago Guarderas, presidente de la mesa, sugirió que, si los transportistas encontraban fallas, planteen el inicio del procedimiento legal para una eventual reforma. Mientras eso ocurre, dijo, es una norma vigente y, por lo tanto, todos deben cumplirla.