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Una diferencia en la capacidad de carga de los camiones y observaciones sobre sus componentes forman parte de los hallazgos que la Comisión de Fiscalización examinará en la compra de seis recolectores de basura para Quito. Un examen especial de la Contraloría estimó un presunto perjuicio económico de 786 923 dólares e identificó posibles irregularidades en el proceso.
La noche del 29 de octubre de 2026, la comisión inició la fiscalización de la adquisición de los vehículos de la Empresa Pública Metropolitana de Aseo (Emaseo EP). La mesa legislativa avocó conocimiento de la resolución que aprobó el Pleno de la Asamblea el 20 de octubre y que le encargó investigar la compra.
El legislador Fernando Jaramillo, de Acción Democrática Nacional (ADN) e impulsor de la fiscalización, señaló que el examen de Contraloría reportó presuntos incumplimientos de las especificaciones técnicas y problemas de funcionamiento de los camiones. También mencionó posibles perjuicios económicos vinculados con la adquisición.
De acuerdo con la información expuesta por Jaramillo, los vehículos debían tener una capacidad de carga de 3,5 toneladas, pero el examen habría verificado 3,09 toneladas. Entre las observaciones también constan inconsistencias en los chasis, la potencia de los motores, el sistema de frenos y los números de identificación vehicular.
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— Asamblea Nacional del Ecuador (@AsambleaEcuador) October 30, 2026
La revisión deberá considerar, además, la falta de una evaluación técnico-mecánica integral antes de que Emaseo recibiera los automotores. El proceso buscará determinar si la compra cumplió los requisitos técnicos y legales aplicables y establecer las responsabilidades que correspondan, de existir.
Para reunir documentación sobre la adquisición, la Comisión aprobó una moción que solicita al Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) y a la Contraloría los expedientes de las etapas precontractual y contractual. Las instituciones tienen diez días para entregar la información requerida.
La moción obtuvo seis votos a favor, de Bruno Pino, María Paula Villacreses, José Nango, Fabiola Sanmartín, Luigi García y Jimmy Erazo, de ADN y sus aliados. Amable Chica, Marcia Ortiz, Ana Herrera y Nanki Saant, de la Revolución Ciudadana (RC), votaron en contra.
María Paula Villacreses, presidenta encargada de la comisión, adelantó que la mesa definirá una agenda de trabajo en las siguientes sesiones. La planificación incluirá comparecencias de autoridades de las entidades involucradas y la participación de profesionales con experiencia en contratación pública, ingeniería automotriz y funcionamiento de camiones recolectores.
Una vez que reciba la información solicitada, la Comisión tendrá 30 días para aprobar un informe. El Pleno de la Asamblea deberá conocerlo y debatirlo.