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La suspensión temporal de clases por la falta de agua potable en varias parroquias del valle de Los Chillos no solo modificó la jornada escolar en Quito. Entre el 2 y el 5 de junio de 2026, 121 instituciones fiscales, municipales, particulares y fiscomisionales entraron a clases virtuales.
La disposición impacta a más de 30 000 estudiantes y cerca de 2 400 docentes. La falta de agua limita el funcionamiento regular de los planteles, sobre todo en servicios sanitarios, limpieza y otras actividades necesarias para la jornada escolar.
Algunas instituciones incluidas en el listado pueden mantener actividades presenciales si cuentan con cisternas, sistemas de almacenamiento o mecanismos propios para garantizar el abastecimiento. Por eso, cada familia debe verificar las disposiciones directamente con su plantel.
Lizbeth Toro, máster en Intervención Psicosocial y Comunitaria y psicóloga clínica, señala que el paso temporal a la virtualidad puede generar dificultades importantes, especialmente en los primeros años de escolarización.
La especialista explica que los niños todavía no han desarrollado habilidades de autorregulación, autonomía y atención. Eso influye en su capacidad para organizarse frente a las actividades escolares.
Toro sostiene que la presencia de un adulto permite supervisar el cumplimiento académico, brindar apoyo emocional y resolver problemas académicos o tecnológicos. Cuando no existe ese acompañamiento, pueden aparecer disminución de la participación, dificultades para seguir instrucciones, ausentismo, cambios en la rutina, frustración, ansiedad y riesgo de rezago académico.
Cristina Poveda, psicóloga clínica, plantea que la experiencia puede variar según la edad. En niños pequeños, la ausencia de un adulto suele traducirse en dificultades para sostener la atención, seguir instrucciones o resolver problemas durante la jornada escolar. En adolescentes, el desafío se relaciona más con la autogestión del tiempo, la motivación, la procrastinación y las distracciones.
Ariana Herrera, psicóloga clínica, indica que no existe una única realidad para todas las familias. Según su criterio, el impacto depende de los recursos y redes de apoyo de cada hogar. Una familia con acceso a internet, dispositivos y una persona adulta disponible enfrenta una situación distinta a una familia que no cuenta con esas condiciones.
Toro considera que la viabilidad de una jornada virtual sin supervisión es limitada, especialmente entre los cinco y ocho años. A esa edad, los estudiantes requieren apoyo para conectarse, comprender consignas, organizar materiales, resolver dificultades técnicas y mantener la atención.
La especialista agrega que la autonomía escolar se desarrolla de manera progresiva y no puede asumirse como una capacidad consolidada en todos los niños. También advierte que estas jornadas pueden dificultar el cumplimiento de adaptaciones curriculares cuando un estudiante las necesita.
Poveda señala que, en los primeros años de educación básica, es poco realista esperar que un niño pueda sostener por sí solo una jornada virtual completa. La psicóloga precisa que esto no significa que un adulto deba permanecer sentado junto al niño durante toda la clase, pero sí que exista alguien disponible para ayudar a organizar tiempos, verificar actividades y brindar apoyo cuando surjan dificultades.
Herrera también considera poco viable que un niño de básica siga una jornada virtual sin supervisión, especialmente en los primeros años escolares. Desde su análisis, los niños más pequeños todavía construyen habilidades como autorregulación, organización de tareas y mantenimiento de la atención durante periodos prolongados.
La psicóloga añade que gran parte del aprendizaje en estas edades ocurre mediante interacción directa, exploración y acompañamiento de otras personas. Por eso, la virtualidad exige niveles de autonomía que muchos niños aún no han desarrollado.
Herrera advierte que, cuando los niños permanecen solos en casa, aumentan factores de riesgo. Según la psicóloga, no solo puede afectarse su participación en las actividades escolares, sino también su bienestar y seguridad.
La especialista también menciona que el acceso a internet sin supervisión puede exponer a los niños a contenidos inadecuados para su edad. Por eso, considera que la modalidad virtual debe tomar en cuenta que no todas las familias tienen las mismas posibilidades para sostenerla.
Toro señala que, en el contexto local, muchos niños pueden quedarse solos o bajo el cuidado de familiares que tampoco cuentan con disponibilidad para acompañar el proceso educativo.
Poveda plantea que algunas familias deben salir a trabajar y no tienen la posibilidad de acompañar a sus hijos durante la jornada escolar. Para la psicóloga, la responsabilidad de sostener la continuidad educativa no debería recaer exclusivamente sobre los hogares.
Toro plantea que las instituciones pueden implementar actividades asincrónicas, proporcionar recursos digitales de consulta posterior, grabar clases cuando sea posible, priorizar contenidos esenciales, mantener comunicación permanente con las familias, realizar seguimiento individualizado y coordinar apoyos comunitarios para estudiantes en situación de vulnerabilidad.
Poveda menciona medidas como grabar clases para revisión posterior, priorizar actividades esenciales en lugar de sobrecargar con tareas, ofrecer canales de comunicación accesibles para resolver dudas, flexibilizar plazos de entrega durante la emergencia y ofrecer acompañamiento pedagógico adaptado a las distintas edades.
Herrera señala que lo primero debería ser identificar cuántas familias se encuentran en esta situación y cuáles son las barreras específicas que enfrentan. Según la psicóloga, las respuestas no pueden ser iguales para todos los casos.
La especialista propone considerar kits con materiales físicos para trabajo autónomo, flexibilización de actividades y plazos, grabación de clases para quienes no puedan conectarse en tiempo real, canales de comunicación permanentes con las familias y coordinación con redes comunitarias, gobiernos autónomos descentralizados y colectivos.
Herrera sostiene que ninguna medida temporal debería terminar excluyendo a estudiantes por condiciones económicas, laborales o familiares que están fuera de su control.
Toro explica que una emergencia como los cortes de agua puede alterar hábitos de estudio, continuidad pedagógica y estabilidad emocional. Desde su criterio, los niños necesitan rutinas relativamente consistentes para favorecer su aprendizaje, regular su conducta y sostener hábitos escolares.
La psicóloga agrega que las escuelas no solo cumplen una función académica. También cumplen una función estructurante porque proporcionan horarios, normas y espacios de interacción social.
Poveda señala que, en niños pequeños, la falta de acompañamiento suele reflejarse en dificultades para seguir la rutina escolar, comprender consignas o mantener la atención durante las actividades.
En adolescentes, según Poveda, el efecto puede ser menos visible, pero también relevante. La ausencia de supervisión puede favorecer la desorganización de horarios, una menor participación en clases o una disminución en el cumplimiento de responsabilidades académicas.
Herrera indica que la interrupción de la presencialidad puede afectar los procesos de aprendizaje y las rutinas que aportan estructura y seguridad en la infancia. También señala que estas situaciones suelen incrementar el estrés familiar, porque muchas madres, padres y cuidadores deben seguir trabajando mientras responden a nuevas demandas educativas.
Toro considera que el sistema educativo debe reconocer las realidades familiares, implementar medidas flexibles, ofrecer apoyos diferenciados según la edad de los estudiantes, evitar trasladar completamente la responsabilidad educativa a los hogares, coordinar acciones con otros sectores y garantizar el derecho a la educación en condiciones equitativas.
Poveda plantea que las decisiones educativas ante una emergencia deberían considerar no solo los contenidos académicos, sino también las realidades de las familias. Para la psicóloga, no todas tienen disponibilidad de tiempo, acceso a tecnología o redes de apoyo.
Herrera sostiene que el cuidado y la educación son responsabilidades compartidas entre el Estado, las instituciones educativas, las comunidades y las familias. Desde su criterio, no es realista ni equitativo asumir que todos los hogares pueden absorber de manera inmediata las funciones que normalmente cumplen las escuelas.
La psicóloga añade que, antes de implementar medidas de virtualidad, se debería evaluar su impacto en las familias, especialmente en aquellas que enfrentan mayores dificultades económicas o laborales.
Las respuestas, según Herrera, deben incluir apoyos concretos, flexibilidad y estrategias diferenciadas para garantizar la continuidad educativa sin generar cargas desproporcionadas para quienes ya se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad.
Información extra: Quito
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