En la avenida Napo, en el sur de Quito, es común ver las ‘carreras’ entre transportistas que se disputan pasajeros. Foto: Vicente Costales / EL COMERCIO
El monto de las compensaciones a los transportistas (que puede llegar hasta USD 1 000 por mes) dependerá del cumplimiento de 32 requisitos. Con estos se evaluará el servicio, las rutas, la seguridad, el sistema de cobro, entre otros campos.
Es una tarea difícil teniendo en cuenta la realidad del transporte en el Distrito. Basta ubicarse en dos avenidas del sur de la ciudad, para evidenciar esta realidad: Maldonado y Mariscal Sucre.
Competencias, irrespeto a las paradas y a los semáforos, buses saturados se presentan constantemente. Entre las 13:30 y las 13:47, es decir 13 minutos, en las paradas ubicadas en ambos lados de la avenida Maldonado, a la altura de Tanasa, se registraron 10 infracciones por parte de conductores de buses urbanos, incluso de alimentadores.
En el tramo de la av. Napo, entre la av. Alpahuasi y la Pasteurizadora Quito, desde las 18:20 hasta las 19:20, las infracciones fueron 23, en las dos paradas ubicadas en sentido norte-sur.
La situación es similar en La Marín, las avenidas Gran Colombia, 12 de Octubre, De los Shyris, Eloy Alfaro y las panamericanas Norte y Sur. La autopista de Los Chillos y la av. General Enríquez son escenarios similares. En algunos casos, las infracciones ocurren frente a los agentes de tránsito.
Los colectivos se pronuncian sobre el tema. Diego Hurtado, de la Asociación de Peatones de Quito y Javier Escobar, del grupo Ciclistas Urbanos de Quito, aseguran que si el sistema de transporte mejora, las personas podrían optar por dejar el auto en casa y descongestionar la vía. Para esto, es necesario, por ejemplo, mejorar la infraestructura de las paradas.
Para Hurtado, la clave está en el respeto y el buen trato. Los usuarios deben tener el tiempo necesario para abordar la unidad y deben hacerlo únicamente cuando el bus se haya detenido por completo, para evitar caídas y accidentes… La velocidad del bus debe ser constante. No debe viajar excesivamente lento o rápido.
Un punto clave es que, en el menor tiempo, el control esté en manos de un tercero, para garantizar una evaluación técnica y apegada a la realidad.
Jorge Yánez, presidente de la Cooperativa Translatinos, mencionó que cada empresa deberá organizarse para exigir que los choferes cumplan con los acuerdos. “La peor sanción será no recibir la compensación económica”.
Para controlar que los índices de calidad se cumplan está previsto incluir en los contratos de operación los 32 parámetros técnicos que se evaluarán. Este documento tendía un carácter vinculante para ambas partes (transportistas y Municipio), explicó Daniela Chacón, vicealcadesa quien presidió la revisión de tarifas de los pasajes.
Otro de los ejes en los que se trabajará es la creación de una unidad que fiscalizará el servicio. Esta entidad será parte de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT). En esta laborarán 100 agentes civiles. Los controles serán aleatorios. Se acudirá a los sitios de despacho, vías y operadoras.
Las inspecciones se harán cada mes. Sin embargo, los recursos económicos, entre cero y USD 1 000, se entregarán cada tres meses a las operadoras. Estas distribuirán los montos a los socios que cumplieron con los índices establecidos.
La ciudadanía supervisará también el servicio que se prestará en la ciudad. Con los colectivos sociales que participaron en las mesas de diálogo se conformará una veeduría. Más adelante se habilitará una página web y una línea telefónica para recibir denuncias. Además, se expondrá en este espacio a las operadoras que cumplieron los requerimientos de calidad establecidos.
Para el edil Eduardo del Pozo (Movimiento Creo), quedan dudas por esclarecerse como el subsidio planteado. “Habrá que analizar si se requerirá una reforma del presupuesto y en qué rubros se va a dejar de invertir. No se ha hecho llegar información a los ediles ni sobre el método de evaluación para establecer el subsidio.
El Concejo Metropolitano debe aprobar el acuerdo.