Casos de nepotismo en Municipio de Quito revela informe de Contraloría

Un examen especial de la Contraloría General del Estado a los procesos de selección, designación y nombramiento de servidores dentro del Concejo Metropolitano y en la Alcaldía de Quito reveló casos de nepotismo y otras acciones en cuanto al pago de remuneraciones.

El examen se realizó dentro del periodo de agosto de 2017 al 31 de mayo de 2022.

Entre los resultados que fueron hallados tras el examen están:  nepotismo entre miembros del Concejo Metropolitano con funcionarios, directivos y servidores municipales; contratación de funcionarios directivos, fuera del límite legal permitido (asesores para la Alcaldía, en exceso; y asesores de concejales metropolitanos, en exceso).

Resultado del examen especial

El documento detalla que familiares de los concejales Orlando Núñez, Mónica Sandoval, Fernando Morales, Soledad Benítez, Andrea Hidalgo y Heidi Moreno ingresaron a trabajar en el Municipio de Quito mientras ejercían sus funciones.

Uno de los concejales señalados en el examen es Fernando Morales. Él en una entrevista con FM Mundo señaló que cuando se enteró de que su pariente estaba trabajando para la municipalidad, emitió un oficio a recursos humanos para que sea revisada esta situación.

Negó que él haya gestionado dicho cargo. “La Contraloría a mí como persona no me observa, sí me nombra por el parentesco, pero en las conclusiones y recomendaciones no está mi nombre”, dijo.

Aseguró que sus parientes lejanos estuvieron contratados como talleristas y ninguno como rango directivo.

Entre los parentescos que se determinaron con los funcionarios están cuñados, primos e hijos.

Por ejemplo, es el caso del hijo de la concejal Benítez, quien trabajaba con una remuneración de USD 3 000 mensuales entre el 2017 y 2018. Y de esta misma concejal existen más familiares que ingresaron en calidad de ‘servidor municipal’.

El examen especial revela que las remuneraciones de los familiares empleados en el Municipio de Quito bordeaban entre los USD 800 y USD 3 000.

También, el informe explica que los funcionarios contratados aseguraron “no encontrarse incurso en nepotismo e inhabilidades y prohibiciones previstas en la Constitución de la República y el ordenamiento vigente”.

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