El alcalde Augusto Barrera pidió algunas reconsideraciones al nuevo Código Penal Integral, cuyo primer debate se realizó ayer. También aprovechó para insistir en que se acojan las propuestas ciudadanas presentadas en septiembre pasado.
En el Pleno de la Asamblea dijo que se debe especificar la forma como se sancionarán las infracciones. También determinar los métodos para que la sociedad pueda probar un ilícito.
En el caso de la cachinería indicó que no es adecuado que para que se llegue a sancionar el delito, la Fiscalía deba probar que el procesado tenía conocimiento que los bienes que comercializaba eran robados. “Nunca el cachinero lo va a asumir. Resulta ilógico”.
Otro aspecto que pidió sea reconsiderado es la metodología que se emplea en la tipificación de infracciones penales. Específicamente se refirió a la violación de sellos, prevista en el art. 272.
Allí se plantea que la autoridad pública compruebe materialmente que alguien violó los sellos. Para Barrera, lo correcto es rectificar los tipos penales existentes para que el control administrativo sea respetado. Así, el desacato de una orden de la autoridad debe constituir contravención y su reincidencia un delito flagrante, sin la necesidad de comprobar quién rompió los sellos.
Sobre el daño al bien público o patrimonial, dijo que es fundamental consolidar las herramientas que permitan tipificar las contravenciones. “Nos parece que no está suficientemente estructurado este tema en el proyecto”.
En el tema del tráfico de drogas habló de insólito que pueda establecerse una lógica permisiva de peso y uso en espacios públicos.
El uso y la comercialización pueden causar problemas de degradación de sectores por el microtráfico. “La línea divisoria entre quienes venden y consumen es muy débil”, agregó.
Barrera agradeció a la Comisión de Justicia, que elaboró el proyecto, por haber incluido algunas de las propuestas que entregó el Municipio.
Entre ellas, destacó la tipificación de nuevas conductas como el sicariato, la defraudación con tarjetas de crédito y débito, la apropiación fraudulenta por medios electrónicos, el coyoterismo, la falta de prestación de servicios de salud en casos de emergencia, el lavado de activos y la responsabilidad penal.