En la av. Napo (en el sur), el chofer de un bus cometió el pasado martes 23 de julio de 2019 una infracción al cruzar a otra unidad para ganar pasajeros. Foto: Patricio Terán / EL COMERCIO
Está previsto que el próximo miércoles 31 de julio de 2019 la Secretaría de Movilidad entregue a la Comisión respectiva del Concejo, el proyecto de ordenanza que contempla el alza del pasaje a USD 0,35 y una exigencia para que los transportistas mejoren la calidad del servicio.
Guillermo Abad, secretario de Movilidad, indica que uno de los condicionamientos que se plantea por parte de la Secretaría es que se reviertan todos los contratos de operación vigentes y que se firmen nuevos convenios entre la Municipalidad y los transportistas.
Jorge Yánez, presidente de la Unión de Operadoras de Transporte Urbano de Quito, dice que el gremio está de acuerdo y admite que en los contratos actuales no se contempla el cumplimiento de parámetros de calidad. Explica que los nuevos contarán con cláusulas que los transportistas deberán cumplir.
Los nuevos documentos especificarán derechos y obligaciones de las partes involucradas. Por ejemplo, la autoridad se comprometerá a brindar un adecuado sistema de semaforización, a implementar un correcto plan de paradas, a mantener las vías de circulación en buen estado. Incluso a crear corredores exclusivos para el transporte público.
El usuario deberá comprometerse a respetar el pago de la tarifa establecida, a no dañar los vehículos, a respetar las paradas, entre otros aspectos.
Los transportistas, en cambio, deberán cumplir con las frecuencias, rutas y horarios. Además, tendrán que brindar los beneficios de ley establecidos a los trabajadores, afiliarlos y, sobre todo, dar buen trato al pasajero, lo que incluye eficiencia, eficacia y cumplimiento de 40 estándares de calidad en el servicio.
Yánez admite que no todos los dueños de buses estarán dispuestos a asumir esa responsabilidad y que, en esos casos, el Municipio puede abstenerse de firmar esos contratos.
Los nuevos acuerdos obligan a los transportistas a implementar un sistema electrónico de recaudo regulado por el Municipio, con el funcionamiento de una caja común. Así, los ingresos serán distribuidos equitativamente entre los transportistas, con lo que se evitarán los correteos entre unidades para ganar pasajeros.
De concretarse la firma de los nuevos contratos, Quito sería el primer Municipio del país en implantar esta cláusula exigida por la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.
Según el Secretario de Movilidad, el nuevo contrato le permitirá al Cabildo evaluar la gestión del sector del transporte y si no cumple con estos parámetros se podrá revertir el mismo. Se hará uso de herramientas tecnológicas para, por ejemplo, saber a qué velocidad viaja una unidad, si un bus cambió los frenos en el tiempo previsto y más.
El informe en el que se basó la propuesta de ordenanza se pulió en tres talleres técnicos entre el Municipio y representantes del transporte.
Yánez indica que se analizaron cuatro estudios técnicos: dos realizados por empresas extranjeras, uno ejecutado por los técnicos de la Secretaría y un cuarto financiado por el gremio. Todos coincidían en la necesidad de revisar la tarifa.
Según el dirigente, la normativa debería, además, especificar cada cuánto tiempo se deberá volver a analizar un reajuste tarifario, de conformidad con los índices inflacionarios. Es decir, el costo del pasaje debería subir o bajar, conforme la situación económica.
El gremio propone que para evitar el juego de intereses políticos en el alza del pasaje, una alternativa es que se le entregue la facultad de decidir al Secretario de Movilidad, quien con criterio técnico, podría tomar la decisión más acertada.
Eduardo del Pozo, miembro de la Comisión de Movilidad, explica que la ordenanza que permitía la entrega de la compensación económica a los transportistas finaliza en julio, por lo que es fundamental que antes de que termine el mes, se apruebe una medida al respecto, ya sea el alza del pasaje o una nueva compensación.
Una vez que el proyecto llegue a la Comisión, el informe será analizado, ajustado, y luego pasará a manos del Concejo.
Alfredo Viteri, experto en movilidad, considera que el proyecto debió ser analizado por la comisión meses atrás para poder hacer los ajustes necesarios. “Hoy, el Concejo está a contrarreloj y el tema debe tratarse de manera urgente, lo que debilita el debate. Debe primar la calidad del servicio”.