10 de septiembre de 2018 10:32

Una unidad judicial especializada recibe casos de violencia a la mujer

Durante las 24 horas del día, hijos de víctimas son cuidados en un espacio lúdico. Foto: Mariela Rosero/ EL COMERCIO

Durante las 24 horas del día, hijos de víctimas son cuidados en un espacio lúdico. Foto: Mariela Rosero/ EL COMERCIO

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Redacción Sociedad

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Con huellas de golpes o con relatos de maltrato psicológico llegan mujeres a las que sus parejas ese día les agredieron físicamente o como otras veces les dijeron que no sirven para nada. Esos casos, desde hace una semana, los recibe la Unidad Judicial para infracciones flagrantes de violencia contra la mujer.

El segundo piso de ese espacio, en la Patria y 9 de Octubre, en Quito, ha sido adecuado para dar una respuesta más oportuna. En el lugar disponen de una sala de primera acogida. Y durante las 24 horas, en turnos, atiende una gestora, que recibe e informa derechos, saca copias, etc. Amanda Muñoz hace esa función y recuerda que en esa Unidad se busca evitar la revictimización y acortar tiempos de espera. Que no sean de 8 a 16 horas sino dos.

Por ello, la Unidad cuenta con un psicólogo forense, una médica legista y un trabajador social. Y un sitio lúdico, para los niños. Así como abogados de la Defensoría Pública. Claro, jueces y fiscales de turno.

Estos últimos califican la flagrancia, si la lesión provoca incapacidad por tres días es contravención, si es un delito que requiere mayor investigación... Gissela Cifuentes, psicóloga forense, conversa con la mujer, le pregunta sobre su entorno familiar y social, estilo de vida y explora lo relacionado al presunto delito.

La médica legista, Natalia Fajardo, relata que tras firmar el consentimiento informado, se procede a levantar la historia. Se le proporciona una bata para el examen físico y se fotografían moretones, rasguños, heridas de arma blanca. Toman muestras de sangre y orina, de fluido seminal y proteína P30. Eso en caso de violaciones o abuso sexual.

La meta es que este modelo de atención a las víctimas, que empezó a funcionar desde el lunes 3 de septiembre en Quito, se replique en todo el país hasta el 2019.

Lo apunta la abogada Zobeida Aragundi, vocal del Consejo de la Judicatura, que ha impulsado este proyecto. De esta forma, recalca, se avanza en el cumpliendo de la Ley para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres y su reglamento, emitido en mayo.

Aragundi adelantó que en Guayaquil, Cuenca y Ambato hay planes para seguir los pasos de Quito. Pero señaló que ya con el apoyo del Ministerio del Interior, en las comisarías de Policía y en las tenencias políticas se deben extender medidas de protección administrativa a las mujeres y niños.

Queremos -reiteró- que las mujeres en el lugar más recóndito puedan acudir a un sitio cercano a pedir medidas de protección, que frenen maltratos y femicidios.

También recalcó que el sistema de protección integral es perfectible. Y cuenta con el apoyo del Ministerio del Interior, Fiscalía, Defensoría Pública y Defensoría del Pueblo.

Según el Reglamento de la ley, la Policía Nacional debe acudir de inmediata ante una alerta generada por una llamada al 911, botón de seguridad, patrujalle. ¿Cuál es su papel? Deben acompañar a la víctima, aprehender al agresor, si es un caso de flagrancia.

Janeth Chauvín es la jueza de esta unidad especializada. Ha trabajado en flagrancia durante siete años. Es trascendental -anota- visualizar violaciones, abusos sexuales, femicidios y más delitos que se cometen en contra de las mujeres. “Urgía darles atención prioritaria”.

Hasta agosto, una víctima de maltrato que llegaba a Flagrancias debía esperar a ser atendida junto a implicados en un asalto, una pelea callejera y otros delitos. La Jueza recuerda que hay abogados de acusados de violación que cuestionan a la víctima por llevar minifalda. Por ello, la vocal Aragundi repite que se requiere que jueces especializados trabajen en violencia de género.

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