En Quito hay 2750 unidades de transporte público. Foto: Galo Paguay/ EL COMERCIO.
Los acuerdos de la negociación, entre los transportistas y el Municipio, para fijar el precio del pasaje del servicio de buses convencionales serán oficializados esta semana. El alcalde Mauricio Rodas anunció que durante los primeros días de enero se conocerán detalles de los compromisos alcanzados.
En el Cabildo y el gremio del transporte se maneja el tema con reserva. La mesa técnica en la que se analizaron los costos de operación en los que incurren los propietarios de las unidades se hizo entre autoridades del Municipio y dirigentes del servicio de buses urbanos.
A lo largo del proceso, que se inició en octubre del 2014, las reuniones para definir la tarifa fueron presididas por Daniela Chacón, vicealcaldesa.
Se trabajó en cuatro ejes: participación ciudadana, nivel de calidad del servicio, sistema integrado de recaudo y costos de operación. Inicialmente se recibió a colectivos ciudadanos para que planteen propuestas para mejorar el transporte. Hubo 50 representantes de la ciudadanía y 200 sugerencias para optimizar el servicio.
Durante el proceso participaron también el alcalde Mauricio Rodas; Jean Pol Armijos, secretario de Movilidad; Darío Tapia, director de la Agencia Metropolitana de Tránsito; Jorge Yánez, presidente de la Corporación de Movilidad del Transporte Urbano de Quito; José Santamaría, presidente de la Cámara de Transporte del Distrito Metropolitano; Héctor Guevara, presidente del Corredor Central Norte; Miguel Aguilera, presidente del Grupo de Operadoras del Norte; Jorge Yánez Romero, Santiago Mogrovejo y Carlos Poveda, como asesores técnicos de los transportistas.
La negociación concluyó a fines del 2014. Jorge Yánez mencionó que el 29 de diciembre se ‘sacramentaron’ todos los acuerdos. Las reuniones sirvieron, incluso, para suscribir una agenda (permiso provisional) que autoriza la operación de las unidades en el Distrito.
El dirigente expresó que la información sobre los acuerdos será difundida en una rueda de prensa conjunta entre el Burgomaestre y los transportistas.
Extraoficialmente se conoce que entre los alcances de los compromisos estaría mantener el precio del pasaje en USD 0,25, la media tarifa en 0,12 y un valor especial para las personas con discapacidad. Esta medida se la aplicaría durante dos años aproximadamente. En este lapso se deberá implementar cambios para mejorar el servicio de transporte urbano.
En las 2 750 unidades de transporte masivo que circulan en la ciudad, se deberá consolidar la caja común, se tendrá que instalar un sistema integrado de recaudo. Los conductores recibirán capacitación periódicamente y la infraestructura (paradas) se intervendrá. Chacón informó que se hará un seguimiento para comprobar que se cumpla lo acordado.
Este Diario conoció que para cubrir la diferencia del pasaje real, que estaría en alrededor de USD 0,33, el Cabildo entregaría compensaciones económicas. En el 2012 el Gobierno Nacional puso en práctica esta medida para reconocer el faltante del medio pasaje (0,12). A cada propietario de las 2 750 unidades se entregaban entre USD 350 y 600 mensuales. En promedio eran alrededor de USD 11,5 millones anuales. Con este monto como referencia se podría adquirir 37 articulados nuevos o 14 trolebuses.
Tomando en cuenta este panorama, la entrega de recursos públicos por parte del Municipio a los transportistas tendría implicaciones, sostuvo Marío Villagómez, docente en Economía del Transporte de la Universidad Católica del Ecuador. En el servicio de transporte urbano la evasión bordea el 40%. Esto implica que no todo el dinero recaudado es entregado a los propietarios de las unidades, sino que hay un desvío de los recursos obtenidos.
Por eso, Villagómez recomendó resolver primero este problema, porque caso contrario se genera una deficiencia económica y no se contaría con recursos para nuevas obras. “En la práctica da lo mismo subir los pasajes o entregar subsidios. En ambos se destinan recursos de la ciudadanía”.
En el posible escenario que el gremio del transporte reciba compensaciones por parte del Municipio, según Villagómez, se estaría entregando dinero por un servicio que tendría las mismas características. Las mejoras son un proceso que se consolidarán con el tiempo.
Para Carlos Páez, concejal de Alianza País, la optimización de este servicio requiere de continuidad. La caja común está implementada desde fines del 2013, pero cuestionó que no se ha hecho un seguimiento por parte de la administración actual. “Durante la gestión municipal anterior se trabajó para modernizar el transporte público, reorganizar las rutas. Pero en lugar de avanzar se dejo una laguna”.