El inicio de la audiencia de juicio de 11 de los 13 procesados, entre ellos el excontralor Pablo Celi, se difirió por cuarta ocasión. Mañana, viernes 18 de marzo del 2022, podría instalarse el trámite.
La diligencia estaba prevista a las 15:00 del pasado lunes 14 de marzo del 2022, en la Corte Nacional de Justicia, en el norte de Quito. Sin embargo, no se instaló por pedido de David Vaca, abogado de Esteban Celi, hermano del excontralor y uno de los procesados en este caso
Vaca envió al alto Tribunal un certificado médico, emitido por el Ministerio de Salud Pública. Ese documento establece que el defensor sufrió un esguince en el tobillo derecho y por lo tanto necesita reposo médico.
Durante la audiencia, Esteban Celi explicó que Vaca es su único abogado y rechazó ser patrocinado por un defensor público.
En cambio, la fiscal general, Diana Salazar, criticó el pedido de diferimiento del abogado de Esteban Celi. Ella dijo que el esguince no le impedía conectarse vía telemática a la audiencia. Ella pidió que se imponga una sanción al abogado por no comparecer a la diligencia.
Sin embargo, el Tribunal aceptó el pedido de diferimiento y fijó una nueva fecha para instalar el juicio.
¿Cuál es la nueva fecha?
De forma unánime, los magistrados Walter Macías, Mauricio Espinosa y Adrián Rojas convocaron a la audiencia de juicio para el próximo 18 de marzo del 2022, a las 09:00, en la Corte Nacional.
Ese sería el quinto intento por instalar la cita judicial. El 15 y 21 de febrero, así como el 3 de marzo pasado, la audiencia fue suspendida. Todo ocurrió por problemas en la conformación del Tribunal de Juicio de la Corte Nacional.
Un juicio a contrarreloj
Falta menos de un mes para que caduque la prisión preventiva de Pablo Celi, su hermano Esteban y Luis Agusto, hermano del exsecretario de Presidencia y la fase de enjuiciamiento aún no arranca.
El próximo 13 de abril del 2022 caducará la prisión de los tres procesados. Ellos fueron recluidos en la Cárcel 4 de Quito el 13 de abril del 2021
El artículo 541 del Código Integral Penal establece que la prisión preventiva no puede exceder el plazo de un año en los delitos con penas superiores a cinco años, como en el caso de la delincuencia organizada.
Si hasta esa fecha no existe una sentencia sea a favor o en contra de los procesados, los tres detenidos podrán recuperar su libertad.
Número de evidencias
La Fiscalía, la Procuraduría, Petroecuador y los procesados solicitaron la comparecencia de 298 testigos y 67 peritos durante la etapa de juzgamiento. Además, el expediente cuenta con 773 carpetas con documentos y evidencias recopiladas durante la fase de investigación
El Tribunal tendrá que analizar las pruebas a favor y en contra de los procesados y decidir si les condena o no por el delito de delincuencia organizada.
Ese ilícito es sancionado con hasta 10 años de cárcel. Así lo establece el artículo 369 del Código Integral Penal.
Datos de la investigación
Según la fiscal general, Diana Salazar, los implicados conformaron una estructura delictiva para exigir a Nolimit, una empresa contratista de Petroecuador, sobornos a cambio de desvanecer glosas en la Contraloría, mantener contratos con Petroecuador y gestionar pagos pendientes.
Las investigaciones muestran que los miembros de esta supuesta organización criminal habrían pretendido beneficiarse con el 20% del pago de una factura de USD 20,3 millones que Petroecuador adeudaba a Nolimit. Es decir, USD 4,3 millones.
Las defensas de los procesados aseguran que sus clientes no solicitaron ni se beneficiaron de coimas.
En enero de este año, el juez Felipe Córdova llamó a juicio a 13 procesados. Sin embargo, está última etapa del proceso penal quedó suspendida para dos de los imputados, pues están prófugos. Se reanudará el juicio contra ellos cuando sean capturados o se presenten voluntariamente.
