Ocho mujeres y siete hombres fueron procesados por presunto secuestro en Quevedo. Foto: Fiscalía
La Fiscalía informó el martes 26 de noviembre del 2019 que 15 personas fueron procesadas por presunto secuestro en Los Ríos, en Ecuador. La mañana de este miércoles 27, la ministra de Gobierno, María Paula Romo, detalló que un operativo policial interceptó a un grupo de personas que trasladaba a una mujer comerciante y a su padre desde Quevedo hasta una comunidad de Cotopaxi para supuestamente someterlos a justicia indígena.
“Antes de ayer (lunes 25), muy temprano en la mañana, un grupo de personas de Cotopaxi, de la comunidad de la Maca (pertenece a la parroquia Poaló, del cantón Latacunga), se traslada hacia la provincia de Los Ríos a un lugar en donde una señora se encontraba en su lugar de ventas del mercado; aparentemente se acercan, le increpan supuestamente una deuda que ella tenía con alguno de los miembros de la comunidad, le increpan, algunas personas dicen haber sido testigos de violencia, de golpes, y la suben a una camioneta y dicen que vienen a llevársela a la comunidad de Cotopaxi, para ajusticiarla, para que pague una deuda. Sale el padre de esta señora en su auxilio y le suben también a la camioneta”, señaló la Ministra de Gobierno este miércoles 27 de noviembre del 2019.
“Las personas que ven este acontecimiento alrededor, en el mercado, en Quevedo, llaman a la Policía. La central de emergencias recibe un reporte en el que le dicen ‘están secuestrando a dos personas en un mercado’. La Policía cierra las vías del cantón, hace un operativo, intercepta dos camionetas. En una de ellas iban los secuestrados. Detiene a 32 personas, entre ellos cuatro menores de edad. Van a una audiencia de formulación de cargos, como tiene que ser, se ponen las personas a órdenes de la autoridad judicial, y en este momento hay 15 personas detenidas por este delito. Los menores fueron liberados. Las personas que estaban en la otra camioneta donde no se trasladaba a los secuestrados no se les pusieron cargos”, dijo María Paula Romo, en entrevista para la revista de opinión Democracia, en radio Exa.
El fiscal Wilson Viteri, presentó en audiencia de calificación de flagrancia y formulación de cargos, la denuncia de las víctimas, el acta de cadena de custodia de los vehículos, celulares y otros bienes incautados en la detención, así como la versión de los detenidos, aseguró la Fiscalía.
La jueza penal Nery Egas dictó prisión preventiva para 15 personas: ocho mujeres y siete hombres, presuntos autores de secuestro. La funcionaria judicial dispuso 30 días para la instrucción fiscal (investigación), por tratarse de un posible delito flagrante.
En Ecuador, el secuestro se tipifica como delito en el Código Orgánico Integral Penal (COIP): La persona que prive de la libertad, retenga, oculte, arrebate o traslade a lugar distinto a una o más personas, en contra de su voluntad, será sancionada con pena de prisión de 5 a 7 años (artículo 161).
“Si la persona que ejecuta la conducta sancionada en el artículo 161 de este Código tiene como propósito cometer otra infracción u obtener de la o las víctimas o de terceras personas dinero, bienes, títulos, documentos, beneficios, acciones u omisiones que produzcan efectos jurídicos o que alteren de cualquier manera sus derechos a cambio de su libertad, será sancionada con pena privativa de libertad de diez a trece años” (artículo 162).
Romo, en la entrevista radial, señaló que “en esta crisis de la que estamos recuperándonos, de la que el país va saliendo, debemos tener mucho cuidado que no se tergiversen los conceptos; por ejemplo, el concepto de Estado plurinacional, el concepto de justicia indígena, el concepto de Estado de Derecho, el concepto de fiscalización, la idea de rendir cuentas”.
“Pero mire usted cómo se distorsiona un concepto, que era un concepto y que tiene que ser un concepto muy interesante. La justicia indígena, por ejemplo, es un mecanismo de solución de conflictos internos en las comunidades, un mecanismo que prevé soluciones rápidas de los conflictos, un mecanismo que prevé reconciliación dentro de una comunidad. Cómo puede distorsionarse tanto una idea para que 32 personas se movilicen a otra provincia. Creo que más allá de si es el dirigente A, el dirigente B, el dirigente C lo que necesitamos es una discusión muy seria sobre cuáles son los conceptos que estamos manejando, que no se pueden convertir en pretextos para el debate político”, dijo Romo.