Un equipo de médicos y voluntarios trabajan en la toma de pruebas rápidas en Atacames a grupos vulnerables. Foto: Fundación Raíz
La fundación Raíz y su programa Caemba aplica pruebas rápidas a los habitantes del cantón Atacames, en el sur de la provincia de Esmeraldas.
En este cantón, los casos de coronavirus aumentaron desde que pasó al semáforo amarillo, el 12 de julio del 2020. La mayoría de los contagios está en Tonchigüe.
La detección de los casos se realiza desde hace un mes con la aplicación de las primeras 1 100 pruebas rápidas a los grupos que están en mayor contacto con la población.
El testeo se efectúa cada semana a tricicleros, comerciantes, cebicheros y la población más vulnerable ubicada en los barrios populares de Atacames, Tonsupa, Súa y Tonchigüe.
De este primer grupo, 200 dieron positivo para covid-19. Los casos sospechosos fueron puestos en cuarentena.
La proyección es aplicar un total de 2 500 pruebas rápidas para garantizar el estado de salud de las personas que tendrán que atender a los turistas una vez que la playa de Atacames sea reabierta el próximo 5 de agosto.
En el testeo participa un equipo médico integrado por seis profesionales, que laboran en el Ministerio de Salud Pública, y los voluntarios de la Fundación Raíz.
En Atacames, los médicos salen a buscar a los contagiados y les informan sobre las medidas de prevención.
Además, se han conformado grupos de la comunidad, por manzanas, para ayudar a vigilar la situación en los barrios más pobres como Nueva Esperanza (Atacames).
Los sospechosos son valorados en la Centro Covid de Atacames, equipado con camas, oxígeno y un nuevo laboratorio clínico.
El representante de la organización, Manuel Pallares, comentó que en Atacames se trabaja de manera técnica para contener la pandemia y que el cantón pueda empezar a reactivarse económicamente.
Una de las primeras tareas realizadas por su organización fue la entrega de raciones de alimentos para ayudar a la gente más pobre a que se quede en casa. “En este proceso la Fundación Raíz ha invertido más de USD 100 000”, según Pallares.
El trabajo de este primer mes ha servido para levantar una base de datos de personas vulnerables por pobreza y condiciones de salud. La base se actualiza semanalmente.
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