21 de octubre de 2020 12:51

Proyecto del Tribunal de Cuentas genera discusión entre contralor Pablo Celi y varios asambleístas

Celi replicó que el proyecto busca corregir las falencias en la administración administrativa e incluso en los tiempos jurídicos dentro de la Contraloría.

Celi dijo que el proyecto busca corregir las falencias en la administración administrativa e incluso en los tiempos jurídicos dentro de la Contraloría. Foto: Twitter / Asamblea Nacional

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Roger Velez
Redactor (I)

Entre los integrantes de la Comisión de Justicia de la Asamblea se evidenciaron dudas sobre la constitucionalidad del proyecto del Tribunal de Cuentas. El contralor, Pablo Celi, les presentó hoy, miércoles 21 de octubre de 2020, el alcance de esta iniciativa.

Henry Cucalón (PSC), Franklin Samaniego (RC), Héctor Muñoz (exSuma) y Rosa Orellana (AP) plantearon a Celi que se profundice el debate para que este proyecto, que apunta a transformar a la Contraloría en un Tribunal de Cuentas, se apegue a la norma suprema.

Muñoz y Samaniego manifestaron que se deberá requerir informes sobre la constitucionalidad de la propuesta y hasta una acción de interpretación de la Corte Constitucional.

“El proyecto de ley, sin perjuicio de muchos aspectos positivos, a mí me preocupa porque puede tener vicios de inconstitucionalidad. La Contraloría es un órgano regulado en el rango de la Carta Magna, así como la elección de su máximo y primer personero”, dijo Cucalón.

Celi replicó que el proyecto busca corregir las falencias en la acción administrativa e incluso en los tiempos jurídicos dentro de la Contraloría.


Sostuvo que no se pretende un cambio de funciones para este organismo. “En ningún artículo de la Constitución se dice que lo dirige un individuo, se dice siempre que lo dirige un organismo técnico”, argumentó.

Celi se mostró dispuesto, incluso, a que la Contraloría mantenga su denominación para que el debate se centre en la organización de su estructura interna.

“Por eso creo que, manteniendo incluso el nombre, no hay ninguna predisposición a un cambio de nombre, la Contraloría podría ser organizada como un Tribunal de Cuentas”, insistió.

Orellana y el asambleísta Carlos Ortega, quien reemplaza a Ximena Peña, centraron sus dudas en el número de integrantes (7) para el Tribunal: 2 designados por la Asamblea Nacional, 1 por el Presidente de la República, 2 por la ciudadanía, escogidos por concurso público de méritos y oposición y 2 funcionarios de carrera.

“Es un número que garantiza un organismo colegiado, proponemos siete porque proponemos dos salas de tres miembros; por lo tanto, para mantener la posibilidad decisional en el Pleno tendría que haber un miembro más que no sea miembro de la Sala. Por eso es que no pueden ser cinco porque no podrían haber salas de dos”, respondió Celi.

Cucalón puntualizó que el “atraso” en la discusión de este tema no puede ser imputado al Parlamento, porque el proyecto llegó el 18 de agosto pasado, más de dos años después de que empezó a ser ideado por el Consejo de Participación Transitorio.

Para el debate, la Comisión anunció que convocará a varias autoridades y expertos de países de América Latina y Europa que cuentan con tribunales de Cuentas.

Documento del proyecto de Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas del Estado:

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