Las protestas organizadas a nivel nacional tuvieron su epicentro en Caracas. Foto: EFE
La jornada de protesta organizada el sábado 8 de abril del 2017 por la oposición venezolana para exigir elecciones y denunciar el autogolpe por parte del presidente venezolano, Nicolás Maduro, dejó un saldo temporal de 51 detenidos y decenas de heridos tras los choques entre los manifestantes y la policía.
Las protestas organizadas a nivel nacional tuvieron su epicentro en Caracas, donde los opositores intentaron marchar hasta la sede de la Defensoría del Pueblo, pero el amplio dispositivo policial desplegado por el Gobierno se encargó de dispersar la marcha con perdigones y gases lacrimógenos, lo que diolugar a horas de escaramuzas.
El abogado y activista de derechos humanos Alfredo Romero indicó que”hoy se produjeron 51 arrestos por protestas en Venezuela“, mientras que desde el inicio de las manifestaciones el 4 de abril se habrían producido “164 arrestos, (de los cuales) se mantienen 74 detenidos”.
Adicionalmente, se reportaron decenas de heridos por los perdigones usados por los policías y miles de afectados por los gases lacrimógenos, incluyendo muchos vecinos que no participaban en las protestas.
La jornada tuvo otro sobresalto cuando en horas de la tarde el comando de campaña del excandidato presidencial y gobernador del estado de Miranda (centro), Henrique Capriles Radonski, sufrió un ataque por un artefacto que causó el incendio de las instalaciones. “Urgente!!! Fuimos atacados con bombas dentro del edificio! En este momento actúa Bomberos! ¿Cuál es la orden, Maduro? ¿Matarnos? Si algo pasa ya saben quién es el responsable y saben lo que tienen que hacer!”, alertó a través de Twitter.
Capriles informó el viernes que fue inhabilitado por 15 años por la Contraloría, que lo acusa de los ilícitos de “no presentar el presupuesto local ante el Consejo Legislativo, pactar convenios internacionales sin autorización para ello y firmar contratos por la Gobernación de Miranda con empresas sin cumplir con las normas”.
Por otro lado, manifestantes enmascarados presuntamente vinculados a la oposición causaron destrozos al edificio de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura (DEM) sin dejar heridos, aunque el ministro del Interior, Nestor Reverol, denunció que “grupos fascinerosos” habrían cometido “estos actos vandálicos propios de terroristas”.
La actual crisis venezolana se originó hace dos semanas, cuando el TSJ emitió dos sentencias que reducían las competencias legislativas y el fuero parlamentario de la Asamblea Nacional (congreso), que cuenta con una amplia mayoría opositora. Esta sentencia fue criticada por numerosas organizaciones de derechos humanos y la comunidad internacional, por considerar que vulneraba el orden democrático.
Posteriormente, el TSJ decidió dar marcha atrás con los puntos más polémicos de las sentencias. Sin embargo, los opositores desestimaron esta rectificación y denuncian que desde la instalación de este periodo parlamentario en enero de 2015, el TSJ ha emitido decenas de sentencias que han anulado casi todos los actos y leyes aprobados por el Parlamento.
Los opositores aseguran que la anulación en los hechos del Parlamento, sumada a la represión de las protestas, las inhabilitaciones políticas y la detención de numerosos disidentes, formarían parte del “autogolpe continuado” con el que Maduro buscaría implementar una dictadura en Venezuela.
La oposición mantiene cuatro exigencias para levantar las protestas: que se restituyan las competencias que le fueron sustraídas al Poder Legislativo mediante sentencias judiciales, que el Gobierno permita la llegada de ayuda humanitaria a Venezuela, que se liberen a los llamados “presos políticos” opositores y se establezca un cronograma electoral que incluya las elecciones presidenciales. Sin embargo, el Gobierno denuncia que las protestas forman parte de un plan golpista y ha descartado ceder a cualquiera de las demandas de la oposición, que ya anunció que retomará las protestas el lunes.