30 de julio de 2020 17:39

Justicia de paz en Colombia ordena proteger a excombatientes de las FARC tras 222 asesinatos

Imagen referencial. Militares del Ejército de Colombia destruyeron dos drones cargados de explosivos de la disidencia de las FARC. Foto: Twitter Ejército Nacional de Colombia

Imagen referencial. La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) dictó medidas cautelares colectivas a favor de los excombatientes de las FARC. Foto: Twitter Ejército Nacional de Colombia

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Agencia AFP

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La justicia encargada de conocer los crímenes atroces del conflicto armado en Colombia ordenó este jueves 30 de julio del 2020 al gobierno garantizar la “seguridad y vida” de los exguerrilleros de las FARC que rinden cuentas, ante el asesinato de 222 de ellos desde la firma de la paz en 2016.

En un comunicado, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) anunció que dictó “medidas cautelares colectivas” a favor de los excombatientes en medio de una ola de ataques contra los antiguos rebeldes.

“Pese a las labores realizadas por diversas autoridades públicas, persiste una grave situación de vulneración a sus derechos fundamentales”, justificó el organismo creado a partir de los acuerdos que terminaron con un levantamiento armado de casi seis décadas.

La JEP dio cuenta de “más de 200” exguerrilleros asesinados desde su desarme, en consonancia con lo también denunciado por Naciones Unidas, que vigila el cumplimiento de lo pactado en La Habana.

Según la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), el partido de izquierda que surgió de los compromisos de paz, ya van 222 exmiembros de la insurgencia muertos en esta espiral de violencia.

La JEP dijo que “evaluó en dos audiencias la grave condición de seguridad” que rodea a la exguerrilla, y aludió al reciente caso de 93 de sus integrantes que fueron forzados a dejar el área donde desarrollaban su proceso de reincorporación social y económica.

La FARC denunció que se trató de un “desplazamiento forzado” por los crímenes y amenazas contra sus excombatientes.

En opinión de los jueces de paz, la seguridad de esas personas es “fundamental” para salvaguardar “los derechos de las víctimas a conocer la verdad sobre lo sucedido en el conflicto ” .

Los responsables de la exguerrilla, como los militares acogidos a la JEP, podrán aspirar a penas alternativas a prisión si dicen la verdad, reparan a los afectados y se comprometen a nunca más ejercer la violencia.

El acuerdo de paz permitió la desmovilización de unos 13 000 hombres y mujeres de la guerrilla marxista, 7 000 combatientes que depusieron las armas.

El enfrentamiento interno en Colombia deja más de nueve millones de víctimas, la mayoría desplazados, además de muertos y desaparecidos, según el registro oficial de víctimas.

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