3 de julio de 2019 00:00

Ocho procesos informáticos del CNE se encuentran dispersos

Enrique Mafla (centro) es el encargado de coordinar la migración hacia el sistema integrado de información electoral.

Enrique Mafla (centro) es el encargado de coordinar la migración hacia el sistema integrado de información electoral. Foto: API para EL COMERCIO

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Daniel Romero
Redactor (I)

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El desarrollo de un proceso electoral en el Ecuador implica la coordinación de ocho sistemas informáticos, por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE). El problema central es que estos no están integrados en uno solo.

El resultado final de una elección, según Enrique Mafla, nuevo Coordinador Nacional

de Seguridad Informática del CNE, depende del Sistema de Transmisión y Publicación de Resultados (STPR), del registro de organizaciones políticas, de la fiscalización, del registro electoral, de cambios de domicilio, de consultas del lugar de votación, de los miembros de juntas receptoras del voto y de promoción electoral.

Luego de que el proceso electoral del 24 de marzo del 2019 concluyera la semana pasada, el CNE quiere un cambio estructural en la gestión de estos sistemas informáticos.

Mafla explicó que hay que cubrir el proceso de principio a fin, es decir es necesario un sistema integrado de información electoral.

“Lo que existe ahora son sistemas aislados, inconsistentes entre sí. Hay varias bases de datos y en ese escenario es difícil ejercer un control”.

Diana Atamaint, presidenta del CNE, señaló que las últimas elecciones evidenciaron problemas con el actual sistema, que no ha sido mejorado desde hace 10 años.

Mafla fue parte de la Comisión Técnica que evaluó el sistema de transmisión de los resultados de las elecciones seccionales y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de marzo pasado.

Como parte de esa labor presentó un informe, en el que detalló los problemas que se evidenciaron durante los comicios. Entre otros, se encontró que los inconvenientes se originaron por una falta de planificación de capacidad del centro de datos alterno.

También se realizó una prueba de carga que sobrepasó la capacidad de procesamiento de firewall (dispositivo de seguridad que permite monitorear el tráfico de red), que produjo la suspensión del proceso de replicación de la base de datos. Además, se detectó que el balanceador de la CNT -proveedora de la conexión a Internet- no disponía de la capacidad de procesamiento necesaria para implementar los tres servicios contratados.

Esto afectó a todos los enlaces de comunicación, en particular al de servicios de replicación y publicación de resultados. Según el informe de Mafla, expuesto por el consejero del CNE, Luis Verdesoto, en su comparecencia ante la Comisión de Participación Ciudadana del Legislativo, la respuesta ante los incidentes no siguió los protocolos de actuación formales, previamente definidos y aprobados.

Enrique Pita, vicepresidente del CNE, y Verdesoto presentaron ayer un informe sobre supuestas irregularidades que se produjeron durante los últimos comicios.

Uno de los problemas, dijo Pita, fue la debilidad de Sistema Informático de Transmisión de Resultados (STPR). Dicho sistema no controló que el número de sufragantes en las diferentes actas sea igual en una misma junta receptora del voto. Esto, según Pita, es el origen de las inconsistencias electorales detectadas.

En el informe también se revela que el STPR no guarda registros de auditoría de los usuarios que cambian el estado de un acta de escrutinio de “acta en proceso de digitación o control de calidad a “acta con inconsistencia”. A decir de Pita, esta debilidad no permite conocer cuántas actas fueron cambiadas de estado por un usuario determinado.

Por otra parte, ambos consejeros denunciaron que de las 3 188 actas recontadas en la Delegación del Guayas, 2 480 no cuentan con firmas de delegados de las organizaciones políticas. “Las organizaciones políticas no participaron en el escrutinio del 78% de actas.

No hubo problemas solo en las últimas elecciones. En el borrador del examen especial que lleva adelante la Contraloría General del Estado al sistema informático del CNE, se menciona que para el procesamiento de información del registro electoral en las elecciones generales y consulta popular del 2017 no hubo una herramienta automatizada.

La consecuencia de esto fue que en ambos procesos se incluyó a personas fallecidas, extranjeras o que no cumplieron con los años de residencia en el país y personas privadas de la libertad, con y sin sentencia ejecutoriada, y ciudadanos mayores a los 100 años de edad.

También se establece en el borrador que no existieron controles de validación en el Sistema de Transmisión y Publicación de Resultados (STPR) de los votos, ocasionando que no se contabilizaran votos o que estos se asignen sin justificación a los resultados finales de los procesos electorales del 2017 y 2018.

Este proceso empezará con una fase de diagnóstico. El objetivo es identificar las necesidades urgentes para implementar los cambios de cara a las elecciones presidenciales que se realizarán en el 2021. Aún no se define un presupuesto para este cambio.

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