Los abogados, Pablo Guerrero (izquierda) y su hermano José Luis regresaron al país, tras siete años del 30S. Foto: Patricio Terán / EL COMERCIO
Los abogados Pablo Guerrero y a su hermano José Luis sienten que el Estado les ha “robado” siete años de sus vidas. El 30 de septiembre del 2010 (30-S), ambos tenían un estudio jurídico.
Hoy, siete años después, los hermanos Guerrero se describen como perseguidos políticos del gobierno de Rafael Correa. Ya no poseen el despacho de abogados, pero intentan retomar la vida que dejaron en el 2010, cuando tuvieron que viajar a República Checa, en donde recibieron el estatus de asilados políticos.
Ellos fueron procesados por supuesto sabotaje y terrorismo. La Fiscalía los acusó de los daños causados al canal Ecuador TV, durante la revuelta policial del 30-S.
Su caso es solo uno los 74 juicios que la Fiscalía abrió tras la protesta. Según el último informe de esta entidad, difundido en febrero pasado, 298 personas fueron procesadas en el país por delitos contra la seguridad del Estado: intento de asesinato y secuestro del Presidente; homicidio, rebelión, sabotaje, etc. 222 ciudadanos fueron hallados culpables y sentenciados. Mientras que a 76 se les reconoció la inocencia.
Entre los inocentes está César Carrión, ahora asambleísta de Creo. En su despacho guarda las copias de su proceso judicial. Él recuerda que estuvo siete meses preso en una cárcel que era para las personas sentencias. Fue acusado por intento de asesinato del Presidente. Carrión fue director del Hospital de la Policía en donde, Correa recibió atención médica, ese día.
“En mi caso, se incluyeron dos testimonios falsos. Uno dijo que yo había ordenado que le den cianuro al Presidente. Era mentira”.
Ahora, Carrión espera que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos acepte su demanda y el Estado responda por “las violaciones”.
El policía Arturo López fue sentenciado a un año de cárcel por sublevación. Solo recuerda que en su caso, había jueces que se excusaban y que por eso el juicio se alargó más de tres años. Él fue indultado en mayo del 2017.
Pablo Guerrero y su hermano José Luis nunca fueron declarados culpables. Su juicio prescribió.
Ahora, Pablo, quien retornó al país el pasado domingo 24 de septiembre, dice que va a demandar al Estado por todas las “arbitrariedades”.
“Como yo sabía que no iba a tener un juicio justo, me fui”. Él recuerda, sobre todo, un momento en el 2013, cuando ya se encontraba en República Checa. “Intentaron extraditarme de forma fraudulenta. Por eso, la Interpol le haló las orejas a la Policía de Ecuador y le dijo que no puede usar ese canal con fines de persecución política”.
Se refiere a un documento, que es parte del expediente, en donde consta que el Ecuador incluyó a los hermanos Guerrero entre los más buscados internacionalmente por terrorismo. La alerta fue recogida por la Policía checa, pero la justicia de ese país negó su extradición.
En cambio, José Luis dice que en su caso se violó su derecho a defenderse.
Sostiene que fue vinculado al proceso cuando ya se había cerrado la etapa de instrucción, que es la fase legal permitida. Por eso el también demandará internacionalmente al Estado ecuatoriano.