La audiencia de flagrancia se realizó el miércoles 28 de enero del 2020. Foto: Captura Fiscalía
El juez de Garantías Penales, Ricardo Barrera, dictó prisión preventiva contra Ángel Israel R. S., de 31 años, por el delito de secuestro extorsivo cometido en contra de su expareja a la que habría también violado y agredido físicamente en el interior de su vivienda, ubicada en el norte de Guayaquil. La víctima se había separado del hombre meses atrás por maltratos.
La Fiscalía informó en un comunicado el 29 de enero del 2020, que la mujer de 24 años estuvo retenida en contra de su voluntad por cuatro días, tiempo en el cual fue ultrajada por el procesado.
Según las investigaciones del fiscal que lleva el caso, Gregorio López, el pasado 24 de enero del 2020, “Ángel Israel R. S. secuestró a su expareja, llevándola desde su domicilio y manteniéndola encerrada en su vivienda, donde procedió a agredirla físicamente. Además de ponerle electricidad en sus partes íntimas para finalmente violentarla sexualmente, señaló el Ministerio Público.
La víctima logró enviar un mensaje de texto a una amiga, quien se contactó con autoridades judiciales y policiales e informó de la situación.
En un operativo conjunto, entre la Fiscalía, Policía Judicial y la Unidad Antisecuestros y Extorsión (Unase), ubicaron la vivienda de Ángel Israel R. S. y rescataron a la jven, la noche del martes 28 de enero. El hombre fue detenido y puesto a órdenes de las autoridades competentes.
En la audiencia de flagrancia, realizada este miércoles 29 de enero en la Unidad Judicial Cuartel Modelo, el fiscal López solicitó la prisión preventiva para el procesado, con base en los elementos de convicción presentados, entre ellos, la versión rendida por la víctima, la denuncia presentada por sus familiares, el parte de aprehensión levantado por efectivos policiales y los exámenes médicos practicados a la víctima.
El Juez acogió los pedidos de Fiscalía, dictó la prisión preventiva y dispuso de 30 días para el cierre de la instrucción fiscal. Además emitió medidas de protección para la víctima, como prohibición de actos de persecución e intimidación de parte del victimario y la extensión de boletas de auxilio a favor de ella y su núcleo familiar.
La Fiscalía procesa este caso con base en lo dispuesto en el artículo 162, numeral 10, del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que sanciona el secuestro extorsivo con privación de libertad de 10 a 13 años.