2 de diciembre de 2020 13:12

Tres prefecturas del Austro rechazan recorte presupuestario

En sesión, la Cámara Provincial de Azuay rechazó y emitió un manifiesto de rechazo a la reducción presupuestaria. Foto: Cortesía Prefectura de Azuay.

En sesión, la Cámara Provincial de Azuay rechazó y emitió un manifiesto de rechazo a la reducción presupuestaria. Foto: Cortesía Prefectura de Azuay.

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Lineida Castillo

Alrededor de USD 28 millones, que representan entre un 23% y 33% de sus presupuestos, dejarían de recibir las provincias de Azuay, Cañar y Loja, en el sur del país, con el recorte presupuestario establecido por el Gobierno nacional.

La Cámara Provincial de Azuay presentó un manifiesto en contra de dicha medida. La prefecta, Cecilia Méndez, lo calificó como un “acto indebido” y llamó a los gobiernos autónomos a trabajar de forma mancomunada para que no se concrete el ajuste.

Para Méndez, el recorte complica las finanzas de las prefecturas, municipios y juntas parroquiales porque incidirá sobre la gestión y cumplimiento de las competencias. “No hemos parado de trabajar pese a la pandemia del covid-19 y a la crisis económica”.

El prefecto de Cañar, Byron Pacheco, dijo que con el recorte de USD 9 millones a la institución que dirige, estaría a punto de cerrar las puertas porque no tendría ni para pagar a los empleados y trabajadores. “Desde mayo no recibimos los recursos del Modelo de Equidad Territorial”.

Aparte, el Gobierno les adeuda USD 24 por las acciones de las empresas eléctricas, devolución del IVA, competencia de riego y el Modelo de Equidad Territorial (MET). Parar cubrir los sueldos de los empleados y trabajadores recortó el presupuesto de inversión en obras.

“Que nos disminuyan los recursos significa no entregar riego, no mejorar las vías ni impulsar el desarrollo productivo en la zona rural y acabar con las economías de los agricultores”, explica Pacheco.

El caso de Loja es similar. El Gobierno tiene obligaciones pendientes con la Prefectura por USD 15,6 millones correspondientes al MET desde agosto, devolución del IVA, y riego y drenaje desde el 2018. “Tenemos problemas financieros graves”, dijo el prefecto Rafael Dávila.

Por ejemplo, mencionó que los empleados y trabajadores están impagos el mes de noviembre, no están ejecutando obras de riego, hay obras viales paralizadas como la Villonaco-Taquil y Tenta-Celén, y la Prefectura mantiene deudas importantes con los contratistas.

Por esta situación, el prefecto Pacheco propuso al Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador (Congope) realizar plantones –con la presencia de sus funcionarios- en los exteriores de las gobernaciones.

“Vivimos una situación sanitaria compleja por el covid-19, pero nos están empujando a tomar medidas radicales”, dijo Pacheco. Mientras tanto, Dávila espera que hoy se establezcan mesas diálogo con el Gobierno y que se deroguen los acuerdos ministeriales sobre las reducciones.

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