Vivian Idrovo: 'No hay verdad, justicia ni reparación a las víctimas'
Vivian Idrovo tiene 46 años y es coordinadora de la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos. Abogada y con maestría en DDHH. Foto: Vicente Costales / El Comercio
Hoy 24 de marzo es el Día Internacional del Derecho a la Verdad en relación con las violaciones a los DD.HH. y de la dignidad de las Víctimas. Como Alianza por los DD.HH ¿qué celebran?
Es una fecha de conmemoración, de reflexión y de reafirmación de que la lucha sigue por exigir justicia sobre las graves violaciones de los derechos de las personas, del territorio y de la naturaleza.
¿Cómo está el Ecuador en estos temas?
En deuda. El paro de octubre del 2019 nos unió a 18 organizaciones en la Alianza por los DD.HH. para dar respuesta a la sociedad civil. Desde entonces hemos presentado tres informes sobre violaciones que concluyen en lo mismo: no hay verdad, justicia ni reparación a las víctimas. Un Estado que no reconoce su responsabilidad sobre los hechos que configuran en graves violaciones, no los investiga y que criminaliza a líderes indígenas y sociales.
¿En octubre se desbordó la violencia y hubo fuerza excesiva, detenciones y muertes?
En principio nosotros identificamos 450 casos de violaciones de DD.HH., pero la Fiscalía General abrió procesos contra 819 personas y según la Defensoría del Pueblo fueron 1 500 detenciones arbitrarias, 1300 heridos y fallecidos en el contexto de las manifestaciones entre ellos Gabriel Angulo, Edison Mosquera, Inocencio Tucumbi y Daniel Chiluisa.
Hubo destrozos en las ciudades principales. ¿Qué omitió el Estado?
No cumplió con las tres obligaciones principales en relación a los DD.HH.: respeto, protección y atención. No ordenar atentar contra la vida de las personas a través de la fuerza pública. Proteger cuando existan violaciones y eso significa que tiene que investigar y sancionar; y atender a las personas cuando el derecho no puede ser garantizado, como por ejemplo la atención médica. No hay ninguna sentencia ni llamamiento a juicio contra las personas involucradas por parte del Estado.
¿Qué dice el informe de seguimiento?
Encontramos impunidad en relación con los casos. De los 819 procesos abiertos solo 44 estaban orientados a investigar a funcionarios y funcionarias del Estado, y no se compadece con las cifras de detenciones arbitrarias, agresiones, heridos de gravedad y fallecidos. No lo decimos nosotros como Alianza, sino también la Defensoría del Pueblo, la Comisión Interamericana de DD.HH., Asamblea Nacional y la sociedad civil. En la conflictividad social y posterior a ello el Estado no cumplió con sus obligaciones que son la verdad, la justicia y la reparación.
¿Cuál ha sido el papel de la Policía en las investigaciones?
Tenemoscasos emblemáticos como del adolescente guayaquileño, Gabriel Angulo, quien murió por el impacto de una bomba lacrimógena en el pecho. Las investigaciones no avanzan por falta de información y de voluntad política. La Policía no proporciona información adecuada.
¿A parte del paro de octubre tienen más casos de violaciones de derechos?
Sí, están relacionados con líderes sociales e indígenas defensores de los DDHH, de sus territorios y de la naturaleza que fueron criminalizados y encarcelados. 22 casos emblemáticos, 18 de ellos ocurrieron por temas de extractivismo minero.
¿Para ellos ustedes pidieron la amnistía a la Asamblea Nacional?
La Asamblea tramitó 268 amnistías, de las cuales como Alianza presentamos 153. El Legislativo solo cumplió con la demanda de justicia por graves violaciones de derechos, que no cumplieron otras instituciones. Necesitamos no solo que se conceda amnistías, sino que las instituciones del Estado articulen políticas públicas de protección a los defensores habida cuenta de los compromisos internacionales.
¿En un mensaje el presidente, Guillermo Lasso, respaldó a la fuerza pública y rechazó las amnistías?
El Presidente de la República olvidó las responsabilidades del Estado frente a las graves violaciones de DD.HH. No hay investigación de los asaltos a los territorios de paz (universidades o sitios de descanso de los manifestantes). Las acciones de la Asamblea se enmarcan en los análisis de poder, Estado y democracia. Es procedente una amnistía que busca un restablecimiento del equilibrio de la paz social frente a las injusticias.
¿Aún tienen personas criminalizadas detenidas, pedirán nuevas amnistías?
Cada vez ocurren nuevas detenciones en las protestas por la defensa de los territorios. Nos duele el caso del campesino Víctor Guayllas, detenido en el 2019 en la parroquia cuencana de Molleturo, procesado y sentenciado a cinco años por sabotaje. Apelamos la sentencia y presentamos la solicitud de amnistía en septiembre del 2021. Estuvo prevista la audiencia para enero, pero fue asesinado en una de las masacres de la Penitenciaría del Litoral. La amnistía pudo significar que vuelva con su familia, pero esta figura llegó muy tarde.
¿Eso qué significa?
Las víctimas de violación de DD.HH. necesitan que el Estado articule todos los mecanismos para que se sepa la verdad de los hechos y eso está ligado a la reparación y a las garantías de la no repetición. A más de la inocencia por el delito de sabotaje, el caso de Guayllas requiere investigar a fondo quiénes lo asesinaron, por qué, cómo y la responsabilidad del Estado que es el encargado de velar por la vida.
¿Cómo conseguir la verdad y la reparación?
Seguimos luchando por eso. Incluso cuando se gana los procesos no se articulan las medidas de cumplimiento. Eso nos pasa con las nueve niñas de la Amazonía que interpusieron una demanda al Estado para que apaguen los mecheros de las estaciones petroleras porque les afecta a la salud. El derrame de petróleo del 7 de abril de 2020, mayor que el reciente ocurrido en Perú, donde las comunidades siguen afectadas tampoco se ha articulado las medidas integrales de reparación a las personas ni de restauración a la naturaleza.
¿Es difícil que el Estado reconozca las violaciones?
Cuando ocurre violación de DDHH y está involucrado el Estado es un proceso largo donde no queda más que seguir insistiendo por todas las instancias que tenemos para que se cumpla con sus obligaciones. Es lo que queda. Vamos a seguir exigiendo que cumpla con sus obligaciones, que se abstenga de irrespetarlos, de utilizar los agentes para violar derechos. Exigir que cuando ocurren estas graves violaciones se llegue a la verdad y las víctimas puedan tener reparación integral.