El Ministerio de Relaciones Laborales tendrá nuevas y amplias funciones si se aprueba el veto presidencial a la Ley de Servicio Público. La más importante: articular las labores de entidades de control.
En este sector se incluye a la Contraloría General del Estado. Este organismo es parte de la Función de Transparencia, creada por la Constitución, y su misión es velar por el buen uso de los fondos de toda el área pública.
Por ese motivo, cuenta con una ley especial para blindar sus actividades de las entidades a las cuales audita. Sin embargo, con la objeción a la Ley de Servicio Público esa facultad pudiera ser afectada.
Ese peligro puso en alerta a sus empleados, quienes organizaron reuniones y discusiones para hablar del veto. Este gremio no participará en la movilización de los trabajadores públicos prevista para hoy, pero estará atento a la decisión que tome la Asamblea sobre el veto del Jefe de Estado.
En el texto propuesto por el Ejecutivo se establece que el Ministerio de Trabajo deberá regular todas las instituciones públicas, excepto las relacionadas con el Poder Judicial. Es decir, el Ministerio deberá estar pendiente de las finanzas, viáticos de los empleados, relaciones laborales, entre otros, de las entidades.
“Será un superministerio que controlará todo, incluso fuera de lo que establece la Constitución”, esa es la idea que comparten Miguel García (presidente de los servidores públicos) y Nívea Vélez (presidenta de la mesa de Asuntos Labores de la Asamblea).
La legisladora alertó sobre la pérdida de autonomía para la Contraloría, la Procuraduría, el Ministerio de Relaciones Exteriores (ver nota compartida). Aseguró que este fue uno de los errores que detectó la Comisión, la cual dispuso que se rechacen 36 artículos del veto de Correa.
Esa intención no tuvo respaldo en el bloque de Alianza País, quien más bien se irá por la tesis del Ejecutivo. Esta bancada es fundamental para el futuro de cualquier ley, pues cuenta con 56 votos, el 88% de los necesarios para aprobar una norma.
César Rodríguez, coordinador del bloque de Alianza País, confirmó que la intención es mantener este veto, tal y como lo envió el Primer Mandatario. Es decir, que el Ministerio de Trabajo tenga injerencia en las entidades de control, como la Contraloría.
En la Contraloría quieren esperar a que los legisladores del oficialismo y de la oposición tengan una definición sobre el veto. Por eso no se ha pronunciado Carlos Pólit. Pedro Moreno, presidente de los trabajadores de la entidad, aseveró que siguen con atención las decisiones de la Asamblea.
“Defendemos la autonomía y la independencia. El contralor no puede ser controlado por las entidades que debe auditar (…) Esta es una regla que rige en el mundo y no solo en el Ecuador”, sostuvo.
Moreno dice que se debe esperar hasta el debate del texto. Cree que los 108 votos que consiguió la norma para ser aprobada pudieran pesar en el momento de tomar una decisión. Pero, eso parece complicado en caso de que Alianza País no cambie de idea.
La Presidencia de la Asamblea todavía no ha fijado una fecha para que se discuta la objeción presidencial. Este momento, el documento está en el Consejo Administrativo de la Legislatura (CAL).
Según la Ley Orgánica, los legisladores tiene un plazo de 30 días para votar por el veto presidencial. Este límite se cumplirá el próximo 4 de octubre.
Diplomáticos salen a las calles
Redacción Política
Los funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores participan hoy en las protestas en contra de la objeción parcial que emitió el Ejecutivo a la Ley de Servicio Público.
Este sector se unirá a los otros cientos de servidores públicos que reclaman por las modificaciones efectuadas a la ley, aprobada por el Pleno de la Asamblea con 108 votos a favor.
Según el personal de la Cancillería, con el veto presidencial, se separó a los funcionarios de carrera del Servicio Exterior de aquellos que son exclusivamente diplomáticos. Es decir, que estos funcionarios que antes estaban amparados en la Ley Orgánica del Servicio Exterior (LOSE) pasarán, en adelante, a formar parte del sector público.
La LOSE quedará únicamente para los diplomáticos.
La Asociación de Funcionarios y Empleados del Servicio Exterior (Afese) señala que esta modificación “causaría un desajuste en la escala salarial, profesionalización y promociones”. Pues en la LOSE están determinados ese tipo de aspectos administrativos.
Además, en la nueva Ley de Servicio Público se establece que todos los funcionarios deberán sujetarse a las disposiciones del Ministerio de Relaciones Laborales, lo que a criterio de los diplomáticos causará la pérdida de la independencia administrativa, pues parte de sus servidores deberán responder ante lo que señale esa cartera de Estado.
El embajador Rodrigo Yepes, presidente de Afese, considera que esta nueva normativa causará caos y confusión en la Cancillería, pues sobre ella operarán tres leyes: Servicio Público, la LOSE y Servicio Civil y Carrera Administrativa. “Las autoridades podrán aplicar cualquiera de las leyes según su criterio”.
Por ello, los funcionarios de este Ministerio resolvieron unirse a la protesta que se realiza hoy en Quito. Aspiran a que los legisladores no se allanen al veto del Ejecutivo, sino que insistan en el texto original.
Sin embargo, el secretario jurídico de la Presidencia, Alexis Mera, aseguró la semana pasada, que el Gobierno no negociará y no se reformará a futuro la ley.
La Afese se reunió el martes pasado para analizar punto por punto la objeción parcial del Gobierno. Aquí se establecieron qué artículos del proyecto legal afectarán directamente a los funcionarios de carrera de la Cancillería. Está previsto que hoy acudan a la Asamblea
El personal diplomático, a pesar de que no es afectado por los cambios, se unirá a la protesta.
